Jaime Bassa asegura que declaración por indulto a presos del estallido se debe aprobar por “mayoría simple” y que instalación de la Convención se demoraría entre dos a tres meses

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La declaración sobre los detenidos en el marco de la crisis social ha generado las primeras divisiones al interior del órgano. De hecho, esta jornada 37 constituyentes de Vamos por Chile emitieron una declaración rechazado la misiva e insistiendo en que en Chile “no hay presos políticos”. Además, desde el Senado y la Cámara de Diputados salieron a defender la institucionalidad del Congreso tras la propuesta de los convencionales. "Hay márgenes que se están transgrediendo y que nos parecen peligrosos”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen (RN).


Esta mañana la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón (constituyente mapuche) y el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa (Distrito 7) se reunieron con el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, y el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Francisco Encina, para coordinar aspectos técnicos de funcionamiento de la instancia.

Es en este marco que Bassa aseguró que la instalación del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna para Chile podría demorar entre 2 a 3 meses y que la eventual declaración de los constituyentes sobre un posible indulto a los detenidos del denominado estallido social debería ser aprobada por “mayoría simple” en la convención.

“Sabemos que hay que redactar un reglamento que tiene que abordar varias materias, reglamento de votación, de participación ciudadana, reglamento de ética y muy probablemente vamos a ir avanzando en esas normativas de manera progresiva. Las primeras normas van a estar muy probablemente, espero yo esta misma semana, decisiones que podamos tomar pronto y operativizar lo antes posible y el reglamento de votación, con sus otros apartados, participación ciudadana, etc., probablemente van a ir discutiendo progresivamente durante las próximas semanas y meses”, sostuvo Bassa.

Agregando luego: “yo creo que vamos a tener una primera etapa de instalación de la constituyente que debiera durar más o menos dos o tres meses, yo esperaría que no más de eso. Para normalizar todo este proceso de la conducción financiera, administrativa, pero al mismo tiempo para aprobar el reglamento que permita que la constituyente funcione”.

La convención está mandata para redactar una nueva Carta Magna en un plazo de 9 meses desde la fecha de su instalación, plazo que se puede prorrogar -solo una vez-, por tres meses más.

Votación declaración indulto detenidos del 18/O

El domingo, uno de los temas que se planteó al final la primera sesión de asunción del cargo de los convencionales fue la redacción de una declaración respecto a los detenidos en el marco del estallido social. Es así como se esperaba que durante esta tarde -previo a la suspensión de la primera reunión que tendrían los constituyentes- la convención abordara la posibilidad de redactar este documento, donde se demande al Congreso avanzar en el proyecto de indulto a los detenidos en el marco del 18/0.

Al respecto, y específicamente sobre el quórum con que debería ser aprobado ese escrito, Bassa señaló: “creo que las normas de derecho constitucional hay que interpretarlas de manera estricta. La Constitución establece que las normas constitucionales van a ser aprobadas por 2/3 y que el reglamento de votación va a ser aprobado por 2/3. Para todas las otras decisiones opera la regla general y la regla general es mayoría”.

El vicepresidente añadió que “cuando no hay una norma de excepción que permita salirse de la regla general, se aplica la regla general y esa regla es mayoría simple”.

La declaración sobre los presos del estallido ha generado las primeras divisiones al interior del órgano. De hecho, esta jornada 37 constituyentes de Vamos por Chile emitieron una declaración rechazado la misiva e insistiendo en que en Chile “no hay presos políticos”.

“Lamentamos que la primera sesión a la que hemos sido convocados sea para abordar un asunto respecto del cual no tenemos atribuciones. La Convención Constitucional no es soberana, y no puede intervenir, ejercer otra función o atribución de otros órganos u autoridades, incluido por supuesto, el Poder Judicial, el Congreso Nacional y el ministerio público”, señala el comunicado.

