El Presidente Gabriel Boric, en su declaración a Fiscalía por la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, habría señalado que no habría sido informado de la inhabilidad constitucional en que se incurría con aquel proceso.

Así lo reveló una nota publicada por El Mercurio, en que se detalla la declaración realizada por el Mandatario al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, el pasado viernes 29 de marzo.

En la declaración, Boric habría explicado que conversó con la senadora Isabel Allende entre 2022 y 2023 “la idea de preservar patrimonialmente la casa del Presidente Allende”. Sin embargo, también enfatizó que “ni la senadora ni nadie de su familia ejerció nunca presión para la adquisición de la casa”.

Por otro lado, consultado sobre aspectos jurídicos del caso, el Presidente sostuvo que “jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional”. Así, habría rechazado que le informaran del caso las ministras de Bienes Nacionales o de Cultura y que solamente se habría enterado por su jefe de gabinete tras la explosión del caso.

En ese contexto, algunos de los parlamentarios que investigaron las implicancias del caso en la comisión especial investigadora respectiva se refirieron a las declaraciones del Presidente Boric.

Diputados de la CEI Casa de Allende

El Presidente de aquella instancia, Andrés Longton (RN), consideró que era algo “bastante impresentable que el Presidente de la República alegue desconocimiento de la ley o la Constitución para no cumplir con ésta”.

Señalando que “no todos tienen el lujo de incumplir la ley y que no tengan consecuencias”, el parlamentario agregó que “o hay mala fe porque hubo las advertencias que tenían que hacerse partiendo por quién era la jefa jurídica de Segpres y tenía conocimiento de esta inhabilidad, como lo dijo en la Comisión Investigadora, o bien estamos frente a alguien que no tiene las más mínimas capacidades para poder gobernar nuestro país”.

Desde la misma bancada, la diputada Paula Labra (Ind. RN) consideró las declaraciones del Presidente Boric como “gravísimas”.

“Es preocupante que reconozca implícitamente ignorancia de su parte frente a la Constitución. Es incomprensible, por último, por sentido común, que no supiera que estaba firmando una inconstitucionalidad de 900 millones de pesos que iría al bolsillo de una ministra y una senadora en ese entonces”, agregó al respecto.

La parlamentaria también cargó contra la jefa de la división jurídico legislativa de Presidencia, Francisca Moya, de quien dice “inmediatamente se le debió pedir la renuncia”.

“Todo esto se contradice con lo que fue recabado en la comisión investigadora, porque la ex jefa jurídica de bienes nacionales, Macarena Díez, reconoció presiones de altos funcionarios de gobierno para apurar la compra. Las declaraciones del Presidente Boric son totalmente contradictorias y confusas respecto a lo que se ha podido recabar”, señaló la diputada.

Para la diputada Marlene Pérez (Ind. UDI) “es prácticamente imposible que nadie le advirtiera al Ejecutivo, de todos sus asesores, de la inhabilidad que existía en la compra de esta propiedad”.

“Esto incluso ha sido respaldado por una serie de antecedentes que efectivamente dan cuenta en ministerios como el de Cultura, en la Segpres, que sí tuvo conocimiento de esta inhabilidad”, explicó Pérez.

“Por lo tanto, la imagen que queda es que el Presidente Gabriel Boric quiso insistir hasta el último minuto en la compra de esta propiedad, sin ni siquiera importar lo que realmente había detrás de estas infracciones que se estaban cometiendo”, concluyó al respecto.

“La verdad es que no le creo al Presidente, por la sencilla razón de que los hechos que se establecieron en la comisión investigadora, que se abocó a investigar las responsabilidades políticas y administrativas sobre la irregular compra de la casa de la familia Allende, señalan absolutamente lo contrario”, señaló sobre estas declaraciones el diputado Gustavo Benavente (UDI).

“Aquí las inhabilidades el Presidente tenía que conocerlas porque mucha gente cercana a él las había conocido. Y en segundo lugar, las presiones para avanzar, a mi juicio, por los hechos, creo que emanan del propio presidente. Él firmó el decreto que ordenaba adquirir la casa de la familia Allende, siendo que no tenía incluso ninguna obligación legal para hacerlo", agregó al respeto.