Las dos determinaciones, adoptadas frente al mismo sistema frontal, instalaron una discusión sobre los criterios para restringir actividades y las diferencias entre las autoridades centrales y municipales.

A pesar de los cuestionamientos, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explica que las resoluciones responden a evaluaciones de riesgo distintas y que no existe contradicción entre mantener las clases y suspender un espectáculo deportivo.

“Lo importante es proteger a las personas. Y, por lo tanto, el riesgo de las personas no es lo mismo en una actividad masiva puntual que la movilidad en toda la región o el establecimiento de las clases”, sostiene.

¿Pero cómo se toman estas decisiones y bajo qué criterios? El proceso está regulado por la Ley 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), dentro del cual Senapred cumple una función coordinadora. Estos pueden ser a través de Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) y también mediante mesas técnicas en caso de alguna emergencia puntual.

Las mesas técnicas reúnen información de organismos como la Dirección Meteorológica de Chile, Sernageomin, la Dirección de Obras Hidráulicas, las superintendencias de Electricidad y Combustibles y de Servicios Sanitarios, además de policías, Bomberos, Fuerzas Armadas y representantes ministeriales.

De esas instancias surgen los antecedentes que permiten evaluar riesgos y recomendar medidas. Pero, recalca Pavez, las decisiones corresponden a las autoridades con competencias específicas. “La mesa técnica no suspende partidos de fútbol. Senapred no suspende las clases”, enfatiza.

El subsecretario explica que Interior articula las decisiones políticas a partir de los informes técnicos, mientras cada repartición determina las medidas dentro de sus atribuciones. “Se levanta la información, la autoridad política llama, consulta, se toma la decisión. Pero la decisión la toma el ministerio con la información. No es que la mesa técnica tome la decisión”, señala.

En Educación, agrega, intervienen variables como la alimentación escolar, el cuidado de los niños y la continuidad del aprendizaje. En un espectáculo deportivo, en cambio, se consideran factores como la conectividad, la concentración de asistentes y las condiciones de seguridad.

“Es perfectamente posible que haya una alerta roja con suspensión de clases, y una sin suspensión de clases. Es perfectamente posible que haya una alerta roja sin perímetros de seguridad y una alerta roja con perímetros de seguridad”, explica. La clave, afirma, es que cada resolución tenga respaldo técnico.

Las diferencias con los municipios

La decisión de reanudar las clases tampoco estuvo libre de controversias. Aunque el Mineduc dispuso el retorno general a las aulas en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, municipios como La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Quillota, Los Vilos, La Calera, Nogales, Codegua y Machalí optaron por suspensiones en establecimientos bajo su administración.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó que se retomaran las actividades escolares mientras continuaba vigente la alerta roja y permanecían perímetros de seguridad por el aluvión del 8 de octubre. “A mí me sorprende (...) que se señale que hay clases para todas las comunas”, afirmó en 24 Horas. También pidió que el gobierno conversara con los alcaldes antes de adoptar esas determinaciones.

Consultado por estas discrepancias, Pavez descarta un conflicto institucional. El subsecretario comenta que, aunque lo deseable es que los establecimientos se ajusten a los lineamientos del Mineduc, los sostenedores cuentan con autonomía para resolver situaciones particulares.

“Hay algunos alcaldes que, utilizando una atribución, porque son sostenedores, decidieron suspender, y, por supuesto, son responsables administrativos y políticos de esa decisión”, asevera.

La discusión se produce después de una jornada que dejó evacuaciones, daños en viviendas y cortes de rutas, pero cuyas consecuencias fueron menores a las inicialmente temidas en algunos sectores. Según el último balance de Senapred, se reportan 31 personas damnificadas, 171 albergadas y 40 aisladas, además de viviendas dañadas y 28.241 clientes sin electricidad. La directora de la institución, Alicia Cebrián, recomendó evitar quebradas y cauces, y acatar las instrucciones de emergencia.

Ante los cuestionamientos sobre posibles medidas exageradas, Pavez defiende el despliegue preventivo y plantea que las autoridades deben equilibrar la seguridad con el funcionamiento cotidiano de las ciudades.

“Todas las decisiones que se toman son pensando en el bien común, que tiene que combinar la protección de las personas con el normal desenvolvimiento de la vida y de las ciudades”, destaca.

El subsecretario recuerda que, a diferencia del aluvión del 8 de octubre, las precipitaciones del martes se distribuyeron durante varias horas y no se concentraron en un pulso súbito de intensidad extrema. “Yo celebro la prevención”, dijo el subsecretario, y destacó la activación anticipada de las instancias de coordinación y el reforzamiento de equipos municipales y servicios de emergencia.

En esa línea, respaldó la resolución de Educación, “porque hoy día habría sido muy difícil de justificar, a la postre, una suspensión de clases”, asegura. Aunque reconoce, sin embargo, que las decisiones meteorológicas siempre contienen incertidumbre y que el sistema debe seguir perfeccionándose.