La implementación de un nuevo sistema de control de asistencia de trabajadores basado en reconocimiento facial y huella dactilar ha desatado una fuerte controversia en el Campus Juan Gómez Millas (JGM) de la Universidad de Chile. El modelo, que reemplaza el tradicional reloj de marcaje, fue diseñado por la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información (VTI) e implica la adquisición de 62 dispositivos distribuidos en distintas unidades de la casa de estudios.

Y es que la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Facultad de Filosofía y Humanidades (AFUCH) acusa que el sistema -instalado el pasado 3 de junio- ha sido “impuesto sin diálogo ni consentimiento informado”.

El sistema biométrico ya opera desde 2024 en sedes como la Dirección de Salud Estudiantil, Campus Sur o la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas cuando la casa de estudios anunció la modernización del sistema. Este año también se sumaron el Campus Deportivo y Medicina. En JGM, en tanto, se ha instalado en algunos sectores en modalidad de marcha blanca, pero aún no está activo de forma generalizada. Fue así que surgió el primer rechazo formal por parte de los funcionarios.

En una declaración publicada en redes sociales, AFUCH Filosofía y Humanidades expresó su “preocupación ante la posible implementación del sistema de marcaje biométrico facial” y cuestionó la falta de información oficial sobre su “alcance, fundamentos técnicos o jurídicos, y criterios para su aplicación”.

La agrupación también aseguró que la solicitud de antecedentes presentada a la VTI tuvo una respuesta “insuficiente”, sin detalles sobre la licitación, marco normativo o resguardo de los datos personales.

Por lo mismo, los funcionarios decidieron no utilizar el sistema, el que a la fecha mantienen tapado con cinta adhesiva para cubrir su cámara.

“Somos 8.000 trabajadoras y trabajadores quienes estaríamos obligados a marcar así, mientras que el estamento académico no. Es grave que Rectoría no haya entregado información clara sobre este proceso, que afecta directamente nuestra privacidad y nuestros derechos laborales”, advierte Constanza Heredia, presidenta de la asociación de funcionarios del campus.

En conversación con La Tercera, Heredia también cuestiona que se trate de una medida sin participación ni posibilidad real de consentimiento, pese a que se trata del uso de datos sensibles como el rostro.

Desde la Universidad de Chile, en tanto, la respuesta a este medio es que “en el marco del proceso de renovación de su parque tecnológico, la Universidad de Chile inició la implementación de un sistema de lectura biométrica para el control de asistencia de sus funcionarios y funcionarias. El nuevo sistema responde a la necesidad de reemplazar dispositivos con más de 20 años de funcionamiento (…) y fue adjudicado a través de un proceso de licitación pública que cumple con el resguardo y protección de datos personales”.

El proceso al que hacen referencia fue formalizado mediante la Resolución Exenta N° 2523 del 10 de diciembre de 2024, la cual aprueba las bases administrativas y técnicas para la licitación de estos dispositivos.

En el documento, la universidad invoca su facultad para organizar su funcionamiento interno y detalla que el sistema busca garantizar “un control preciso y seguro de asistencia”, además de mejorar la eficiencia institucional. Las bases exigen, además, que las empresas oferentes presenten una política de seguridad de datos personales y un programa de integridad.

Pese a estos estándares administrativos, los funcionarios alegan que no se ha transparentado públicamente cómo se gestionarán los datos recolectados ni se ha informado si existirá la posibilidad de no enrolarse.

“Nos preocupa que nuevamente seamos nosotros y nosotras, trabajadores no académicos, el único estamento sometido a este tipo de vigilancia”, afirma AFUCH en su declaración. A juicio de la agrupación, esto constituye una forma de discriminación al interior de la universidad.

La medida, dicen desde JGM, también reabre una discusión sobre la autonomía de las facultades frente a decisiones centralizadas, especialmente cuando se trata de medidas sensibles como el marcaje biométrico facial.

Y aunque el conflicto se visibilizó en Filosofía, desde el campus reconocen que el cuestionamiento podría extenderse a otras unidades. Por lo mismo, desde la asociación llamaron a sus pares a no registrar asistencia con el nuevo sistema hasta que existan garantías concretas de transparencia.

Por ahora, la U. de Chile avanza en la instalación del sistema en todos sus campus -según lo aprobado en el marco presupuestario 2024 por un total de $136 millones-.