De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, entre 2020 y 2022 una organización de médicos de nacionalidad colombiana creó tres entidades con la única finalidad de emitir licencias médicas fraudulentas y obtener así sendos réditos económicos.

Con esa intención, bajo las empresas Mitite, Prevenir y Campos se emitieron más de 80 mil licencias médicas fraudulentas, generando un perjuicio estimado de $ 31.571.798.633 para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Según se pudo establecer en juicio, las licencias eran comercializadas según la cantidad de días de reposo otorgados que iban desde los 11, 15, 21 o 30 días y no correspondían a atenciones médicas reales ni especializadas.

Este lunes, el 7° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer la sentencia condenatoria contra 17 personas, nueve de ellas, médicos: Samir Rivaldo a 21 años de presidio, Yesica Donado a 21 años de presidio, Lizney de La Hoz a 13 años de presidio, José Gnecco Cervantes a 13 años de presidio, Ana Toncel Peña a 16 años de presidio, Karen Mejía a 13 años de presidio, Obed Urrea a 16 años de presidio, Yainer Olivero Álvarez a 15 años de presidio y Jorge González Guerrero a 12 años de presidio.

También el tribunal condenó a captadores: Álvaro Gnecco a 13 años de presidio, Rodrigo Campos a 17 años de presidio y Nancy Verdejo y Javiera Verdejo a 3 años y un día por fraude de subvenciones y 300 días por asociación ilícita.

Además de pagar con la privación de libertad, el tribunal acogió la demanda civil del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los condenados deberán pagar cerca de $ 26 mil millones. Rivaldo fue condenado a una multa ascendente a $ 2.566 millones por delito reiterado de fraude de subvenciones. A Donado Alvis se le impuso una multa de $ 1.573 millones, y a Urrea, una de $ 1.447 millones.

También se condenó a poco más de cuatro años de presidio a cuatro compradores de licencias. Eso sí, cumplirán sus condenas bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva. El fiscal de Alta complejidad Oriente, Álvaro Pérez, explicó que estos últimos no estuvieron disponibles para salidas alternativas y prefirieron irse a juicio.

“El tribunal hizo una declaración previa en orden a la relevancia de este juicio y lo que estaba comprometido, que es la confianza pública. Se hizo referencia también al patrimonio fiscal y cómo en definitiva el Fondo Nacional de Salud es patrimonio de todos los chilenos”, dijo el persecutor.

En ese sentido, el persecutor añadió que el fallo “destaca también la importancia de la licencia médica como un instrumento de seguridad social y lo que está detrás es el cuidado de los recursos fiscales y cómo a través de este tipo de empresas criminales lo que se ve afectado son las prestaciones que el Fondo Nacional de Salud muchas veces deja de poder financiar dado este tipo de fraude”.

Duro reproche del tribunal

De manera excepcional, el tribunal terminó con dos jueces debido a que ad portas del cierre, el juicio vivió un traspié cuando la magistrada Alejandra García decidió voluntariamente inhabilitarse al conocer que es una de las 56 jueces que arriesgan su expulsión del Poder Judicial por haber viajado al extranjero con permiso de salud. Por ello, el proceso continuó en manos de los otros dos jueces, José Pérez y Grace Díaz.

Pérez y Díaz hicieron un duro reproche a los imputados y sostuvieron que el hecho no tenía precedentes en nuestro país.

“La cuantiosa pérdida de recursos públicos que estas conductas provocaron repercute directa e inevitablemente sobre la calidad, cobertura y suficiencia de las prestaciones sanitarias a que acceden todos los ciudadanos beneficiarios del sistema estatal de salud”, señala la resolución que leyó la jueza Díaz.

La resolución del tribunal apuntó a que esas estructuras “configuraron un aprovechamiento sistemático del sistema previsional de salud chileno”.

Los jueces advirtieron que las conductas juzgadas fueron desplegadas mayoritariamente por ciudadanos extranjeros de origen colombiano, que prevaliéndose de su calidad de médicos cirujanos de dicha nacionalidad y habilitados para el ejercicio de su profesión en Chile, “manipularon y trastocaron el sistema de subsidios por incapacidad laboral consagrado en la legislación nacional”.

En esa línea, la resolución del tribunal recalca que “lejos de honrar la confianza institucional que el Estado de Chile depositó en ellos al franquearles el ejercicio de la profesión médica en su territorio sobre las bases de relaciones internacionales vigentes con su país de origen, los acusados médicos abusaron de las facilidades y prerrogativas conferidas por el ordenamiento jurídico chileno”.

“Transgrediendo abiertamente los deberes éticos y legales que emanan del acto médico, junto a los facilitadores no facultativos que se sumaron a esta empresa delictual, participaron, cada uno en el rol y con la aportación funcional que se ha establecido en los considerandos que anteceden, en la emisión y venta sistemática y masiva de licencias médicas ideológicamente falsas, obteniendo por esa vía cifras exorbitantes de dinero de origen ilícito y ocasionando uno de los mayores fraudes al erario fiscal de que se tenga registro en la historia judicial reciente del país”, indicó el tribunal.

Los jueces manifiestan que su sanción responde no solo a la estricta aplicación de los marcos penales previstos para los delitos de asociación ilícita, emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones y lavado de activos, sino que “expresa además la necesidad político-criminal de reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico frente a un fenómeno delictivo de dimensiones inéditas en el país, cuya reaplicación futura debe ser prevenida mediante una respuesta sancionatoria que resulte proporcional a la extraordinaria gravedad, extensión temporal, sofisticación organizativa y lesividad social de los hechos que se han tenido por acreditados”.

Reacciones

El abogado Rodrigo Álvarez Alarcón, litigante del CDE, valoró el resultado obtenido. “Como CDE valoramos la sentencia que determinó condenas históricas para los integrantes de la red criminal responsable de perpetrar el denominado ‘Megafraude Fonasa’, uno de los mayores fraudes al Fisco conocidos en el país. Manifestamos nuestra satisfacción con el resultado judicial, el que acogió las pretensiones que sustentamos durante el proceso”, dijo Álvarez.

Álvarez agregó que “el daño provocado por esta organización delictual es enorme, no solo por su masivo impacto presupuestario, sino por el profundo perjuicio social que genera, afectar a Fonasa significa golpear directamente al sistema que atiende al 80% de la población nacional, especialmente a los sectores más vulnerables”.

“Desde que detectamos este tipo de delitos, como CDE actuamos con la mayor prontitud, impulsando la instauración de un equipo de trabajo con distintas instituciones del Estado y de manera interna en nuestro servicio, a través de la coordinación nacional de nuestros abogados, de manera de actuar frente a estos delitos masivos de gran afectación al patrimonio fiscal”, agregó Álvarez.

La presidenta de la Asociación de Isapres, Melissa Hohmann, también se mostró conforme. Su institución actuó como querellante en el caso. “Las licencias médicas son un derecho de los trabajadores y cumplen el rol fundamental de protegernos cuando una enfermedad nos impide desarrollar nuestra labor. Por eso tenemos que ser muy firmes frente al fraude y las conductas abusivas. Quienes defraudan al sistema no solo comenten un delito, también ponen en riesgo recursos que están destinados a quienes requieren verdadera protección de salud”, dijo Hohmann.