Horas extras en Viña del Mar: formalizan por fraude a tres funcionarios y citarán a alcaldesa Reginato

En calidad de autores y en grado de consumado. Bajo ese rótulo, el Ministerio Público formalizó por eventual fraude al Fisco a tres funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar, por hechos que habrían ocurrido entre los años 2014 y 2015.

Los imputados Pablo Staig , en ese entonces director subrogante de Administración y Finanzas y Administrador Municipal; Manuel Echeverría , director del departamento de Finanzas; y Javier Garrido, funcionario de la sección Remuneraciones, comenzaron a ser investigados por la posible infracción de no velar por la adecuada inversión social de los recursos públicos.

Según indicó el fiscal Patricio Toro, los funcionarios “actuaron conjuntamente con el fin de autorizar el pago de horas extras proporcionales a favor de casi la totalidad de los funcionarios de planta y contrata del referido municipio”.

La indagatoria asegura que varios de estos beneficiados se encontraban ausentes por permisos administrativos, licencias médicas o feriados legales.

Así, según la fiscalía, los imputados habrían aparentado la procedencia de estos pagos a través de diversas acciones que permitieron que se causara al patrimonio municipal un perjuicio aproximado de $56.229.374.

Toro explicó que la Unidad Anticorrupción, dentro de las diligencias solicitadas, “dispuso que en los próximos meses la alcaldesa Virginia Reginato sea citada en calidad de imputada junto a otros dos funcionarios para conocer los antecedentes que ellos manejan”.

Hasta ahora, cuatro querellas han sido presentadas por el posible delito de fraude al fisco, amparadas en el artículo 239 del Código Penal.

Finalizada la audiencia, el diputado Rodrigo González, señaló que “esta es una situación gravísima, porque se trata de tres directores del más alto nivel de la municipalidad , y en esta audiencia se habla de un monto inferior, porque al año 2018, las remesas llegan a los $ 1.000 millones. Estos funcionarios no son más que chivos expiatorios”.

El tribunal decretó arraigo y firma quincenal por 150 días como medidas cautelares para los exadministrativos.