Este miércoles se informó sobre la reprogramación de la audiencia de desafuero en contra del diputado Joaquín Lavín León, quien está siendo investigado por delitos de tráfico de influencia y fraude al Fisco.

La cita judicial estaba fijada para el 4 de septiembre, sin embargo, la Corte de Apelaciones acogió la solicitud de la defensa y determinó aplazarla hasta el 11 del mismo mes a las 08.30 horas.

El esposo de Cathy Barriga, también investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, está en la mira del Ministerio Público por una defraudación al Fisco por más de $93 millones.

En concreto, la parte persecutora argumenta la petición del desafuero con la trama de Lavín y la aplicación Socialtazk, que era utilizada por candidatos de la UDI y los hermanos del parlamentario.

En el escrito la fiscalía explica que la plataforma era “igual a un servicio ofrecido por la empresa Panel Ciudadano, de propiedad de Juan Pablo Lavín, hermano del diputado y en la cual también participa otra hermana, María Estela Lavín".

En esa línea, el Ministerio Público defiende que la herramienta “era ofrecida y utilizada no sólo por el diputado Lavín León en su interés personal y el de su partido, sino que también formaba parte de un proyecto de las sociedades Panel Ciudadano y CHILETENDENCIA, de sus hermanos Juan Pablo Lavín León y María Estela Lavín León, quienes ofrecían los servicios de SOCIALTAZK, que estaban siendo financiados con fondos públicos del Congreso Nacional".

Además, entre 2020 y 2021, la fiscalía afirma que Lavín “ofreció la plataforma Socialtazk a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, a quienes les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita, únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional".

Junto con esto, también apuntan a Lavín por presunto financiamiento ilegal de la política, arista por la que se querelló el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La acción judicial no solo está diriga al parlamentario, sino que también incluye a su asesor Arnaldo Domínguez y los proveedores Juan Silvay Felipe Vásquez. Acorde al CDE, los querellados “se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno relacionado con las funciones propias del ejercicio del parlamentario”.