El artículo 8 en el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast volvió a encender un debate que el Congreso ya había zanjado. La disposición que permite usar obras protegidas sin autorización ni pago para análisis masivo de datos no solo fue rechazada en su tramitación original, sino que hoy reapareció sin modificaciones, pese a las críticas que generó.

El núcleo de la controversia está en su espíritu. Desde el Ministerio de Ciencia, la defensa es clara. Según afirman desde la cartera, esto se trata de una herramienta habilitante para el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. La lógica es que los sistemas actuales requieren grandes volúmenes de datos para entrenarse, y que la legislación vigente introduce una “ambigüedad legal” que dificulta ese proceso.

Según explican desde el Ministerio de Ciencia, la norma busca “actualizar la legislación de propiedad intelectual” para permitir la minería de datos a gran escala, resguardando que no exista explotación encubierta de las obras. El objetivo, agregan, es generar certezas jurídicas que faciliten la innovación, atraigan inversión y fortalezcan capacidades locales.

En términos simples, la apuesta es abrir la “carretera de los datos” para que Chile no quede rezagado en la carrera global por la inteligencia artificial. Sin embargo, esa misma apertura es la que genera mayor resistencia.

Ya en 2024, cuando la norma fue presentada por la administración anterior, la entonces ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, reconocía la existencia de una tensión estructural sobre cómo equilibrar la protección de las obras con la necesidad de alimentar sistemas de IA. Esa tensión sigue intacta.

Para el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Álvaro Soto, el punto crítico está precisamente en ese equilibrio. “Es crucial proteger los derechos de los creadores sin obstaculizar el desarrollo de bienes públicos”, plantea. A su juicio, la IA debe estar al servicio de las personas, pero eso exige reconocer tanto la innovación como el derecho de los autores a decidir sobre el uso de sus obras o recibir compensación.

Una visión similar, aunque más favorable al espíritu de la norma, plantea Germán Gómez, investigador del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo. “El espíritu es bastante bueno”, afirma, subrayando que hoy los modelos de IA tienen escasa representación de datos latinoamericanos. Ante eso, el experto cree que permitir su uso podría mejorar la pertinencia de estas tecnologías en contextos locales.

Pero incluso quienes valoran ese objetivo advierten problemas en la implementación. El exsenador Felipe Harboe advertía algunos riesgos hace poco en una columna.

Zonas grises y falta de definiciones

Uno de los principales cuestionamientos técnicos apunta a la vaguedad del articulado. Conceptos como “explotación encubierta” carecen de definición precisa, lo que abre un amplio margen de interpretación.

Gómez, en tanto, advierte que esta ambigüedad debilita la protección efectiva de los creadores, y los deja “con pocas herramientas reales para defenderse”.

El académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Camilo Garrido, observa un problema adicional: la falta de claridad sobre la gobernanza de los datos. “¿Quién regula? ¿Dónde están los centros de acopio de información? ¿Cómo se audita el uso de estos datos?”, cuestiona. A su juicio, la norma parece avanzar hacia un modelo más laxo, donde el énfasis está en consumir datos más que en protegerlos.

El riesgo, agrega, es que se amplíen las brechas tanto legales como operacionales, especialmente si no se articula con normativas de protección de datos personales.

Vulneración de derechos de autor

Las objeciones más duras provienen de los gremios de medios y autores. La Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) coinciden en que la norma habilita el uso masivo de contenidos sin compensación, lo que afectaría directamente la sostenibilidad de la industria.

La Sociedad Chilena de Autores (SCD), en tanto, va más allá y acusa una vulneración estructural del derecho de autor. A su juicio, la propuesta “desprotege al más débil” frente a grandes empresas tecnológicas y rompe con el principio básico de autorización previa.

Sin embargo, en el mundo académico la evaluación es mixta. Para Jonathan Vásquez, académico de la U. de Valparaíso y cofundador de EvoAcademy, la versión actual del artículo representa un retroceso respecto de los avances logrados en la discusión anterior, donde se habían incorporado límites como fines no lucrativos y mecanismos de exclusión.

“El desarrollo tecnológico no puede basarse en desincentivar la creación de contenido”, advierte. A su juicio, el camino debiera ser un punto intermedio que permita innovación, pero con mecanismos claros de protección. Como ejemplo, el experto cuenta ejemplos como el de Warner Music Group (WMG) y la startup de IA Udio, por utilización de del contenido musical para crear otras piezas creadas con inteligencia artificial.

Ese diagnóstico conecta con una idea transversal entre expertos: la discusión no es si avanzar en inteligencia artificial, sino cómo hacerlo.

El propio Ministerio de Ciencia reconoce que se trata de un debate abierto y perfectible. La reaparición del artículo, según dicen, responde a la velocidad del avance tecnológico y a la necesidad de no quedar atrás.

Pero la experiencia previa en el Congreso muestra que ese equilibrio es difícil de alcanzar. La misma norma fue rechazada por falta de consenso, precisamente por las tensiones que hoy resurgen.

En la discusión pasada, se y tras la oposición de algunos parlamentarios y gremios de derechos de autor, el gobierno anterior ingresó una indicación y limitó su alcance solo a fines de investigación científica, sin fines de lucro, e incorporando un mecanismo de reserva de derechos (opt-out) en favor de los autores. La propuesta presentada este miércoles vuelve a la idea original, que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados.

Esa última idea es defendida por Gómez como una posible opción para amortiguar las críticas a este artículo que apareció en el megaproyecto de José Antonio Kast. “Un periodista, un cantante, un escritor puede salirse y decir que su obra no sea utilizada. Y, básicamente, con eso ya se puede solucionar mucho el problema. Pero no está muy claro que eso sea así, como se pone ahora”, concluyó el experto.