Convencionales ingresan propuesta de norma para eliminar el Tribunal Constitucional en la nueva Carta Magna

FOTO CRISTOBAL ESCOBAR /AGENCIAUNO

“Lo que planteamos, es que si alguien manifiesta que una norma es contraria a la constitucionalidad, esta se eleva a la Corte Suprema, que debe establecer si la norma es constitucional o no, y si es declarada inconstitucional, el legislador y el Congreso puede conocer el contenido y si constitucionalidad”, explicó la convencional Manuela Royo.


Este jueves -luego de que a inicios de noviembre comenzara el periodo para el ingreso de propuestas constitucionales-, un grupo de convencionales miembros de la comisión de Sistemas de Justicia, inscribió una nueva iniciativa de norma constitucional, la que debe ser discutida y aprobada para llegar a ser parte de la nueva Carta Fundamental en la que trabaja el órgano redactor.

En concreto, la norma apunta a eliminar el Tribunal Constitucional (TC) en la nueva Constitución, institución conformada el 2005.

Según explicó la convencional Manuela Royo (Lista del Apruebo) -en compañía de los convencionales Christian Viera (Lista del Apruebo), Fernando Atria (Apruebo Dignidad), Constanza Schonhaut (Apruebo Dignidad), Mauricio Daza (Regionalismo Ciudadano Independiente) y Hugo Gutiérrez (Apruebo Dignidad) -, la iniciativa surge a parte de que “hoy día estamos iniciando un camino histórico de transformación profunda de nuestro sistema de justicia y del control de constitucionalidad que existe en nuestro país”.

Parte de lo que es la crisis de nuestro sistema de justicia dice relación con los fuertes cuestionamientos al control que ejerce el Tribunal Constitucional. En ese sentido, hoy presentamos una iniciativa que radica el control de inaplicabilidad de una norma por inconstitucionalidad”, añadió Royo.

De allí que ingresaron una iniciativa que “pone fin al control preventivo de constitucionalidad que ha realizado el TC y también al control represivo de inaplicabilidad de una norma, que dice relación con comprender y establecer si una norma es acorde o no con la Constitución”, dijo la convencional. “Lo que planteamos, es que si alguien manifiesta que una norma es contraria a la constitucionalidad, esta se eleva a la Corte Suprema, que debe establecer si la norma es constitucional o no, y si es declarada inconstitucional, el legislador y el Congreso puede conocer el contenido y si constitucionalidad”.

Según argumentó Manuela Royo, esta norma “transforma el sistema de control de la constitucionalidad, lo democratiza y evita que un TC sin legitimidad democrática conozca respecto de la constitucionalidad de las leyes y que haga un trabajo de legislación negativo”.

Complementando la exposición de Royo, el convencional Christian Viera hizo hincapié en que esta norma busca “la transformación de la justicia constitucional. No es la eliminación de la justicia y control, es un reemplazo y modificación sustantiva”. Lo que según Viera, responde a “múltiples razones”.

“Principalmente, el desprestigio de un tribunal que se ha transformado en la práctica en legislador, en una tercera cámara, pero sobre todo para actualizar el tipo de control en términos democráticos. (...) El tipo de control que proponemos es débil. En el evento que se acoja la inconstitucionalidad, se remite al Congreso para que mediante un proceso legislativo simplificado, se puedan hacer cargo o no de las observaciones en torno a la ley en cuestión. Es una deferencia con el órgano legislativo”, concluyó al respecto.

Por su parte Fernando Atria manifestó que esta iniciativa “ha sido el resultado de una conversación que se hace cargo de mirar con atención la experiencia que hemos tenido en Chile con el TC, retener lo importante del aporte del control constitucional, pero enfrentar las patologías que el TC ha mostrado”, dijo refiriéndose, por ejemplo, a la designación de miembros del TC, lo que esta propuesta, plantea una conformación de nueve jueves por sorteo.

Proponemos que los jueces de la Corte Suprema no sean elegidos como se designan actualmente, en que básicamente interviene la autoridad política”, dijo el convencional Mauricio Daza. ”Estamos discutiendo propuestas para crear un órgano autónomo, un consejo superior de justicia que esté a cargo de esas designaciones. Es un elemento relevante a considerar al establecer las bases de este nuevo control de constitucionalidad de las leyes sin TC”.

Finalmente, Daza agregó: “Justicia constitucional no es sinónimo de TC, y menos en un estado democrático de derecho en el actual escenario en que el TC ha sido capturado por operadores políticos que sirven los intereses de ciertos grupos”.

“Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados”

Pero la norma que busca eliminar al TC de la Constitución no será la única que se presentará durante esta jornada, ya que también se expondrá la propuesta de “derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados”.

Según detalla el documento, “el objetivo de la norma propuesta es establecer un marco constitucional que permita garantizar el derecho multidimensional al cuidado”.

De allí que establece que “todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad”, incluyendo “generar normativas y políticas públicas, basadas en el enfoque de derechos humanos y de género, y la promoción de la autonomía personal”.

Así mismo, dicta que el trabajo doméstico y de cuidados “son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas”.

Dicha iniciativa cuenta con la firma de las convencionales Mariela Serey, Constanza Schonhaut, Aurora Delgado, Tatiana Urrutia, Ingrid Villena, Tammy Pustilnick, Bárbara Sepúlveda, Adriana Ampuero, Alondra Carrillo, Janis Meneses, Malucha Pinto, Ramona Reyes, Patricia Politzer, Manuela Arroyo, Giovana Grandon y Bessy Gallardo.

Además, contó con la participación de representantes de las organizaciones Coordinadora 8M, Asociación Yo Cuido, Fundación de la Familia Cuidadora Kam, Fenpof Chile, Fundación Apost, Nodo XXI, Internacional de Servicios Públicos (capítulo Chile) y Frente Feminista CS.

De esta forma, ambas propuestas ingresadas esta mañana se suman a otras como “el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”, “garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos”, y el “derecho humano al agua”.

Con todo, los convencionales deberán discutir -en sus respectivas comisiones- las normas que han sido ingresadas para luego someterlas a votación general. De hecho, la Secretaría Técnica recomendó que dichas votaciones comiencen el 20 de enero.

En todo caso, previo a la recomendación de la Secretaría Técnica, cada comisión tenía su propio cronograma, lo que significa que habían distintas fechas para el proceso de votación según terminaran con sus audiencias públicas. Es más, este miércoles las comisiones de Principios Constitucionales y la de Sistemas de Conocimientos comenzaron oficialmente la discusión de las normas constitucionales.

Por otra parte, se recomendó que las votaciones en particular de las propuestas de normas no sea antes del 2 de febrero.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbase aquí.

“Es lamentable esta falta de civilidad, que incluso tiene pena de cárcel”, dijo la jefa comunal Daniela Peñaloza.