Hay frases que uno no espera leer en una encíclica papal. Esta es de León XIV, en su carta Magnifica Humanitas: “la libertad, en la era digital, no es sólo una cuestión interior; es también un asunto público”. No la firma un regulador ni un experto en datos. La firma un Papa. Y conviene tomarla en serio, porque describe con precisión casi jurídica un problema que en Chile seguimos tratando como si fuera un asunto doméstico.

El numeral 171 lo explica sin rodeos: cuando cada gesto deja huellas -desplazamientos, compras, relaciones, preferencias- nace un poder nuevo, el de perfilar, prever y orientar comportamientos, muchas veces sin que las personas tengan plena conciencia de ello. El control ya no opera solo por prohibiciones explícitas. Opera por lo que el texto llama la arquitectura de la visibilidad: lo que se amplifica o se vuelve invisible, lo que se recompensa o se penaliza, termina moldeando opiniones y elecciones, y genera conformismo y autocensura.

El mismo numeral 171 advierte sobre un terreno aún más incómodo: la dependencia y la mercantilización de la atención. Los patrones algorítmicos no están diseñados para informarnos; están diseñados para retenernos. Capturan la atención, miden nuestra reacción y nos devuelven, una y otra vez, aquello que nos mantiene conectados. Visto de cerca, parece apenas un hábito molesto. Visto a escala agregada -cientos de millones de personas optimizadas por el mismo sistema- es un poder de conformación social sin precedentes.

Hay un punto donde esto deja de ser un debate técnico y se vuelve una cuestión moral: los niños. Diseñar para generar adicción es una cosa cuando el usuario es un adulto que, al menos en teoría, puede defenderse. Es otra muy distinta cuando el destinatario es un menor cuya capacidad de autorregulación todavía se está formando. Llamémoslo por su nombre: cuando una industria construye productos para volver dependientes a los niños frente a las redes sociales y a otras plataformas, estamos ante una forma de explotación que ninguna sociedad debería normalizar.

Lo notable es nuestra incoherencia. Tenemos reglas muy estrictas para el acceso al tabaco y al alcohol. Los dejamos fuera de espacios sociales completos -el deporte, lo educativo-, y no solo para los menores de edad. Aceptamos que ciertas cosas, aun siendo legales, requieren límites, distancia y resguardo. ¿Por qué con estas megaplataformas haríamos lo contrario?

Lo mismo ocurre con la difusión de información falsa. A los medios de comunicación les exigimos regulación e institucionalidad, precisamente para evitar y reprimir abusos, para impedir que la verdad colapse bajo los mismos efectos de manipulación y control. Pero parece que, si ese mismo abuso ocurre dentro de una de estas megaplataformas, las reglas no aplican. Lo que en cualquier otro contexto se reprime y se sanciona, ahí se tolera. Y el problema ya no es solo con los niños: es con nuestra sociedad en su conjunto. Cuando la desinformación circula sin restricciones a escala masiva, no hay adulto que quede inmune, ni institución que salga intacta.

¿Vamos solo a ignorarlo y mirar al cielo?

La encíclica no pide nostalgia ni rechazo de la tecnología. Pide lo que el propio numeral 171 enumera con claridad: normas claras, transparencia, vías de recurso y límites proporcionados al uso de tecnologías invasivas, para que la técnica siga estando al servicio de la persona y no se convierta en una forma de dominio de las conciencias. Es, casi palabra por palabra, el lenguaje de la protección de datos y de la regulación democrática.

En alguna medida, en Chile estas preocupaciones ya empiezan a tener respuesta. La reforma a la Ley de Protección de Datos Personales -la Ley N° 21.719- incorpora principios, límites y derechos que apuntan en esa dirección: tratar los datos con una base de licitud, con transparencia y con resguardos frente a las decisiones automatizadas. Es un avance real y necesario. Pero, sin duda, no es suficiente. La adicción diseñada, la captura de la atención de los niños y el poder de conformación de estas plataformas desbordan lo que cualquier ley de datos puede abarcar por sí sola. Exigen, además, decisiones de política pública que todavía no hemos tomado.

No es necesario ser católico, ni creyente, para valorar esta posición del Papa León. Basta con tomarse en serio la libertad: la propia y, sobre todo, la de quienes todavía no pueden defenderla.

El daño que estamos admitiendo en nuestras sociedades y en nuestras familias exige una reflexión colectiva, no un encogimiento de hombros. El numeral 171 recuerda algo simple: que una conducta sea rentable y esté permitida no la vuelve aceptable. Lo demás es decidir si seguimos mirando al cielo.

Por Marcelo Drago Aguirre, abogado.