Desde 2022, las siete fundaciones que estaban a cargo de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República fueron redistribuidas bajo la tutela de distintos ministerios. Esta acción, concretada por la expareja del Presidente Boric, Irina Karamanos, básicamente eliminó las funciones administrativas que recaían sobre la primera dama, que se venían realizando desde la administración de Patricio Aylwin. “Es una etapa que enorgullece en el sentido de poder innovar la mirada que se pueda tener de una pareja presidencial o de los estereotipos asociados culturalmente a este rol de primeras damas”, puntualizó en su momento Karamanos.

Las fundaciones en cuestión: Tiempos Nuevos -que administra el Museo Interactivo Mirador-, y de Artesanías de Chile pasaron a estar a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) quedó a cargo de Presidencia, según indican fuentes internas, aunque el financiamiento para la institución llega desde la misma cartera. Por otro lado, las fundaciones Integra, Prodemu, y de las Familias pasaron a estar bajo la gestión de las carteras de Educación, Mujer y Desarrollo Social, respectivamente. Otra de las fundaciones de este grupo, Chilenter, traspasada al Mineduc, arrastraba deudas que bordeaban los 300 millones de pesos y fue cerrada a poco andar de este cambio en la administración.

Ahora, con la llegada de José Antonio Kast al Ejecutivo no se descarta la hipótesis de retrotraer esta medida y, en un principio, restaurar la figura de la primera dama y gran parte de sus deberes asociados, ahora a cargo de María Pía Adriasola.

Pero ¿qué dicen las fundaciones sobre esta posibilidad? ¿Les conviene o están mejor ahora que dependen de aportes financieros de sus respectivos ministerios?

Por ejemplo, el paso de la Fundación Tiempos Nuevos marcó un cambio estructural y programático en su quehacer. Desde la institución comentan que este traspaso implicó redefinir al MIM dentro del sistema nacional de museos, reforzando su carácter público y su integración a una red que articula instituciones estatales y privadas.

En general, las fundaciones reconocieron que si bien sus presupuestos se vieron afectados al depender de ministerios y sus respectivos intereses y prioridades, esto generó una nueva forma de operar para salir a buscar recursos de otras instituciones, tanto públicas como privadas. “También abrió líneas de trabajo, programación y alianzas antes menos desarrolladas, facilitando el acceso a financiamiento cultural, la colaboración con universidades, empresas y organismos internacionales, y el despliegue de proyectos de alto impacto territorial y educativo”, declaran desde Tiempos Nuevos. A ello se suma el fortalecimiento de los estándares de gobernanza, transparencia y solvencia financiera, con auditorías externas permanentes y la implementación de normativas de probidad y prevención de delitos económicos.

En ese sentido, aclaran desde el MIM que sus estados financieros han sido auditados externamente en 2022, 2023 y 2024, donde concluyeron un índice de liquidez de 1,5. Esto asegura capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, junto con un capital de trabajo de $ 673 millones, equivalente al 12% de sus ingresos ordinarios.

Desde Prodemu, del mismo modo, aclaran que tras el cambio de administración en 2022 han trabajado en “armonizar la oferta programática, simplificar y fortalecer las rutas de atención y mejorar la gestión institucional”. Como resultado, durante 2024 y 2025, dan cuenta de un mejoramiento de la cobertura programática, incluso más allá de las “exigencias de los convenios de transferencia”.

La Fundación de las Familias (Funfas) aclara también este punto. “Hemos debido ajustarnos a las dinámicas propias de la gestión ministerial y a las definiciones presupuestarias que forman parte de la distribución general de recursos públicos. Como ocurre en todo proceso de reordenamiento institucional, ha existido una readecuación de recursos que debe entenderse en el marco de las prioridades del Estado”, dijo su directora ejecutiva, Joseline Carbonell. En este contexto, para la ejecución del presupuesto 2026 dicha fundación se enfrentará a una disminución presupuestaria “que requerirá ajustes administrativos por parte de la próxima dirección ejecutiva”.

Pero también ratifican que a pesar de estos desafíos presupuestarios, el funcionamiento desde el ministerio ha permitido fortalecer la articulación con la oferta pública y los servicios estatales. Han ingresado otras fuentes de financiamiento que les permitió participar en el Plan Integral para Niños, Niñas y Adolescentes de la Subsecretaría de la Niñez.

Aunque también señalan que Funfas arrastraba un déficit acumulado previo a 2022. “A pesar de este escenario, en 2023 logramos un balance positivo para el ejercicio 2024 que no se había alcanzado en varios años, tendencia que esperamos mantener. Esto refleja un trabajo riguroso de gestión financiera y operativa con diversificación de fuentes estatales”, aclaran desde la institución.

En sintonía con ese mismo fortalecimiento, la Fundación Integra destacó el modelo de gobernanza especializado mediante la nueva forma de operar en coordinación con otros servicios del sistema educativo. Desde el 2022 la organización desarrolla un trabajo articulado con Junji y los jardines infantiles administrados Vía Transferencia de Fondos (VTF), liderado desde la Subsecretaría de Educación Parvularia. De hecho, esta institución dependiente del Mineduc es la mayor benefactora de Integra, con aportes que superaron los 400 mil millones de pesos anuales.

Pero la administración bajo esta lógica no ha sido igual en todos los casos. Si bien la Fundación Artesanías de Chile recibe alrededor de 1.000 millones anuales por parte del Ministerio de las Culturas, en un acta del directorio de febrero pasado se alertó que el organismo mantiene de una deuda de arrastre de 150 millones, y un déficit proyectado por 800 millones. En esa acta se consignó que “la presidenta del directorio precisó que la deuda con los artesanos es de 93 millones, por una parte, y de 50 millones por la venta de consignaciones”.

El futuro de estas fundaciones estará marcado, entonces, tanto por los posibles cambios que se pueda hacer para reorganizar sus respectivas administraciones, como también en la forma de gestionar los fondos que reciben año a año.

Desde Funfas reconocen que el futuro institucional debe definirse desde criterios técnicos y de política pública, más allá de preferencias por una u otra figura administrativa. “Lo fundamental no es bajo qué dependencia operemos, sino cómo se financie la Fundación, idealmente como una institución integral y no fragmentada por programas, lo cual facilita la gestión, la continuidad operativa y el impacto territorial”, señaló.

“La experiencia nos ha demostrado que el financiamiento fragmentado dificulta el funcionamiento institucional. Por ello, consideramos prioritario que cualquier futura administración, independientemente de su orientación política, garantice un modelo de financiamiento que respete la naturaleza integral de nuestro trabajo y asegure recursos estables para mantener la calidad del servicio a las familias beneficiadas”, concluyó Carbonell.