Este miércoles, la Contraloría dio a conocer el informe final de la investigación especial que llevaron a cabo profesionales de la entidad para indagar el funcionamiento del ingreso de personas haitianas al país, bajo la subcategoría de reunificación familiar, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025.

En dicho informe se constató una serie de inconsistencias e irregularidades en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), en la Policía de Investigaciones (PDI) y en la Subsecretaría de la Niñez.

El asunto ya había generado revuelo y, por lo mismo, este reporte era ampliamente esperado. En un preinforme que habían emitido en abril, y que se conoció la semana pasada, adelantaba graves falencias que incluso llevaron a que se plantearan hipótesis sobre la existencia de una red de tráfico de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Lo anterior, porque aunque la entidad que dirige la contralora Dorothy Pérez expuso entre los antecedentes más complejos que, de una pequeña muestra que analizaron con mayor detalle, había 64 menores de edad que no habían podido ubicar en medio del despliegue que realizaron a inicios de este año.

Si bien una vez que se conoció la información el Ministerio Público inició una indagación que permitió ubicar a cada uno de esos niños en buenas condiciones y con sus respectivas familias, el grueso de los hallazgos y reproches de la entidad comandada por la contralora Pérez aún se mantienen.

De hecho, en el informe final se hace mención expresa a que las instituciones se activaron sólo cuando saltaron las alertas. Asimismo, recalcaron que pese a que por notas de prensa se ha reportado sobre la ubicación de los niños, también se relevó que no se les ha precisado detalles de las fórmulas utilizadas por los efectivos de la PDI que los encontraron.

Así las cosas, el organismo mantuvo las observaciones, derivó antecedentes al Ministerio Público e instruyó sumarios en las tres instituciones evaluadas. Junto con eso, se exigió a las tres instituciones observadas revisitar los domicilios y verificar la situación de los menores hasta completar, al menos, los 269 restantes de la muestra del período, y evaluar el universo total de 1.229 haitianos.

No existe coordinación efectiva

La primera falencia detectada por Contraloría es la nula coordinación que existe entre el Sermig, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez para dar seguimiento oportuno a los menores de edad que ingresan al país por reunificación familiar.

Tras analizar las respuestas de los organismos, los profesionales del ente contralor manifestaron que “durante el período examinado no se advirtieron mecanismos formales, oportunos y sistemáticos de coordinación interinstitucional, tales como protocolos de actuación, flujos definidos de intercambio de información, ni procedimientos conjuntos para enfrentar situaciones críticas que afectaban a niños, niñas y adolescentes migrantes”.

“Las acciones informadas por los referidos servicios en sus respuestas dan cuenta de avances, pero de naturaleza reactiva, muchos de ellos originados sólo con posterioridad a los hechos observados o en el contexto de la presente investigación, por lo que no permiten acreditar que, en el período examinado, hubiese existido una coordinación efectiva entre los organismos mencionados", se lee en el informe.

Debilidades en el Sermig

En lo referente al funcionamiento del Servicio de Migraciones, se manifestó que la entidad no verificó los datos autorreportados por las personas haitianas solicitantes de permisos de reunificación familiar, tales como el domicilio en Chile y el número de cédula de identidad de los adultos responsables, entre otros antecedentes, limitándose únicamente a recepcionar la información.

De igual forma, advirtieron que la institución no cuenta con un protocolo o instrucciones formalmente establecidas sobre el actuar ante casos de NNA que se les haya otorgado permisos de residencia temporal por reunificación familiar y que ingresan al país cuando su vínculo en Chile falleció previo a su llegada.

También notaron incumplimientos ligados a la existencia de estampados electrónicos sin número ni código de verificación de autenticidad.

Entre las cuestiones más serias, los especialistas de Contraloría notaron que el Sermig no cuenta con una base de datos sobre procesos de reunificación familiar íntegra, pues en su sistema actual hay registros repetidos y algunos con RUT erróneos, lo que se estimó es una debilidad seria.

Fallas de la PDI

La Contraloría también estableció que la PDI no dispone de manuales de procedimientos o instructivos que describan de manera detallada las revisiones y controles necesarios para la correcta aplicación de la normativa de control migratorio, en cuanto a cómo registrar el ingreso de las personas al país; la revisión de los antecedentes que deben presentar y cómo debe ser verificada la legalidad de la estadía de los extranjeros en el país o el motivo de su viaje.

Igualmente, se detectó que si bien la institución cuenta con un procedimiento para la entrega de NNA que ingresan al país sin la compañía de sus padres o tutores legales, se subrayó que este no se encuentra aprobado formalmente.

Además, los evaluadores evidenciaron que las bases de datos de la policía civil mantienen errores, como por ejemplo, números de pasaportes que estaban digitados en forma incorrecta. Asimismo, se observó que mantienen antecedentes que no coinciden con los del Sermig.

Reproche directo a Thayer

Considerando que el análisis fue fruto de presentaciones de parlamentarios, se miró con especial énfasis lo ocurrido en los primeros meses de 2025, año en que aumentó considerablemente el ingreso de personas haitianas por reunificación familiar.

Así, en función de la muestra estudiada pudieron despejar que se otorgaron permisos de reunificación familiar a personas que no contaban con el Informe Policial Electrónico, que se presentaban documentos de antecedentes penales vencidos, certificados de nacimiento no legalizados, y otras inconsistencias.

Se advirtió, en esa línea, que el exdirector del Sermig Luis Thayer actuó más allá de sus atribuciones al emitir un memorándum que permitió flexibilizar algunas de las exigencias para el ingreso.

“Teniendo a la vista que los requisitos y documentación idónea para el ingreso y egreso del país están establecidos en la citada ley y en sus respectivos reglamentos, no pueden ser modificados o exceptuados mediante un simple memorándum, como se hizo a través del documento que se adjunta en la respuesta del servicio, pues ello implica arrogarse atribuciones propias de los poderes colegisladores, o de la potestad reglamentaria en su caso, cuestión que no se ajusta al citado artículo 7° de la Carta Fundamental“, reprochó la entidad.

La Contraloría agregó que ”resulta evidente que los cambios relativos a procedimientos, requisitos, condiciones y plazos, debían ser modificados o exceptuados por ley o, en su caso, mediante decreto supremo sometido previamente a toma de razón y debidamente publicado en el Diario Oficial, nada de lo cual se cumplió. Por consiguiente, al haberse adoptado la decisión de que se trata sólo mediante un memorándum, en circunstancias que se trata de materias de ley o, en su caso, reglamentarias, sometidas a control de juridicidad preventivo, se configuró una evidente vulneración a nuestro ordenamiento jurídico“.