La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas distribuidoras Frontel S.A. y Codiner S.A. por una serie de presuntos incumplimientos a la normativa eléctrica vigente, luego de las investigaciones realizadas a raíz del reciente sistema frontal que afectó a la Región de La Araucanía desde el pasado 15 de julio y que, en su momento más crítico, dejó a 215.806 clientes sin suministro eléctrico.

La medida fue adoptada tras una investigación desarrollada por la dirección regional de la SEC en La Araucanía, la que detectó antecedentes que darían cuenta de eventuales incumplimientos en las obligaciones legales que ambas compañías tienen respecto de la mantención de sus redes de distribución.

Según informó el organismo fiscalizador, uno de los principales aspectos observados corresponde a la gestión y monitoreo de la vegetación ubicada tanto al interior como en las inmediaciones de la franja de seguridad de las líneas eléctricas, situación que habría incidido en la prolongación de los cortes de suministro registrados durante la emergencia.

Las indagatorias también consideraron que, pese a haber transcurrido varios días desde el inicio del evento meteorológico, ambas distribuidoras mantenían a miles de clientes sin energía eléctrica.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la SEC, a las 12.00 horas del 21 de julio Frontel registraba 9.081 clientes afectados, mientras que Codiner mantenía 3.796 usuarios sin servicio, varios de ellos con interrupciones que superaban las 72 e incluso las 84 horas.

Antes del sistema frontal, la SEC había instruido a todas las empresas distribuidoras de la región implementar planes de contingencia con medidas preventivas y de mitigación, considerando las alertas emitidas por los organismos competentes respecto de las intensas precipitaciones y fuertes vientos pronosticados para la zona.

Durante el desarrollo de la emergencia, funcionarios del organismo realizaron labores de monitoreo y fiscalización en terreno, verificando distintos aspectos relacionados con la respuesta de las compañías, entre ellos la atención de pacientes electrodependientes, la disponibilidad de brigadas de emergencia y el estado de la infraestructura eléctrica.

Al respecto, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, sostuvo que “las empresas distribuidoras tienen la obligación permanente de mantener sus instalaciones en condiciones que permitan entregar un suministro eléctrico continuo y seguro a la ciudadanía. Por ello, cuando detectamos antecedentes que dan cuenta de eventuales incumplimientos a esas obligaciones, corresponde iniciar los procesos administrativos establecidos en la normativa vigente”.

La autoridad agregó que, si bien los fenómenos climáticos pueden provocar daños importantes en la infraestructura eléctrica, ello no exime a las empresas de cumplir con las exigencias preventivas establecidas en la legislación.

“Los eventos climáticos pueden generar afectaciones importantes a la infraestructura eléctrica, pero precisamente por ello las empresas deben adoptar todas las medidas preventivas que exige la normativa, especialmente cuando existe un pronóstico conocido con anticipación. Nuestro deber es determinar si esas obligaciones fueron efectivamente cumplidas y, de no ser así, aplicar las sanciones que correspondan”, afirmó.

Con la formulación de cargos se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio. A partir de ahora, Frontel y Codiner disponen del plazo establecido por la normativa para presentar sus respectivos descargos, los que serán analizados por la SEC antes de emitir una resolución definitiva sobre ambos casos.

De confirmarse los incumplimientos investigados, las distribuidoras podrían enfrentar las sanciones contempladas en la legislación vigente, cuyo objetivo es resguardar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico para los usuarios.