Son 43 días los que faltan para la elección presidencial del próximo domingo 16 de noviembre, por lo que los candidatos han entrado en procesos clave para diferenciarse de sus contendores y conquistar electores.

Una de las herramientas que han usado los candidatos para marcar sus diferencias y tensionar la carrera presidencial ha sido sus propuestas en materia migratoria. Así al menos lo han hecho con intensidad los cuatro mejor posicionados según las encuestas: Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (P. Republicano) y Johannes Kaiser (Nacional Libertario).

¿Por qué les es rentable el punto? De acuerdo con el analista Mauricio Morales, porque hay 850 mil extranjeros con derecho a voto, lo que representa un 5,6% del padrón, transformándose en un “bolsón electoral”. Y en segundo lugar, aseguró el académico de la Universidad de Talca, porque hay estudios que muestran que parte de la sociedad está vinculando con fuerza la migración con el surgimiento de nuevos delitos. “Entonces, cuando los candidatos ofrecen mano dura contra la migración, la gente lo podría asociar también con mejores condiciones”, apuntó Morales.

Pero aun cuando ciertas mediciones dan cuenta de aquello, quienes han analizado los discursos y programas de los citados candidatos sostienen que, al menos hasta ahora, se han quedado más en palabras e ideas que en planes concretos. “El gran ausente en los programas presidenciales es cómo logramos la convivencia entre chilenos y migrantes”, planteó la directora de Periplo Chile, Antonia Garcés, que se dedica a temas de derechos laborales de trabajadores migrantes en el sector frutícola.

Por ejemplo, los candidatos proponen avanzar fuertemente en expulsiones sin detallar cómo se financiarán esas salidas. Un punto no menor si se tiene en cuenta que la expulsión de una persona -según el Servicio Nacional de Migraciones- cuesta en promedio $ 3.500.000 y, al 31 de mayo de este año, había 44.209 órdenes administrativas de deportación cursadas.

Además, los candidatos tampoco entregan antecedentes respecto de cómo se avanzará en las relaciones con Venezuela para ejecutar la salida de ciudadanos de ese país. Esto es un tema estratégico, ya que son los nacionales de ese país quienes representan un porcentaje importante de los sujetos afectos a expulsión: el 50% de las órdenes administrativas cursadas entre 2022 y 2024 son migrantes venezolanos.

El dilema de la regularización

Uno de los nudos más ásperos es qué hacer con quienes ya están en Chile sin papeles. Ahí, las posiciones se tensionan.

Kaiser es el más duro de los cuatro presidenciables mencionados. Para él no hay espacio para regularizaciones y, de hecho, ha sostenido con firmeza que quienes estén en condición irregular deben salir del país “por las buenas o por las malas”. Entre los eslóganes que ha utilizado está el de “migración ilegal cero”.

Ese lineamiento, a nivel general, también lo sigue Kast, quien siguiendo parte del modelo italiano, prometió “chilenos primero”, inspirado en las políticas de la mandataria Georgia Meloni. Kast ha dicho que en su eventual gobierno tampoco habría regularizaciones de ningún tipo y que todo migrante irregular sería expulsado. En caso de condenados, eso sí, especificó que primero deberá cumplir la pena, en una cárcel exclusiva para extranjeros.

Las medidas al respecto, bajo ideas como la de establecer un “escudo fronterizo”, las ha trabajo junto con el general (R) de Carabineros Enrique Basaletti, el general (R) del Ejército Cristián Vial y el coronel (R) de Gendarmería Luis González.

Matthei, por su parte, ha expresado que no está disponible a regularizar a nadie que haya ingresado a Chile “por la ventana”. El equipo de la candidata ha dicho que quienes entraron de manera ilegal deberán salir voluntariamente en un plazo definido, o serán expulsados. Adicionalmente, ha planteado que inicialmente expulsará a 3.000 extranjeros condenados, para así liberar cupos en cárceles y que a lo largo de su gobierno podría expulsar 10.000.

Pero la negativa de Matthei a regularizar migrantes ha enredado a su comando, debido a que una de sus voceras, la senadora Ximena Rincón (Demócratas), habló de regularizar a extranjeros que se desempeñen en el mundo agrícola. Eso obligó a la candidata a aclarar sus planteamientos y exponer que solo están abiertos a mejorar el sistema de visas temporales para trabajos de esa índole, siguiendo el modelo australiano. Incluso, dijo en el programa “Candidato Llegó Tu Hora”, a la persona que cumpla esos requisitos se le podrían pagar sus cotizaciones en su país de origen con un tope de seis meses.

