El Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a tres exfuncionarios de la Dirección de Vialidad de la región, además de un extrabajador de una empresa constructora, por su responsabilidad en delitos de negociación incompatible, soborno y lavado de activos, por hechos registrados entre 2022 y 2023.

En un fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Sergio Álvarez Cáceres (presidente), Jairo Martínez Cuadra (redactor) y Sara Pizarro Grandón– condenó a G.E.L.F. a dos penas de 61 días de presidio, sustituidas por la remisión condicional por el término de un año, más la accesoria legal de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas y el pago de dos multas de $1.200.000, en calidad de autor de dos delitos recalificados de negociación incompatible.

El tribunal decretó su absolución por falta de acreditación en los delitos de fraude al fisco (2), lavado de activos (2) y cohecho.

En tanto, se condenó a C.A.D.H. a dos penas de 61 días de presidio, sustituidas por la remisión condicional por el plazo de un año, accesorias legales y el pago de multas por $1.000.000 y $1.200.000 respectivamente, en calidad de autor de los delitos consumados de soborno (recalificado) y lavado de activos.

Asimismo, fue absuelto de la acusación que le atribuía responsabilidad en tres delitos de fraude al fisco, cinco delitos de soborno y dos delitos de lavado de activos.

En el caso de L.R.M.H., el tribunal le impuso 61 días de presidio, sustituida por la remisión condicional por el plazo de un año, más la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 12 UTM, como autora del delito consumado de negociación incompatible.

Resultó absuelta de los delitos de fraude al fisco y soborno.

Finalmente, A.M.A.A. fue condenado a la pena de 61 días de presidio, más las accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y la suspensión para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado, con empresas o asociaciones en que el Estado tenga una participación mayoritaria o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública, por el término de dos años; más el pago de una multa de $1.200.000, como autor del delito recalificado de cohecho consumado. Pena y multa que se tienen por cumplidas, por el mayor tiempo que permaneció privado de libertad.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que los condenados que en esa época cumplían cargos públicos en la Dirección de Vialidad, en su calidad de fiscalizadores de obras y contratos, favorecieron a empresas constructoras que ejecutaban trabajos en Arica, a cambio de pagos en dinero.

La investigación de la de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI se conoció a mediados de 2023, con los primeros allanamientos de oficinas y detenciones.

La indagatoria estableció la participación de funcionarios de Vialidad que recibieron pagos ilícitos para fiscalizar y aprobar distintas obras públicas en esta ciudad y adjudicarse proyectos mediante una empresa de fachada.

Al formalizar a los implicados, desde el Ministerio Público explicaron que uno de los hechos investigados fueron los trabajos de mejoramiento de la calle Guillermo Sánchez, ejecutados por la constructora F.V.

El ente fiscalizador reportó que “la fiscalizadora de Vialidad de iniciales L.R.M.H., y su cónyuge C.A.D.H., conformaron la sociedad DELMEDH SPA, adjudicándose una obra menor de este proyecto, cobrando la suma de $49.739.148 pesos”.

Luego subcontrataron a una tercera empresa, la que finalmente ejecutó los trabajos y que cobró la suma de $32.130.001. De esta forma, la pareja se quedó con la diferencia de ambos montos, equivalente a $17.609.147. Todo ello fue aprobado por un funcionario fiscalizador general del contrato y amigo de ambos.

El año pasado, otros seis acusados fueron sancionados en juicios abreviados.