Por Joaquín DíazBancada DC solicita a Contraloría pronunciarse por programa de reclutamiento impulsado por equipo de Kast
El diputado Héctor Barría cuestionó la legalidad del llamado “Futuro Público”, impulsado por la oficina del Presidente electo, y pidió además un pronunciamiento del Servicio Civil.

La bancada de diputadas y diputados de la Democracia Cristiana ofició a la Contraloría General de la República y al Servicio Civil para que se pronuncien respecto de la legalidad del proceso de reclutamiento y formación de funcionarios públicos que está impulsando la oficina del Presidente electo, José Antonio Kast.
La acción fue encabezada por el jefe de bancada DC, Héctor Barría, quien manifestó su preocupación por el programa denominado “Futuro Público”, iniciativa que —según se ha informado— busca reclutar a jóvenes profesionales para integrarse como funcionarios públicos durante el próximo gobierno.
“Creemos que esta metodología no es válida”, sostuvo Barría, explicando que el equipo del mandatario electo habilitó una plataforma web para seleccionar a profesionales de hasta 35 años, con el objetivo de conformar una red de jóvenes que pongan su talento “al servicio de Chile”.
En esa línea, el diputado advirtió que el mecanismo no se ajustaría a las normas vigentes para el ingreso al Estado, dado que “no es una forma de selección de funcionarios públicos reconocida actualmente en el ordenamiento jurídico, donde existen normas claras para el ingreso al servicio público a través de rigurosos procesos de postulación y concurso que realiza el Servicio Civil”.
Barría agregó que el llamado realizado por el equipo del Presidente electo constituye “una mala señal”, en la medida que se promueva el reclutamiento de personas para integrarse a ministerios, subsecretarías y otros servicios públicos al margen del sistema institucional existente.
“Esto parece más una forma de reclutar gente incondicional para incorporar al aparato público, en vez de buscar el ingreso de funcionarios idóneos mediante un proceso riguroso e imparcial”, sostuvo.
El parlamentario indicó que solicitó formalmente a la Contraloría que evalúe la legalidad del programa y determine si se ajusta a la normativa vigente.
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