Una auditoría de la Contraloría Regional de Aysén reveló una serie de incumplimientos en la ampliación del Liceo Bicentenario Altos del Mackay, en Coyhaique, que se encuentra en uso sin contar con el permiso de edificación ni recepción definitiva otorgados por la municipalidad. Además, se constató que la construcción se encuentra en una zona de restricción ZR-2, según el Plan Regulador Comunal, que prohíbe edificaciones y señala que el espacio deberá mantener su uso rural, agrícola y forestal para preservar y mejorar el paisaje y evitar la erosión.

Según el Informe Final N°183 de 2026, la ampliación de 896 m² del establecimiento, que comprendía baños, 11 salas de clases, pasillos, bodega y sala de geotermia, se encuentra en uso sin contar con el permiso de edificación ni recepción definitiva, poniendo en un eventual riesgo a los 391 estudiantes desde 7° básico a 4° medio que asisten a dicho establecimiento educacional.

Adicionalmente, se constató que las instalaciones eléctricas y de gas de la caldera de respaldo del sistema de geotermia validada en terreno no se encuentran declaradas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Tampoco el establecimiento cuenta con sello verde vigente, ni con resolución sanitaria que autorice el funcionamiento de las instalaciones de agua potable y alcantarillado del edificio principal y la ampliación previamente descrita.

Pese a estas deficiencias, se verificó que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de la Región de Aysén otorgó el reconocimiento oficial al Liceo Bicentenario Altos del Mackay, a pesar de no contar con la recepción definitiva de la ampliación descrita.

Sobre este punto, considerando que lo observado corresponde a hechos susceptibles de ser subsanados, le corresponderá a esa Seremi implementar mecanismos de control, destinados a asegurar que los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente cumplan con los requisitos de infraestructura establecidos por el Ministerio de Educación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría Regional remitirá los antecedentes a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación para que ejerza su rol fiscalizador.