Las recientes modificaciones del Gobierno al proyecto de ley de Sala Cuna incorporan propuestas de la sociedad civil y la academia. Sin embargo, en lo que respecta al financiamiento, la propuesta va por el camino equivocado, lo que podría implicar un retroceso tanto para las trabajadoras como para las pequeñas empresas.

El cambio central en las indicaciones del Ejecutivo es la creación de un Fondo Solidario de Sala Cuna, financiado con una cotización obligatoria del 0,3% sobre las remuneraciones imponibles de los empleadores, un aumento respecto al 0,2% propuesto en el proyecto original. Este incremento en la cotización representa una carga considerable para las pequeñas empresas, que ya enfrentan márgenes de ganancia reducidos y dificultades económicas. Lo ideal sería que el financiamiento provenga completamente de una reducción de la cotización del fondo solidario del seguro de cesantía, por lo que es deseable contar con un informe financiero actualizado.

Según la Multigremial de Emprendedores, las pymes con 19 trabajadoras podrían ver un aumento mensual en sus gastos cercano a los $9.614.000 pesos solo para cumplir con esta nueva obligación. Esta carga adicional desincentiva la contratación femenina, especialmente de mujeres en edad fértil, debido a los altos costos que enfrentan los empleadores.

Además de este nuevo gasto, las indicaciones del gobierno establecen que los empleadores deberán cubrir el copago por la diferencia entre el aporte del fondo y el costo real de las salas cuna. Si el costo de la sala cuna es mayor que el aporte del fondo, la empresa deberá asumir ese gasto extra. Este doble costo genera una presión adicional sobre las pymes, que podrían verse incapaces de cumplir con la ley, dejando a muchas trabajadoras sin el acceso a este beneficio.

Este incremento en los costos laborales se suma a la reforma previsional, que también plantea un aumento en las cotizaciones, lo que genera aún más presión sobre las empresas. En un país donde el desempleo femenino supera el 10% y la participación de las mujeres en el mercado laboral es de solo 53%, cualquier medida que incremente los costos de contratación pone en peligro la inclusión laboral femenina. En lugar de promover la contratación de mujeres, estas modificaciones pueden resultar en una mayor discriminación y en la exclusión de las mujeres del empleo formal.

Otro de los aspectos problemáticos de las indicaciones es la exigencia de que las salas cuna estén acreditadas por el Ministerio de Educación. Aunque asegurar la calidad de los servicios es muy importante y necesario, este requisito -en la forma en que se plantea- introduce barreras burocráticas y genera costos adicionales que podrían excluir a muchas empresas, especialmente en zonas rurales o en sectores laborales con horarios nocturnos, donde no hay suficientes opciones de centros acreditados. Esto distorsiona la universalidad del beneficio. En lugares donde las opciones son limitadas, las pequeñas empresas se verían obligadas a incurrir en costos adicionales o quedar en infracción, lo que añade más complicaciones para los empleadores y pone en riesgo a las trabajadoras.

Las indicaciones del gobierno al proyecto de ley de Sala Cuna distorsionan los avances alcanzados en la propuesta original. Con el aumento de las cotizaciones y la imposición de un copago adicional para los empleadores, la reforma se aleja de su objetivo de garantizar el acceso universal a la sala cuna, convirtiéndose en una carga insostenible para las pequeñas empresas. Es urgente que tanto el gobierno como el Congreso reconsideren el financiamiento de esta reforma, buscando un sistema que asegure igualdad de oportunidades sin agravar la crisis laboral que afecta a Chile.

*El autor de la columna es coordinadora legal de Clapes UC