El Juzgado de Garantía de Valdivia formalizó la tarde de este lunes a los tres estudiantes detenidos esta mañana por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Se les imputó el delito de atentado contra la autoridad.

A pesar de que el Ministerio de Seguridad -querellante a nombre del gobierno- solicitó la prisión preventiva y el Ministerio Público pidió la cautelar de arresto domiciliario nocturno, finalmente el tribunal no aceptó aquellas peticiones y decretó solamente arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal.

El tribunal estableció un plazo para la investigación de 120 días.

Durante la mañana de este lunes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, habría adelantado que solicitarían “la cautelar más gravosa” en contra de los imputados.

El hecho denunciado se habría producido el pasado 8 de abril, luego de la participación de la secretaria de Estado en la ceremonia de apertura del año académico de la Universidad Austral de Chile.

Según detalla la investigación, la autoridad y la comitiva habría permanecido por dos horas sin salir del lugar debido a las manifestaciones en su contra. Tras salir del lugar, habría abandonado el lugar sufriendo empujones, lanzamiento de objetos y agresiones que le provocaron lesiones a Lincolao.

Fiscalía evalúa apelar

Tras la audiencia, la fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, señaló a la prensa que desde el Ministerio Público estarían considerando apelar a la cautelar decretada por el tribunal.

“Vamos a evaluar la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna que solicitamos. Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza”, justificó.

Por otro lado, Anabalón explicó que, en conjunto a la investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI), habrían logrado establecer la participación como autores de estos tres estudiantes, además de enfatizar que todavía quedarían diligencias pendientes.

Respecto a las posibles penas que arriesgan, la fiscal detalló que “al no tener antecedentes previos, se arriesgan a una pena de reclusión que va desde los 541 días hasta los tres años de privación de libertad, o eventualmente una multa”.