El inicio de la discusión, en primer trámite constitucional, de un proyecto de ley presentado por senadores de derecha, encabezados por Francisco Chahuán (RN), encendió una de las últimas semanas de la actual legislatura.

La iniciativa, que permite “la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad“, con reclusión domiciliaria total, en casos como enfermedad crónica, mental o a quienes tengan 80 años, fue presentado el 30 de enero de 2025, además de Chahuán, por Luz Ebensperger (UDI), Alejandro Kusanovic (Ind.), Carlos Kuschel (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Luego de su paso por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, en noviembre de ese año, pasó a la sala para su discusión en general y particular.

Sin embargo, encontró resistencia, por tanto la iniciativa no pudo ser votada como era la aspiración de la derecha.

En concreto, el senador Alfonso de Urresti (PS) pidió que la iniciativa sea revisada por la Comisión de Constitución. “Es importante que la comisión especializada pueda ver ese proyecto”, argumentó el socialista.

En respuesta, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), señaló que esa petición ya había sido votada en la reunión de comités y se rechazó.

“Usted tiene razón en lo que señala pero la sala es soberana”, insistió De Urresti.

A su turno, el senador Daniel Núñez (PC) advirtió de antemano que haría reserva de constitucionalidad.

Quien también se sumó a los reparos fue Matías Walker (Demócratas), quien aseguró que el proyecto “tiene vicios de constitucionalidad”.

Por último, la cortapisa final la puso Juan Ignacio Latorre (FA), quien pidió segunda discusión, impidiendo, por reglamento, que se votara en la sesión de este miércoles.

Los reproches de La Moneda

Resuelto el tema procedimental, y pasando a la discusión inicial, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), embistió duramente contra la iniciativa.

En primer lugar, el secretario de Estado lamentó que el proyecto no pasara por la Comisión de Constitución, y aseguró que “tiene un conjunto de falencias técnicas realmente importantes”.

En detalle, Gajardo sostuvo que el proyecto tiende a la liberación de personas condenadas por delitos de lesa humanidad o contra la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes.

“Desconoce la mayoritaria y tradicional visión equilibrada entre fin preventivo y retributivo de la pena que la doctrina penal y la jurisprudencia chilena han mantenido”, argumentó más adelante el titular de Justicia.

Junto con ello, Gajardo sostuvo que en el proyecto “no se establecen elementos para definir qué se entiende por enfermedad crónica ni se entregan parámetros sobre la gravedad de la misma. Tampoco se define qué se entiende por tratamiento adecuado en el sistema penitenciario, pudiendo dar lugar a interpretaciones equívocas y, por cierto, inequidad en su aplicación”.

Más adelante, el ministro detalló en cifras a quienes podría excarcelar este proyecto. En ese plano, sostuvo Gajardo, hay 370 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, 365 por delitos comunes, de los cuales, 192 son condenados por abusos sexuales, 155 por violación, 27 por homicidio y 5 por parricidio.

Luego, Gajardo ejemplificó, con nombre y apellido: Julio Pérez, más conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”, y que está condenado a cadena perpetua, podría ser beneficiario.

“Este proyecto se fundamenta únicamente en el cumplimiento de una determinada edad y no hace razón respecto a la gravedad del delito. Todo esto no se condice con los principios del derecho internacional ni con otros principios jurídicos referidos a la necesidad de investigación, de investigación, sanción y cumplimiento efectivo de la pena para responsables de delitos tan graves. Solo por dar un ejemplo, Julio Pérez, que hizo desaparecer y violó a alrededor de catorce mujeres en la Región de Tarapacá, en la comuna de Alto Hospicio, el día de mañana, podría ser beneficiario con esta normativa”, dijo el ministro.

Debate parlamentario

De parte de los senadores, entre los defensores del proyecto estuvo Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien señaló que la iniciativa “no busca la impunidad o dejar en libertad a condenados, sino la posibilidad de un cumplimiento alternativo de la pena, la reclusión domiciliara total... Este proyecto de ley nace de la necesidad de reconocer las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los adultos mayores en reclusión”.

Su par de la UDI, José Durana, sostuvo que “cuando el Estado no se hace cargo de esa realidad, lo que se produce no es justicia, sino improvisación, o incluso puede llegar a ser venganza”, añadió Durana.

De parte de sus detractores, que tomaron la palabra en masa para lanzar sus dardos, intervino, entre otros, Fabiola Campillai (Ind.-DC). “No podemos permitir que la urgencia carcelaria se convierta en el salvoconducto para que criminales condenados por delitos atroces —tales como abusos sexuales, homicidios, femicidios y crímenes de lesa humanidad— eludan su responsabilidad ante la justicia", afirmó la representante por la Región Metropolitana.

Uno de los que más elevó el tono fue Fidel Espinoza (PS), cuyo padre fue víctima de la dictadura. El socialista reprochó que “ese sanguinario que hoy está en Punta Peuco y que nos está viendo esta sesión, podría quedar en libertad con este proyecto macabro”. “A esos quiere liberar Chahuán. A personas que cometieron asesinatos, violaciones y torturas en el sur de Chile”, señaló.

“Pareciera que se busca tenerle resuelto un problema al futuro presidente... Es un proyecto que, en términos estrictamente técnicos, además, no está bien hecho. Por darle la venia a los que están recluidos, pagando condena por crímenes de lesa humanidad, el proyecto, además, metió a parricidas, a violadores de niños, niñas y adolescentes, a abusadores sexuales, a homicidas, a femicidas y narcotraficantes. Todo lo que la sociedad quiere que esté en la cárcel”, agregó la senadora Claudia Pascual (PC).