El gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó sus primeras observaciones al proyecto que modifica la ley que crea la empresa Televisión Nacional de Chile (TVN) y que busca asegurar un financiamiento estable para la estación pública.

Luego de los cuestionamientos por las dos excusas previas para asistir al Congreso, este lunes la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, concretó su primera visita a la sede del Poder Legislativo, para asistir a la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Su presencia, en compañía del subsecretario de la cartera, José Francisco Lagos, fue precisamente para dar cuenta ante los parlamentarios de la instancia de los reparos de la actual administración al proyecto de ley ingresado en marzo de 2022, en el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, y que incluye indicaciones de julio de 2024 de la administración del exmandatario Gabriel Boric.

A fines de enero pasado, de hecho, la Comisión de Hacienda de la Cámara despachó la iniciativa luego de culminar su votación en particular. Así, el texto quedó en condiciones de ser discutido por la Sala, tras un debate marcado por dos ejes centrales que permitieron su avance: asegurar un financiamiento estable para la misión pública del canal sin distorsionar la competencia y reforzar la gobernanza, aunque con diferencias respecto de la estructura del directorio.

Observaciones del gobierno de Kast

En la presentación del gobierno exhibida a los congresistas se apunta a los resultados de TVN en la última década: “cuarto lugar en sintonía y resultados positivos en solo 3 de los últimos 10 años”.

“La situación de TVN no se explica solo por la transformación de la industria. Se suman desafíos propios de gestión, posicionamiento y sostenibilidad que hacen urgente definir cómo el canal puede cumplir su misión pública en condiciones financieramente viables”, se señala.

En lo medular, el Ejecutivo ahondó en tres observaciones preliminares a la iniciativa: misión pública, directorio y gobernanza, y financiamiento.

Sobre el primer punto, el proyecto que se tramita en el Parlamento indica que se agregan “nuevos elementos que también deben ser promovidos y difundidos, ellos son: pluralismo; derechos e identidad cultural de los pueblos indígenas; derechos de niños, niñas y adolescentes; igualdad en dignidad y derechos de todas las personas, en especial de las mujeres”, entre otros.

Ante esto, La Moneda sostiene que “la mayor especificidad puede generar superposición, fragmentar el mandato y tensionar la coherencia de una misión que debe ser integradora y transversal” y que además, “la ampliación de la misión pública podría encarecer o aumentar el gasto de la operación”.

El segundo punto, se refiere a las disposiciones que apuntaban a ampliar el directorio, modificar el sistema de nombramientos y reducir los períodos en el cargo. Esos artículos fueron rechazados por la comisión de Hacienda al no alcanzar mayoría.

El Ejecutivo plantea que “un directorio más amplio y heterogéneo puede dificultar la coordinación, diluir responsabilidades y complejizar la toma de decisiones”; que la “incorporación de un representante de trabajadores con voto introduce incertidumbre sobre su impacto en la gobernanza y que ”el foco debiera estar en fortalecer conducción, claridad y capacidad de adaptación, más que en aumentar la complejidad del órgano".

En lo que refiere al financiamiento, el proyecto crea un fondo de reserva patrimonial que contará con un aporte fiscal inicial de 30 millones de dólares, a enterarse en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigencia de la ley. A ese monto se sumarán los bienes que adquiera la entidad, los frutos civiles o naturales que generen, además de herencias, donaciones o subvenciones de origen público o privado.

Desde la actual administración observan que “el esquema configura un modelo dual (subsidio directo + capitalización), alejándose de la autosustentabilidad”; que la rentabilidad esperada del fondo ”no permite cubrir las necesidades financieras en el corto ni mediano plazo; y que existe “riesgo de consolidar un subsidio permanente si no se aborda el modelo operativo del canal”.

En sus conclusiones, apunta que el modelo basado en publicidad “es insuficiente y tensiona la misión” del canal, que se requiere avanzar hacia esquemas diversificados y anuncia que se conformará una comisión técnica para definir un modelo de financiamiento sostenible.