Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: gobierno da pie atrás en su diseño y se allana a decretar estado de emergencia en la Macrozona Sur

A pesar de la fuerte resistencia inicial del gobierno y del propio Presidente Boric, la ministra del Interior, Izkia Siches, informó anoche que decretarán el estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a contener la escalada de violencia y ataques incendiarios que se observa en la región.

El giro se produjo luego de que el Ejecutivo constatara que –ante la incapacidad de alinear a sus propios parlamentarios– no contaba con los respaldos necesarios en el Congreso para sacar adelante su idea de crear un estado constitucional “intermedio” que, con límites más restrictivos que los actuales estados de excepción y bajo un mando civil, permitiera a los militares asumir la custodia de algunas rutas y carreteras en el Biobío y La Araucanía.

De acuerdo a un artículo de las periodistas Isabel Caro y Rocío Latorre, en el oficialismo reconocieron anoche que la decisión representa una importante derrota para La Moneda, empecinada con no aplicar la misma receta del ex Presidente Piñera para abordar el conflicto en el sur del país.

“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas”, argumentó la ministra Siches al dar a conocer la medida.

Con todo, la titular del Interior destacó que el estado de excepción será “acotado” y que regirá únicamente para resguardar la seguridad en las carreteras. Además, resaltó otras medidas, como la reactivación del proyecto que crea el ministerio de Pueblos Indígenas; el inicio de diálogos con representantes de comunidades mapuches; mayor presupuesto para la compra de tierras y la solicitud de un fiscal con dedicación preferente para perseguir el robo de madera y el narcotráfico en la zona. Lee más de esta historia.

El gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, comprometido en el plan Chile Apoya, que crea un fondo de hasta US$ 2 mil millones para estabilizar durante 2022 las cuentas del servicio eléctrico para todos aquellos clientes con consumos inferiores a los 250 kWh mensuales, equivalentes al 80% de los usuarios regulados.

Se explicó que de no mediar esta iniciativa es esperable que este segmento deba asumir el alza prevista en torno al 40% en las cuentas de luz a partir del 1 de julio. Así, de prosperar el proyecto, solo verían reajustadas sus facturaciones de acuerdo a la variación del IPC en relación al último periodo tarifario.

A su vez, para los clientes cuyos consumos mensuales estén entre 250 y 500 kWh, se considerará un ajuste máximo de 10% respecto al periodo anterior sobre la variación del IPC; y para aquellos con consumos sobre 500 kWh se permitirá un alza máxima de 15%.

Durante 2023, en tanto, y hasta el término de la vigencia de este mecanismo, se permitirán alzas de hasta 5% sobre el IPC para clientes con consumos inferiores a 250 kWh, mientras que para quienes cuyos consumos mensuales oscilen entre 250 y 500 kWh se considerará un reajuste máximo de 15% sobre IPC; y para los clientes con consumos sobre 500 kWh se cobrará el precio de nudo promedio de la energía de la fijación tarifaria que corresponda.

Respecto del financiamiento del fondo, se explicó que se recaudarán los recursos de manera “solidaria”, donde el mayor aporte provendrá de quienes consuman más energía. “Se establecerá de forma permanente, aunque progresiva, un cobro adicional que permita financiar un fondo de Estabilización y Emergencia Energética, el cual será soportado por todos los usuarios del sistema, libres y regulados, y seguirá criterios de solidaridad entre clientes y proporcionalidad, de acuerdo a tramos de consumo, con un tramo exento para quienes se ubiquen en el umbral más bajo (250 kWh)”, se señala en el proyecto. Lee más de esta historia.

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