Diputados acusan a sus pares de no inhabilitarse en votación de proyecto sobre "integración social" pese a tener intereses en inmobiliarias

Esta tarde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de integración social impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera en una votación que no estuvo exenta de polémica.

Esto porque algunos parlamentarios de la Cámara Baja acusaron a sus pares de no inhabilitarse a la hora de sufragar la iniciativa pese a tener intereses en inmobiliarias.

El primero en marcar el punto en la sala fue Manuel Monsalve (PS), quien antes de que se procediera a la votación, pidió un pronunciamiento del secretario de la corporación debido a que, según aseguró "entiendo que en la sala hay parlamentarios que son dueños de inmobiliarias, por tanto tienen acciones en inmobiliarias".

Y agregó que "es evidente que el proyecto contiene artículos que benefician a las empresas inmobiliarias y, por lo tanto, resulta razonable de acuerdo al reglamento, que los diputados que tienen interés personal, o sea don dueños de acciones, en algunos casos del 100% de las empresas, deban abstenerse de votar en este proyecto de ley".

El secretario de la sala citó un fallo de ética en el que se indicaba que los diputados inhabilitados no podían votar, pero que quienes lo hicieran, teniendo conflicto de interés podrían ser sancionados posteriormente por la Comisión de Ética. 

Una vez que se aprobó la iniciativa los reclamos de algunos parlamentarios no cesaron. Uno de ellos fue el presidente de la Comisión de Vivienda, Gonzalo Winter (MA), quien acusó que "muchos diputados, un porcentaje importante, tienen intereses en empresas inmobiliarias y no se inhabilitaron, sino que hoy votaron algo que les afecta directamente a su bolsillo".

En la misma línea, el diputado Juan Luis Castro (PS) declaró que "hoy, según antecedentes preliminares, el 15,5% de la Cámara de Diputados es parte de sociedad inmobiliarias como propietarios o socios. Y la cuarta parte de la Comisión de Vivienda de esta Cámara también tiene igual conflicto de interés".

"En la sala nadie invocó el artítulo de inhbailidad por conflicto de interés. Y por tanto, como miembro de la comisión de ética voya  requerir el cruce de información de la votación que hubo en sala, en particular y general, con la declaración de intereses y patrimonio de los 155 diputados, porque aquellos que no se acogieron a este artículo estarán sometidos a lo que establezca la Corporación en cuanto a transgredir el código de ética", anunció.

Pablo Kast (Evópoli), es uno de los diputados con intereses inmobiliarios, pero defendió su derecho a votar la iniciativa en sala. "Yo he sido arquitecto toda mi vida, y he tenido a través de una sociedad desarrollos inmobiliarios, en donde jamás he tenido una vinculación con ningún subsidio o ningún vínculo con el Estado", indicó.

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, valoró el paso dado por la iniciativa del Ejecutivo en la Cámara, la que ahora deberá pasar al Senado para continuar su trámite legislativo.

"Hoy gana la ciudadanía, porque tenemos un proyecto de ley que pasa a un segundo trámite que permite, que familias y personas que antes no tenían la posibilidad de beneficiarse de una ciudad bien equipada, cercana al metro, cercana a su trabajo o a buenos servicios, hoy lo puedan lograr", declaró.

Consultado sobre si la iniciativa intervenía en los planes reguladores de las comunas, el secretario de Estado indicó que "en esta ley lo que se hace es que si un municipio o una comuna, en su plano regulador no tiene incorporado la integración social dentro de su planificación, tiene que hacerlo. Si un municipio o alcalde va a dictar un nuevo plano regulador o lo va a actualizar, tiene que incorporar la integración social, tiene que tener dispuesto y resuelto dónde estarán las viviendas sociales en su comuna y no en cualquier lugar, sino que tiene que ser en lugares bien equipados".

El proyecto pudo ser analizado y votado hoy tras el acuerdo que Monckeberg logró con la bancada DC, con quienes trabajaron para llegar a acuerdos en algunos puntos polémicos de la iniciativa.

Winter, en tanto, se mostró disconforme con lo adoptado por la sala. "Este proyecto, y la parte que se aprobó, consiste en pensar en que es el sector inmobiliario el que tiene que solucionar el problema de la vivienda y lo que tiene que hacer el Estado es maximizarles las ganancias permitiéndoles pasar por encima de los planos reguladores", indicó.

Para el diputado del Movimiento Autonomista la aprobación del proyecto "es una mala noticia para la ciudad, una mala noticia para los comités de vivienda que postulan de manera colectiva y en buena hora se rechazó una parte del proyecto, que era ya una exageración, una carta de amor romántica al sector inmobiliario que establecía que se podían construir edificios de arriendo privado en terrenos públicos".