TC suspende caso del profesor acusado por daños de torniquetes en el Metro contra quien la Fiscalía pide 8 años de cárcel

En libertad quedo el profesor Roberto Campos,tras estar 53 días en prision preventiva.

La segunda sala del organismo procedió a paralizar la causa que está en la etapa previa del juicio oral luego que los defensores penales públicos, Mario Araya y Claudio Fierro, acudieran a la instancia para declarar inconstitucional la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra del docente Roberto Campos.




Cuestionando la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado (LSE), los defensores penales públicos Mario Araya y Claudio Fierro, acudieron hasta el Tribunal Constitucional (TC) con el propósito de derribar la acusación presentada el 5 de abril por la Fiscalía Sur en contra del profesor de matemáticas Roberto Campos Weiss para quien se solicitan 8 años de cárcel por los daños ocacionados en la estación de Metro San Joaquín en hechos previos al estallido social del 18 de octubre de 2019. Hoy la segunda sala del organismo acogió a trámite el libelo y suspendió el proceso penal en espera del examen de admisibilidad.

Los abogados del docente piden al TC declarar inconstitucional la invocación de la LSE que a juicio de ellos se ha utilizado históricamente de manera política y que eso se ve reflejado en que la única forma de aplicarla es que el Gobierno la invoque como es el caso que afecta a Campos. La situación, entonces, dice el escrito, impide al Ministerio Público calificar el delito, sino que al final lo hace el poder político, el Ejecutivo, y eso impacta en que la conducta delictual que se imputa no esté completamente descrita en la ley, lo que afecta el principio de tipicidad o taxatividad, garantizados en la Carta Magna.

La decisión de paralizar el caso fue de la sala que preside la presidenta del TC María Luisa Brahm y de los ministros Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo y María Pía Silva.

“Se acoge a tramitación el requerimiento deducido; al primer otrosí, por acompañados los documentos; al segundo otrosí, como se pide a la suspensión del procedimiento solicitada, pero sólo hasta que se resuelva acerca de la admisibilidad del requerimiento”, dice la resolución que además fue notificada al Ministerio del Interior y la Fiscalía.

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