Pocos minutos después de que abriera el Centro de Justicia, a las 8 de la mañana, llegó hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el exdiputado Joaquín Lavín León (ex UDI).

Una hora y media después la Fiscalía Metropolitana Oriente comenzó la formalización de la exautoridad, a la que imputan delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencia y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

La audiencia, que está siendo encabezada por el juez Daniel Urrutia, comenzó con unos minutos de retraso, luego de que uno de los imputados, Felipe Vásquez -exasesor de Lavín-, no se presentara a la formalización porque está en España. Aquello derivó en que la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, solicitara una orden de extradición en su contra dado que al exfuncionario se le considera uno de los protagonistas de una trama por presuntos hechos de corrupción.

Posterior a eso, fue la propia fiscal Encina quien comenzó a detallar uno a uno los hechos por los cuales se formalizó a quien fuera diputado de la UDI durante tres periodos.

Así, durante la primera jornada de este lunes, la fiscal sólo alcanzó a comunicar los cargos, por lo que este martes el Ministerio Público solicitaría las medidas cautelares, para posteriormente dar paso a que la defensa se refiera a dicho requerimiento. Por lo mismo, la audiencia de formalización podría extenderse otras dos jornadas más, retomándose este martes a las 9.00 de la mañana.

Según fuentes de La Tercera, el Ministerio Público solicitará que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva en contra del también cónyuge de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, a quien se acusa de defraudar al Fisco en al menos $ 130 millones.

A ese requerimiento de medida cautelar también se sumarán el resto de querellantes, entre los que se encuentra el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, representada por BACS Abogados.

El mecanismo de Lavín

Al exdiputado Lavín, la Fiscalía le imputa una serie de hechos que configurarían diversos hechos de corrupción. Según expuso la persecutora de Alta Complejidad, el otrora parlamentario habría realizado una serie de maniobras para cometer los ilícitos de los que se le acusa, principalmente a través de la rendición de gastos parlamentarios y ejerciendo influencia en Maipú.

El primer grupo de hechos que se imputó se relaciona al delito de fraude al Fisco, el que se habría cometido a través de tres tipos de operaciones. El primero de ellos, según determinó la investigación de la Fiscalía Oriente, se configuró luego de que Lavín León rindiera al Congreso, como gastos parlamentarios, pagos que adeudaba de la campaña.

Para lograr aquello, Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín y quien también está siendo formalizado, instruía al dueño de la imprenta MMG, Juan Alberto Silva -coimputado-, que emitiera facturas falsas bajo supuestos servicios prestados al entonces diputado, los que posteriormente eran rendidos como gastos, lo que a juicio de la Fiscalía constituye el delito de fraude al Fisco, lo que generó un perjuicio fiscal de al menos $ 10.896.109.

El segundo fraude al Fisco habría ocurrido luego de que, también como supuesto gasto de sus labores en el Congreso, Lavín León financiara la plataforma SocialTazk, de propiedad de la empresa Modo74, de propiedad de Vásquez, quien posteriormente fue contratado por el entonces diputado como asesor.

La plataforma tecnológica tenía como fin recoger la base de datos de electores, a quienes se le enviaría a través de mensaje de texto y llamadas, información de campaña. El desarrollo también fue ofrecido a otros diputados y candidatos de la UDI, todo gestionado por el parlamentario. Labor por el cual se le imputará a Lavín, además, el haber comercializado datos del padrón electoral. En este ítem, el perjuicio fiscal se habría producido “a través de la rendición al Congreso Nacional de al menos 186 facturas entre 2018 y enero de 2026, por un monto total de $ 91.697.142“, afirmó la fiscal Encina.

Derivado de aquello, se encuentra un tercer hecho que se relaciona con el delito de fraude al Fisco, luego de que la Fiscalía determinara que el diputado contrató a funcionarios “fantasmas”, ya que estos no desarrollaron funciones pese a que eran remunerados por el Congreso. De todos los gastos rendidos por estos trabajadores, “defraudaron al Fisco mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas al Congreso Nacional por un total de al menos $ 39.499.464, las que fueron validadas y presentadas al Congreso con la firma del imputado Lavín León”, señaló la fiscal.

Por último, en un grupo de hechos ilícitos que aún no son imputados por la Fiscalía, al exdiputado también se le comunicarán cargos por el delito de tráfico de influencias. Lo anterior se habría materializado por el exparlamentario, quien habría buscando la contratación, desvinculación y la realización de una serie de movimientos a su conveniencia en la Municipalidad de Maipú mientras Barriga era alcaldesa.

La mención a Lavín Infante

Durante la misma formalización la Fiscalía imputó que el exdiputado destinó funcionarios de su diputación a realizar labores con fines electorales, precisamente a través de SocialTazk, elaborando base de datos de electores.

Para elaborar dichas bases de datos, Lavín León dispuso que los funcionarios que trabajaban junto a él en la diputación, realizaran una serie de gestiones para la plataforma, incluso atrayendo a más candidatos de la UDI.

En particular, la Fiscalía imputó que fueron siete funcionarios públicos los que estuvieron destinados a realizar labores de campaña, mientras eran pagados por el Congreso. Pero junto con eso, el Ministerio Público también ha vinculado dichas labores de campaña con el padre del exdiputado, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, quien el 2021 participó de la elección presidencial y en la cual fue derrotado por Sebastián Sichel en primarias.

Según ha podido determinar la investigación de la Fiscalía, uno de los funcionarios es Shigue Ogino, quien desde enero a mayor del 2021, con un sueldo de $ 2.591.400 como funcionario público, realizó funciones en las oficinas que en aquel entonces eran sede de la campaña presidencial de Lavín Infante, unas oficinas ubicadas Las Condes.

Mismo rol con funciones no determinadas que también realizaron Romina Molina y Carlos Vargas, quienes a pesar de trabajar con Lavín León, según la Fiscalía, fueron destinados a trabajar en la sede de la campaña de Lavín Infante.

“Solo espero que haya justicia”

Tras el término de la audiencia, el defensor de Lavín León, Cristóbal Bonacic, afirmó que respecto a la formalización de su cliente, no existe nada nuevo respecto a lo que la Fiscalía presentó en el desafuero ante la Corte Suprema.

“Aquí el Ministerio Público cuando cuenta la formalización, cuenta una historia que se explica de acuerdo a su visión del caso y que obviamente esa visión del caso a nuestro juicio no se condice con la realidad y nuestra obligación como abogados defensores es precisamente mostrar al tribunal que esto tiene un lado B”, afirmó.

El abogado querellante, José Pedro Silva, quien representa a la Municipalidad de Maipú, por su parte, relevó el delito de tráfico de influencia que se le imputó al exdiputado por su presunta vinculación con la administración de Barriga.

“Existían estos listados masivos de despido de funcionarios municipales y a su vez tenían después un correlato en contrataciones instruidas por el exdiputado Lavín que trajo múltiples perjuicios para el patrimonio del municipio. Fueron aproximadamente más de 400 personas las que fueron desvinculadas por instrucción del exdiputado”, señaló Silva.

El último en dejar el tribunal fue el propio Lavín, quien concluyó que “el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delitos. Y espero que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponde. Solo espero que haya justicia”.