Este domingo se llevó a cabo la décima jornada de formalización por la Operación Apocalipsis, en que 71 personas, entre funcionarios de Gendarmería y civiles están en calidad de imputados por formar parte de una supuesta organización criminal que se dedicaba al ingreso de encomiendas ilegales a los recintos penitenciarios de Santiago Uno y Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

Durante esta audiencia continuaron los alegatos de la Defensoría Penal Pública, en primer lugar, para referirse al delito de lavado de activos. El abogado defensor señaló que cuestionan los delitos de base como cohecho y soborno, por tanto el delito de lavado de activos perdería también sustento.

Y que, desde su punto de vista, no habría estratificación ni triangulación con las transferencias, como ha expuesto la Fiscalía, sino un mero aprovechamiento del dinero proveniente de un delito previo.

Luego, la abogada Alejandra Rubio se refirió a las razones de la oposición a la prisión preventiva, aunque pidió otras cautelares alternativas como arresto domiciliario y arraigo nacional por diferentes condiciones de sus representados.

Según Rubio en este caso no hay peligro para la sociedad. Así también, dijo que con la posibilidad de esta medida cautelar, los imputados volverían al lugar en donde “supuestamente se cometieron los ilícitos”. Argumentó que de igual manera al revisar informes financieros de los imputados, constataron que estos no tendrían medios suficientes para planear una fuga.

En esa misma línea, la defensora pidió al tribunal considerar que ninguno de sus defendidos tiene antecedentes penales, algo que como señaló, ha sido obviado por la Fiscalía durante este proceso.

La respuesta de los querellantes

Pasado el mediodía la Fiscalía tuvo el espacio para dar los contraargumentos a los cuestionamientos de las defensas sobre los cargos imputados.

El fiscal Sergio Soto defendió la investigación, destacando que muchos de los argumentos dados por la Defensoría se podrían deber a un desconocimiento de sus colegas sobre ciertas normativas de los delitos de lavado de activos, asociación criminal y del cohecho o soborno, según corresponda.

Sobre el lavado de activos, dijo que de los imputados a quienes se les levantó el secreto bancario “todos tenían transferencias de internos o de visitas de internos”. Y recordó que la norma no exige que los ingresos sean ilícitos, sino simplemente injustificados.

Respecto al delito de cohecho, que sería base del blanqueo de dinero, Soto mencionó como ejemplo el caso de un gendarme que a cambio de un favor, pidió que le prestaran un auto de lujo, algo que según el persecutor, ya constituye el delito de cohecho.

Asimismo, detalló una conversación telefónica entre dos funcionarios que hablaban sobre la necesidad de ganar dinero y luego mencionaron que debían ingresar carne al penal, ya que un interno lo había solicitado.

Y sobre la asociación criminal, el abogado dijo que si bien no habían logrado dar con un centro operativo, la estructura que detectaron responde a varios rasgos que debe tener una asociación criminal como es contar con un número importante de participantes, que haya permanencia en el tiempo, que exista una actividad ilícita común y un trabajo colaborativo.

El fiscal Soto luego entregó detalles sobre los cargos de cada uno de los imputados que estaban a la espera de las medidas cautelares.

“Aquí se vio afectada la probidad pública, con los delitos de cohecho y soborno, la salud pública con los delitos de tráfico de drogas y la seguridad pública con la asociación criminal”, dijo al terminar su contraargumentación.

Finalmente tuvo espacio el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la parte querellante de Gendarmería de Chile quienes dieron argumentos en contra de las diferentes hipótesis expuestas por las defensas.

“Cuando quienes están llamados a custodiar el sistema lo utilizan como plataforma de lucro ilícito, el riesgo trasciende al caso individual y adquiere una dimensión estructural. Por ello las circunstancias personales invocadas por las defensas (..) son elementos ponderables, pero no neutralizan el riesgo que emana la pertenencia a redes criminales estables con coordinación y persistencia en el tiempo”, señaló el abogado del CDE.

Sobre el cuestionamiento de la Defensoría ante el uso de informes de Gendarmería en la investigación del Ministerio Público, la abogada de la institución dijo que “por un puñado de funcionarios, se estaría colocando el correcto actuar de los más de 20 mil funcionarios que se desempeñan a nivel nacional en Gendarmería de Chile bajo el mismo escrutinio crítico y reprochable con el que se está juzgando al día de hoy a los 47 imputados, ex gendarmes”.

Hace algunas jornadas, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para 62 imputados. Cabe recordar que ya 20 imputados decidieron no argumentar en contra de la prisión preventiva, dos ya se encuentran con esta medida cautelar y seis están con arresto total.

La audiencia continuará este lunes, en que los abogados de las defensas privadas tendrán tiempo acotado para presentar sus últimos alegatos antes de que el tribunal determine las medidas cautelares.