Los constituyentes de Vamos por Chile agregaron que “en Chile no existen presos políticos. Nadie está privado de libertad por sus ideas o por sus expresiones, y así lo han sostenido organismos internacionales de derechos humanos. Chile es un estado democrático y, como tal, la separación de poderes del Estado es fundamental, y para esto, la esencia es la independencia de sus tribunales de justicia”.

Y que “nos parece que es una muy mala señal para nuestro país, que a quienes la izquierda radical llama ‘presos de la revuelta’, sea el primer tema de discusión de la Convención Constitucional. Las personas que están privadas de libertad, no lo están por sus ideas, sino que se encuentran imputados por delitos graves, tales como ataques incendiarios, saqueos, porte de armas, lanzamientos de bombas molotov a Carabineros, entre otros”.

Congreso reacciona

Desde el Parlamento, por su parte, tanto la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), como el timonel de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), reaccionaron y pidieron respecto hacia la institucionalidad del Congreso en momentos en que la directiva de la Convención Constitucional ha puesto el indulto en la hoja de trabajo. El Parlamentario incluso afirmó que “hay márgenes que se están transgrediendo y que nos parecen peligrosos”.

Si la Convención Constitucional pretende resolver cuestiones de materias legislativas o desea revisar y cuestionar fallos judiciales y el trabajo del Ministerio Público, es una combinación que en nada aporta a salir de una crisis institucional (...) Torcer resoluciones judiciales no puede ser por cierto la prioridad de la Convención Constitucional, cuya creación se justificaba en la necesidad de una nueva Carta Fundamental para Chile”, dijo el diputado.

Paulen agregó que si bien “se pueden compartir o no las distintas iniciativas de ley, la Cámara probablemente lo pondrá en tabla (el proyecto de indulto) en la eventualidad que se despache desde el Senado, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores con otras mociones, y serán los parlamentarios los que resuelvan si apoyan la iniciativa o no. Sin embargo, en lo que respecta a mi rol como presidente de la Corporación, y tal como en su oportunidad fijé los márgenes cuando se nos intentó establecer una comisión para estudiar la constitucionalidad de los proyectos, con la misma fuerza, abogo por el respeto y la independencia del Congreso Nacional como un poder del Estado autónomo y respetuoso de la institucionalidad que actualmente nos rige”.

Provoste, por su parte, afirmó: “como presidenta del Senado puedo señalar que vamos a tener una especial consideración por escuchar y acoger las propuestas que surjan de la Convención Constitucional, pero con la misma claridad espero que la Convención Constitucional, tal como lo ha señalado su presidenta y vicepresidente, tenga respeto por el resto de las instituciones que forman parte de la institucionalidad democrática de nuestro país”.

De acuerdo a Provoste, “somos muchos y muchas quienes consideramos que ha existido un uso abusivo de la prisión preventiva. Cuando el Presidente (Sebastián) Piñera señala en su cuenta pública que va crear una fiscalía especializada en DD.HH. y que va poner más recursos en la Defensoría de DD.HH., o en el Servicio Médico Legal, está reconociendo en cierta forma que quienes están en prisión preventiva no han accedido a un juicio justo y la institucionalidad del país no ha tenido una respuesta acorde a estas demandas. Por eso creemos que el proyecto de indulto que se tramita en la Comisión de Constitución es una respuesta democrática a un problema político que enfrenta nuestro país”.

A fines de mayo pasado, la comisión de Seguridad del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto al que aludieron Provoste y Paulsen, el cual pasó a la comisión de Constitución para su debate. En concreto, la iniciativa plantea un indulto humanitario a quienes han sido imputados por las manifestaciones sociales del 2019 y que se mantienen en prisión preventiva.

El gobierno y el propio Presidente Piñera se han opuesto al proyecto, e incluso en diciembre del año pasado el Mandatario anticipó un veto presidencial contra ley si avanza en el Congreso.

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“Es lamentable esta falta de civilidad, que incluso tiene pena de cárcel”, dijo la jefa comunal Daniela Peñaloza.