La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que prorroga por un año los plazos de implementación de la nueva ley de seguridad privada, luego de que el gobierno advirtiera que el sistema enfrenta serias dificultades operativas y administrativas para cumplir con las exigencias contempladas en la normativa.

La medida apunta a evitar una crisis en el funcionamiento del sector, considerando que el próximo 28 de mayo vencía el plazo para que bancos, empresas de transporte de valores, estaciones de servicio y otras entidades obligadas presentaran nuevos estudios de seguridad ajustados a los estándares de la ley.

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto durante la discusión parlamentaria, la implementación presenta importantes retrasos tanto en el sector privado como en las instituciones encargadas de supervisar el proceso.

Entre las principales dificultades detectadas figura la demora en la habilitación de una plataforma informática destinada a centralizar los procesos de autorización, registro y gestión de seguridad privada, situación que ha obligado a mantener sistemas transitorios de funcionamiento.

A ello se suma el retraso en la tramitación de autorizaciones para personas naturales y la acumulación de solicitudes pendientes relacionadas con personal de seguridad.

Según detalló el Ejecutivo, más de 35 mil guardias y vigilantes privados esperan actualmente renovar sus permisos, en medio de nuevas exigencias de capacitación y evaluación que, hasta ahora, no han podido ser absorbidas por la capacidad institucional disponible.

Inicialmente, el proyecto impulsado por el gobierno proponía extender los plazos por seis meses, hasta noviembre de 2026. No obstante, tras escuchar las exposiciones de representantes del Ejecutivo, organizaciones del rubro y Carabineros, la Comisión de Seguridad Ciudadana acordó ampliar la prórroga a un año, decisión que posteriormente fue respaldada por la Sala.

“Una solución de emergencia”

Durante el debate de este lunes, parlamentarios de distintos sectores coincidieron en que la extensión responde a una situación crítica que amenaza con paralizar parte importante del sistema de seguridad privada.

Pese a ello, legisladores remarcaron que los problemas de implementación vienen arrastrándose desde la administración anterior y evidencian deficiencias estructurales del Estado para ejecutar adecuadamente reformas de esta magnitud.

Asimismo, advirtieron que la aprobación del proyecto constituye "una solución de emergencia" para evitar consecuencias inmediatas, aunque recalcaron que no resuelve los problemas de fondo que enfrenta el sistema.

En esa línea, en la Sala de la Cámara los parlamentarios criticaron que las medidas se adopten a último minuto y sin una planificación suficiente, señalando que la lentitud en la implementación terminó obligando a recurrir a una prórroga para evitar un escenario de colapso administrativo y operativo.

Durante la sesión intervino la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien defendió la necesidad del proyecto y alertó sobre las consecuencias que podría generar un rechazo de la iniciativa.

La secretaria de Estado sostuvo que, a pocas semanas del vencimiento original, solo un 5% de las entidades obligadas había presentado sus estudios de seguridad, lo que reflejaría la imposibilidad material de cumplir con los plazos establecidos.

Al respecto, enfatizó que la extensión “no constituye un cheque en blanco”, sino que corresponde a un tiempo técnico indispensable para consolidar la plataforma informática, mejorar la operatividad del sistema y avanzar en la implementación efectiva del reglamento.

Además, valoró que el proyecto elimine la figura del silencio positivo, mecanismo que podía permitir autorizaciones automáticas sin revisión técnica previa.

Finalmente, la ministra Steinert afirmó que las futuras reformas deberán construirse en conjunto con los actores del sector, apuntando a perfeccionar la estructura normativa y fortalecer el funcionamiento del sistema de seguridad privada en el país.