Casi un año ha pasado desde que la Fiscalía Metropolitana Oriente comenzó la investigación en contra del diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI) por presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. Desde entonces, el ente persecutor ha concretado allanamientos y hasta solicitado el desafuero para formalizar y pedir medidas cautelares en contra del parlamentario e hijo del exalcalde Joaquín Lavín.

Sin ir más lejos, el próximo martes 16 de septiembre a las 9.30 horas, la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará los alegatos de la defensa de Lavín para impedir que dicho tribunal de alzada acoja el requerimiento del Ministerio Público, al cual también se plegaron querellantes como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, encabezada por Tomás Vodanovic (FA).

Pero ahora, la causa en contra del marido de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, suma un nuevo querellante. Durante las últimas horas el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una acción penal en contra del parlamentario, a quien le imputa una serie de delitos tributarios detectados durante la investigación llevada adelante por la fiscal de alta complejidad Oriente, Constanza Encina.

La querella del SII, presentada por la directora (s) del servicio, Carolina Morales, además del diputado, también fue presentada en contra de Juan Silva, Felipe Vásquez y Arnaldo Domínguez, protagonistas del caso que involucra al parlamentario.

La arremetida del SII

En un escrito de 42 páginas al que accedió La Tercera, el SII detalla la serie de hechos que la llevaron a concluir los ilícitos por los que se querelló, dando cuenta que el parlamentario habría incurrido en delitos tributarios al emitir documentos tributarios falsos, como boletas o facturas, entregadas por tres empresas. Por lo mismo, también la querella va dirigida en contra de Silva, Vásquez y Vallejos.

Le emisión de estos documentos falsos, según el SII, ​”habrían sido confeccionados con el fin de justificar gastos ante el Congreso, lo que habría permitido obtener pagos provenientes de fondos públicos en forma fraudulenta o improcedente, con cargo a las asignaciones parlamentarias”.

El servicio se querella por dos hechos. El primero tiene que ver con la “facilitación de documentación tributaria falsa posibilitando la comisión de otros ilícitos tributarios”. Según el SII, desde junio de 2017 y hasta noviembre de 2022, las empresas Imprenta MMG S.A y Gráfica Totalprint SpA, de propiedad de Silva, emitieron 34 facturas ideológicamente falsas a Lavín por servicios supuestamente prestados, mediante la intermediación de Domínguez.

Ese tipo de documentos tributarios son los que le sirvieron al diputado para respaldar supuestos gastos de campaña o para su asignación parlamentario, dado que esos gastos rendidos posteriormente fueron reembolsados por el Servicio Electoral (Servel), en el caso de las campañas, y por la Cámara como gastos de su diputación.

Bajo ese mismo ilícito, el SII también se querelló por otras facturas falsas emitidas por la empresa Modo74 SpA, de propiedad de Vásquez, quien también era asesor del diputado Lavín.

Dicha empresa entregó seis facturas por un total de $3.270.577, las cuales fueron rendidas como gastos parlamentarios, aprobadas y pagadas por la Cámara. Sin embargo, luego las facturas fueron anuladas a través de notas de crédito.

Los ingresos originados a partir de dichas acciones, razón por la cual se querella el SII, no fueron declarados en el formulario 22 del parlamentario, lo que constituye un delito tributario.

El otro hecho ilícito, por el que se querella el SII en contra del diputado, es haber realizado “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior”. Ese delito tributario se configuró entre el 2018 y el 2024, cuando Lavín presentó declaraciones de impuestos a la renta falsas, al subdeclarar sus ingresos provenientes de la Cámara que correspondían a la rendición de las facturas irregulares.

Así como tampoco declaró los recursos que venían de las seis facturas que después fueron anuladas, pero que igualmente se rindieron y pagaron por parte del Congreso. Estos ilícitos generaron a julio de este año un perjuicio fiscal de $10.149.465.

“Facturas prestadas”

En la investigación de la Fiscalía, la cual es citada por el SII, se pudo determinar que Imprenta MMG SA y Gráfica Totalprint nunca realizaron los supuestos trabajos de confección de afiches, flyers, pendones, o palomas, en favor de Lavín por un total de $18.751.479.-

Así también lo reconoció el propietario de esas empresas ante la Fiscalía, quien afirmó que emitió esas facturas por gestiones de Domínguez y reconoció que una conversación de WhatsApp cuando él se refería a “facturas prestadas”, en verdad se trataba de la documentación ideológicamente falsa y por la cual no se prestaron realmente los servicios.

El mismo Silva, según se lee en la acción judicial del servicio, “declaró haber prestado servicios a otros candidatos y la UDI, emitiendo facturas según las indicaciones de Domínguez, incluso a personas distintas a quienes realmente correspondía, con el objetivo de asegurar el pago. En su testimonio del 21 de octubre, el imputado aportó correos y facturas que evidencian esta modalidad, señalando que, aunque las glosas indicaban ‘cuentas públicas’, los servicios no correspondían a tales conceptos”.

En el caso de la segunda empresa, Modo74 y que era de propiedad del asesor de Lavín, prestó servicios relacionados al software para campañas por el que la Fiscalía investiga al diputado.

Dicha empresa, según pudo determinar el SII, emitió en siete años un total de 384 documentos tributarios, de los cuales 222 fueron a nombre de Lavín, sumando gastos por $93.913.633. La querella revela que en un año y cuatro meses, Modo74 tuvo sólo un cliente: el parlamentario.