
Ignacio Castillo: “Se está avanzando contra el crimen organizado, pero eso no quiere decir que no tendremos secuestros u homicidios”
El jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional recalca que las políticas implementadas han rendido frutos, pero también es claro en que se enfrenta una criminalidad que no distingue nacionalidades y que hay que mantener el combate.

A pesar de que las últimas semanas se han evidenciado hechos violentos ligados al crimen organizado, desde el Ministerio Público aseguran que se está en la senda correcta.
De hecho, según sostiene Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, los resultados que han tenido las políticas implementadas permitirían mirar hacia adelante “con cierto optimismo”.
En ese camino, resalta la coordinación llevada acabo con los distintos fiscales regionales, aunque también advierte que hay desafíos claros y que avanzar no necesariamente implica que no habrá crímenes.
Usted asumió este cargo sin experiencia directa en persecución del crimen organizado ¿Cómo fue ese salto para liderar la estrategia para desbaratar peligrosas bandas?
Tras mi llegada, formamos la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, se dio forma a los equipos Ecoh y, entre otras cosas, también se creó el foco penitenciario y el portuario. Entonces, a pesar de la falta de práctica en el ámbito de la persecución penal, donde confío plenamente en los fiscales, hemos tenido importantes avances. Por lo demás, vengo estudiando el crimen organizado desde años atrás. La unidad está compuesta por una serie de profesionales que son, junto conmigo, quienes apoyamos los casos en que los fiscales nos soliciten.
¿Y cómo evalúa el resultado concreto que han tenido esas definiciones?
Sería absolutamente injusto e incorrecto atribuirle a la unidad los resultados que hemos tenido. Esto es una mezcla de varias cosas. Es el país el que organizadamente tiene que estar detrás del crimen organizado y de sus negocios ilícitos. Es un esfuerzo del Estado de Chile, y en ese esfuerzo me parece que los resultados nos permiten mirar el futuro con cierto optimismo. Hemos tenido muy buenos resultados con Ecoh, en homicidios en términos generales, lo que no nos permite ser absolutamente optimistas pero sí mirar el futuro y advertir que se están haciendo cosas bien.
Pese a ello, recientemente hemos tenido casos como el del empresario secuestrado y asesinado en Los Andes, ¿se ha estado realmente a la altura?
Se está avanzando contra el crimen organizado. El cierto optimismo es porque las cosas se están haciendo bien, pero eso no quiere decir que lamentable y terriblemente -como sucede en contextos de crimen organizado-, no tendremos delitos como aquel, secuestros, extorsiones u homicidios, que desde luego uno quisiera que no se dieran. Pero también recuerdo que en ese caso la investigación se dio un plazo considerado breve, lo que es la tarea específica del Ministerio Público.
La ocurrencia de casos terribles como ese, no implican que no podamos decir que las líneas de trabajo que estamos realizando han dado resultados.
¿Pero en qué posición estamos hoy frente al crimen organizado?
El fenómeno del crimen organizado en Chile cambió más o menos hace un lustro atrás. Hubo un crecimiento muy acelerado, y el punto más alto creemos se dio en el año 2022 y 2023, y eso cambió la morfología, de la criminalidad, con un fuerte énfasis en cierta criminalidad organizada muy violenta, delitos depredatorios que antes no teníamos.
¿Ese es nuestro nuevo escenario?
En ningún caso podemos normalizar este tipo de delitos, y yo creo que todo lo que podamos hacer en términos de lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio Público hay que hacerlo. Y creo que hemos estado haciéndolo, pero también es importante lo que se pueda hacer en términos de prevención.
¿Falta trabajar en ese sentido?
Hoy tenemos un esfuerzo importante del Estado por generar conciencia de la gravedad de este tipo de delitos, de la necesidad de denunciarlos y de la confianza en los organismos del Estado para hacerlo.
¿Cuando el Tren de Aragua comenzó a operar y a matar chilenos se cruzó un límite?
La criminalidad organizada que funciona sobre negocios ilícitos, no va a distinguir entre la nacionalidad de la víctima, en si es chileno o extranjero. Al principio quizás por una falsa sensación de impunidad arremetieron contra extranjeros, pero hemos demostrado que hemos sido capaces de generar los cambios para igualmente perseguirlos. Y ahora el desafío es que independiente de la víctima, seamos capaces de investigarlo, encontrar a las personas y llevarlos a la justicia.
¿Por qué ha costado erradicar a esa banda?
Durante el flujo migratorio que se dio desde Venezuela, el Estado debió reorganizarse en términos de mejorar el control fronterizo y en capacidades para saber quiénes entraban. Había sujetos prácticamente fantasmas, pero aún así tenemos un altísimo número de prisiones preventivas, trabajando y buscando cooperación internacional. Pero uno ha visto con el Tren de Aragua que ellos se reorganizan a través de células que además están distribuidas en distintas regiones del país. Y bueno, esos son los fenómenos que, insisto, como Ministerio Público estamos abocados en perseguir.
¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan?
Siguen siendo fuertes en el norte por el fenómeno migratorio, pero además por las pulsiones que pueden haber de las investigaciones y de las respuestas de los países frente a fenómenos criminales en sus propios países, como por ejemplo lo que sucede en Ecuador y en Colombia, que puede significar siempre un desafío del riesgo de que alguna de esas organizaciones penetre en nuestra frontera. Eso en Arica y también hay desafíos importantes en Antofagasta, por lo referente al Corredor Bioceánico, ya que conectará Chile con el puerto donde hay control del Primer Comando Capital.
¿El Ministerio Público hoy tiene las herramientas necesarias para actuar? ¿Qué reformas institucionales y legales se requieren?
Sin perjuicio de lo que el Congreso ha hecho, todavía tenemos algunos aspectos necesarios que son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la terminación de la tramitación del proyecto de la Fiscalía Supraterritorial. En segundo lugar, el fortalecimiento del Ministerio Público. El tercero es el de inteligencia financiera y cuarto la eventual creación de un organismo que administre los bienes decomisados.
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