Pese a que La Moneda optó por tomar distancia de la tesis del Frente Amplio sobre espionaje político en las escuchas telefónicas a los involucrados del caso ProCultura, la presidenta de la tienda, Constanza Martínez elevó el tono y afirmó que el Ministerio Público realizó la diligencia contra Josefina Huneeus sin autorización judicial.

Sin embargo, la medida que un principo estaba dirigida a Alberto Larraín sí fue aprobada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, según ha informado el Ministerio Público.

De todas formas, Martínez criticó: “Estamos planteando que acá hay un problema de funcionamiento en unos aspectos del Ministerio Público, que sí pueden tener aprovechamiento político. Primero, el teléfono pinchado no es el teléfono que se quería pinchar. Luego se extiende la autorización (para escuchar el móvil de Huneeus), pero las escuchas previas (con el Presidente) no están autorizadas por un tribunal“.

En esa línea, reclamó que aunque no se autorizaron escuchas al Mandatario, de todas formas se grabó el diálogo que sostuvo con Huneeus.

Y agregó: “Se pinchan conversaciones del Presidente en un teléfono de su psiquiatra. Entonces lo que están buscando es encontrar una conversación con el Presidente“.

Además, defendió que lo mismo sucedió con el exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi.

“Lo que nosotros estamos planteando es que cuando hay posibilidades de que haya espionaje en el caso del Presidente de la República –no lo decimos respecto a todas las personas– nos estamos refiriendo a conversaciones que pueden tener un carácter de defensa del Estado de Derecho y de las instituciones. Con eso no quiero decir que no se investigue, ni que no se solicite medidas intrusivas", detalló en entrevista con T13 Radio.

En esa línea, reiteró: “El problema particular de espionaje en este caso es que estamos hablando de la máxima autoridad de la República, donde puede tener conversacionesde carácter de defensa interna. Eso sí requiere una aproximación mucho más certera sobre el respeto a la Constitución y las leyes”.

Por lo mismo, al ser consultada por la envergadura de sus acusaciones, Martínez manifestó: “Es grave, pero también es muy grave lo que está pasando. Nadie está considerando lo grave que es que pincharle el teléfono al Presidente cuando dos veces el tribunal dijo que no. De hecho, el Tribunal de Garantía habla de derecho penal de autor. El derecho penal de autor trata de decir que a uno se le persigue por la ideología política que tiene y por el cargo que detenta. Eso pasaba en el régimen nazi. Lo dice el Tribunal de Garantía, no lo digo yo".

La presidenta del FA reclamó que “nadie se escandaliza con que pinchen el teléfono del Presidente sin autorización judicial, porque eso es lo que pasa en este caso”.