Jara, desde la vereda opuesta, se mostró abierta a evaluar la regularización de quienes ya habían sido empadronados, aunque su programa -hasta el momento- no lo explicita con claridad. “Es necesario empadronar para saber quiénes son y evaluar la regularización de quienes ya están identificados”, afirmó la candidata del PC. La innovación de Jara es que propone que todos los extranjeros que cometieron delitos de drogas cumplan su sanción fuera del país, lo que, según sostuvo, reduciría el hacinamiento carcelario.

Criminalizar el ingreso

Desde la entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones, el ingreso al país por pasos no habilitados y sin documentación no es un delito, sino una infracción administrativa. Así lo determinó el expresidente Sebastián Piñera, quien fue el responsable de promulgar en 2021 la última gran reforma a la ley de migraciones. Ese año la administración piñerista valoró que el ingreso clandestino dejara de ser un delito, ya que la medida permitía viabilizar la reconducción inmediata.

Uno de los fieles detractores de esa idea ha sido Kaiser, quien tras llegar al Congreso en 2022 ha presentado y suscrito una serie de mociones para volver a modificar la ley y hacer que nuevamente el ingreso irregular sea un delito.

De esta forma, en su programa -elaborado en este eje con el apoyo de su encargado de seguridad, el general (R) del Ejército Luis Felipe Cuéllar- propone “volver a penalizar el ingreso al país por los llamados pasos no habilitados (...), deteniendo en flagrancia a quienes violen la frontera, confinándolos en campamentos, mientras se tramita la expulsión del país”. De hecho, en los últimos días aseguró que, de llegar a La Moneda, repondría la denominada Glosa Republicana o glosa de libre disposición, para destinar parte de esos recursos a la construcción de centros de detención de migrantes.

Kast también tiene entre sus lineamientos avanzar en esa línea. Según postula, impulsará la tipificación del delito de migración irregular. El punto dos del primer eje de su programa señala que se perseguirá penalmente al que ingrese por pasos no habilitados, aunque el proceso se suspendería al ser expulsado. Si el sujeto reingresa, “la persecución penal se reanudará de manera efectiva y no podrá optar a beneficios penitenciarios”, acota el documento.

Entre sus planes también destaca la creación de centros de internación de migrantes, donde permanecerían mientras son expulsados. Adicionalmente, ha postulado limitar el envío de remesas al extranjero, para así no dar beneficios a quienes están en el país de manera ilegal.

Matthei también es de la idea de reponer la penalización del ingreso irregular. Según dijo la exalcaldesa en “Candidato Llegó Tu hora”, el hecho de que hoy solo sea una infracción es uno de los factores que incidirían en que “lleguen tantos” extranjeros por vías irregulares. Eso contrasta con la opinión que han expresado parlamentarios de Chile Vamos como Luz Ebensperger (UDI), quien alcanzó a ser vocera de Matthei. Cuando se tramitó la última reforma, Ebensperger defendió que el ingreso irregular dejara de ser un ilícito.

El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, advirtió que criminalizar el ingreso irregular no solo contraviene compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos, sino que además puede resultar contraproducente. Según explicó, este tipo de políticas tienden a dificultar las expulsiones y sanciones, al tiempo que generan “bolsones de exclusión e invisibilidad” donde los migrantes quedan fuera de la institucionalidad, dependen de redes informales y se vuelven más vulnerables a grupos criminales.

Blindar la frontera

En lo que sí coincidieron casi todos los candidatos fue en el endurecimiento de los controles en la frontera, pero ninguno de ellos es muy claro respecto de cómo controlar los más de 7.800 kilómetros de frontera terrestre. Matthei propuso crear una Policía Militar Fronteriza, levantar fosas y pretiles (muros o barreras) en rutas clandestinas, instalar sensores y cámaras térmicas, y construir centros de expulsión con tecnología biométrica.

Un tono más duro es el de Kast. De manera explícita en su programa propone una Política Nacional de Cierre Fronterizo. Habla de “recuperar la soberanía” con sistemas de vigilancia, barreras físicas y gestión integrada de fuerzas de seguridad. Todo eso sin entregar una bajada práctica más concreta.

Por su lado, Kaiser, además de drones y radares, introdujo la idea de suspender toda cooperación con Bolivia mientras no frenara el paso de migrantes hacia Chile.

Desde la izquierda, Jara tampoco esquivó el asunto. En su programa incluyó que utilizará la atribución para desplegar las Fuerzas Armadas en la frontera, tal como lo ha hecho el actual gobierno; la consolidación de proyectos tecnológicos como la “muralla digital” -que se ha implementado durante la administración de Boric- y la creación de una unidad especializada de Carabineros para enfrentar contrabando y crimen organizado.