Con una agenda coordinada desde Palacio, el gobierno activó este viernes un despliegue simultáneo de ministros en distintas regiones del país, con el objetivo de alinear a las autoridades locales y difundir los principales contenidos del Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, la llamada “megarreforma” del Ejecutivo.

La estrategia incluyó la presencia del ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, en Valparaíso; del titular de Interior, Claudio Alvarado, en Los Lagos; de la vocera de gobierno, Mara Sedini, en Arica; y del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en Magallanes. Todos encabezaron reuniones de gabinete regional junto a delegados presidenciales, seremis y actores locales.

En Valparaíso, García Ruminot lideró un gabinete regional en la sede de la delegación presidencial, instancia en la que participaron delegados provinciales y autoridades sectoriales. En paralelo, en Puerto Montt, Alvarado sostuvo una reunión de trabajo con el gabinete regional de Los Lagos, tras la cual abordó públicamente las críticas que ha generado la iniciativa.

“Yo esperaría que el solo anuncio de un proyecto no lleve a decir inmediatamente ‘lo voy a rechazar’, porque eso es aventurar una opinión sin tener claridad de qué es lo que se busca”, afirmó el ministro del Interior, en alusión a los cuestionamientos de la oposición, especialmente en torno a la reducción del impuesto corporativo.

Pese a la relevancia que el oficialismo ha atribuido a la reforma -al punto de instalarla como el proyecto madre de la administración-, Alvarado descartó que su eventual rechazo tenga un impacto comparable al del proceso constitucional durante el gobierno anterior. “Esto no es una condicionante como la Constitución. Acá estamos ante una iniciativa en directo beneficio de las personas, con una connotación social, no política”, sostuvo, agregando que el objetivo es reducir la tasa de desempleo al 6,5% hacia el fin del gobierno en 2030.

En el extremo norte, la ministra Sedini encabezó un gabinete regional en Arica, donde también expuso los lineamientos del proyecto. Tras la reunión, abordó uno de los puntos que ha generado ruido en los últimos días: los ajustes a la gratuidad en educación superior.

“No hay contradicciones. Esta decisión se toma en base a un organismo técnico que recomienda precisamente la gratuidad hasta 12 años de haberse graduado de la enseñanza media”, afirmó, confirmando la versión del ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

Y es que el jueves se instaló un evidente choque de miradas al interior del gobierno.

Mientras el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que un eventual límite etario al beneficio no formaba parte del proyecto, el jefe de la billetera fiscal sí confirmó que la iniciativa contempla -tal como explicó Sedini- restringir la gratuidad a 12 años desde su egreso de la enseñanza media. Es decir, aproximadamente a los 30 años. La discrepancia generó suspenso entre los parlamentarios, particularmente en Chile Vamos, quienes han sido críticos con la inclusión de dicha iniciativa.

Alvarado, en tanto, desde Puerto Montt, fue cauto sobre ese tema: “Respecto al proyecto de ley, es el proyecto que está anunciado, enunciado, se han dado las bajadas en los temas generales del mismo y será ingresado el día martes. Y el día martes yo le pido que revise el proyecto y vamos a tener las normas definidas. Pero no hay ninguna diferencia y ninguna contradicción al interior del gobierno”.

Este nuevo episodio reavivó una tensión ya conocida en La Moneda: la coexistencia de “dos almas” al interior del Ejecutivo.

Por un lado, la dupla política encabezada por Alvarado y el ministro García, quienes -según reconocen en el oficialismo- han impulsado una estrategia más gradualista, enfocada en dosificar las medidas y reforzar el trabajo prelegislativo con los partidos. Por otro, el titular de Hacienda, identificado con una línea más dura en lo legislativo y partidario de avanzar con mayor rapidez en las iniciativas.

Fuera de eso, el despliegue forma parte de una ofensiva mayor de La Moneda para instalar la reforma en el debate público y territorial, en un formato similar al de una campaña. En el oficialismo han fijado como meta que el proyecto sea aprobado entre agosto y septiembre, con un ingreso previsto al Congreso para la próxima semana.