Por Juan Andrés QuezadaLa historia del divorcio oficialista en tres actos
A poco más de un mes del término del gobierno de Gabriel Boric, la convivencia de las "dos izquierdas" que integran el oficialismo entraron en una crisis de la que no parece haber retorno cercano. El dilema que los perseguirá en los próximos meses -ya desde la oposición- será seguir juntos o apostar por caminos paralelos.

Camas separadas
“Paulina, te llamo como militante del partido y no como gobierno”, se apresuró a señalar el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic -en una llamada telefónica la tarde del jueves 22 de enero. A renglón seguido, le enrostró a la también senadora su condición de anfitriona en el cónclave de las colectividades del Socialismo Democrático, a la que sumaron a la DC y al Frevs, y al que no estaban invitados el PC ni el Frente Amplio, que se realizaría al día siguiente en la sede del PS, en calle Londres.
La cita -convocada por Vodanovic- venía a ratificar el quiebre entre las “dos izquierdas”, que en los últimos años han formado parte del oficialismo y, de paso, echar por tierra el deseo del Presidente Gabriel Boric de terminar su mandato con la herencia de una alianza única de la centroizquierda, de cara a los desafíos que tendrán como oposición al gobierno entrante de José Antonio Kast.
Pero la timonel socialista fue implacable ante el reproche de su correligionario: le respondió que la reunión se haría de todas maneras, pero le concedió que en ningún caso la cita tenía como objetivo romper la coalición ni abandonar el gobierno, como algunos habían dicho “en caliente”, cuando los cuestionamientos al respaldo a la Ley Nain-Retamal -invocada en la absolución del caso de Gustavo Gatica- habían hecho estallar al oficialismo días atrás.
La rebelión liderada por el PS -a la que se sumó entusiasta el presidente del PPD, Jaime Quintana- era un golpe directo al mentón de La Moneda, desde donde se había impulsado la realización de un cónclave de todos los partidos oficialistas para coordinar su futuro y que estaba previsto para ese mismo viernes.
Vodanovic explicó -además- que el congelamiento de las relaciones con el FA y el PC era un asunto vital, con miras al futuro posicionamiento del Socialismo Democrático en la oposición. Tras cuatro años de turbulenta convivencia, nunca más se iba a aceptar que sus hoy socios establecieran un marco moral sobre ellos o futuros “ajustes de cuentas” en temas como la Ley de Isapres, la reforma de pensiones u otra iniciativa aprobada en la administración Boric.
Elizalde terminó la llamada con un sabor amargo en la boca.

La tarde del viernes, ya concretada la polémica cita, Vodanovic recibió otra llamada: al otro lado de la línea el Presidente Boric le pidió poner “paños fríos” a la crisis. La timonel socialista no se amilanó: reprochó a Boric haber elevado el conflicto al señalar en medio de la polémica -en el programa Tolerancia Cero- que la Ley Nain-Retamal no era una iniciativa del gobierno. Ello, a pesar de que su gobierno la había apoyado, incluido en su cuenta pública del año pasado y establecido como el logro número 307 en la plataforma de 1.000 Avances lanzada hace unas semanas.
Boric había hecho lo propio con la presidenta del FA, Constanza Martínez, para poner un dique de contención a la crisis. La timonel se comprometió a tomar contacto con su par socialista. Después de todo, la herencia de una coalición única de la centroizquierda era -antes que todo- un anhelo sentido del Mandatario.
El desafío no fue inocuo para Vodanovic.
Elizalde, a través de los diputados más cercanos en el PS, articuló una ofensiva para encauzar la crisis -que amarga las últimas semanas de gobierno- a contrapelo de la timonel.
Fue así como surgieron voces críticas a la embestida de Vodanovic -que estaba secundada por el PPD, PR, Liberales, Frevs y la DC- de diputados socialista como Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo, pese a que antes de levantar la voz la timonel socialista se encargó de socializar su intención con las bancadas del partido.
Los tira y afloja dieron un triunfo a La Moneda. El miércoles, la senadora electa por el Maule salió a decir que no había divorcio, sino que “camas separadas”, y el viernes se reunió -en forma separada- con Martínez y con su par del PC, Lautaro Carmona, dando una señal de distensión y unidad, antes del receso político de febrero. En la oportunidad, los timoneles se comprometieron a hacer esfuerzos para enfrentar en unidad la elección de las jefaturas del próximo Parlamento -prácticamente el único y gran espacio que tendrán para enfrentar a la derecha-.
En privado -sin embargo-, en ambos bloques se asume que el distanciamiento será inevitable, al menos en los próximos meses. Ya estar en la oposición y sin un horizonte de elecciones cercano que incentive la unidad son razones poderosas para buscar los perfilamientos propios. Pero también hay algo más profundo, coinciden.
La polémica por el respaldo a la Ley Nain-Retamal revivió los antiguos rencores que cuatro años de gobierno no han podido sanar.
“La prioridad en este momento debe estar situada en definir un camino conjunto con quienes tenemos afinidades y un tronco común; en nuestro caso, los partidos del Socialismo Democrático, para luego, progresivamente, ir definiendo estrategias de coordinación y acercamiento con las demás fuerzas de la centroizquierda”, afirmó el senador Quintana, en un consejo general del PPD realizado el fin de semana pasado.
En el FA y el PC -en tanto- han levantado un discurso unitario que, les enrostran sus socios, no se condice con las ásperas críticas que elevaron y de las que no se han retractado.

Una partida a trastabillones
Tras el amplio triunfo de Boric en el balotaje de 2021, Luis Maira -el experimentado político socialista con quien el presidente electo había forjado una estrecha relación- le aconsejó sumar al PS a su gobierno.
En momentos en que la pandemia no daba tregua y el llamado “octubrismo” vivía su esplendor, fueron varios los líderes que señalaron al joven dirigente que su base de apoyo -compuesta por el FA, comunistas y movimientos sociales- no era suficiente para los gigantescos desafíos que tenía por delante.
Por esos días, Boric se reunió con Elizalde -entonces presidente del PS-, a quien le propuso ser parte de su gobierno. Pero el también senador, a quien meses antes el FA lo había dejado plantado en el Servel, descartando una primaria con las fuerzas de la antigua Concertación, le dijo que sólo aceptarían si era junto a sus históricos socios del PPD, radicales, liberales y, ojalá, la DC. “Todos o ninguno”, respondió el timonel socialista, dejando a su interlocutor en una compleja posición.
Boric estaba consciente del animadversión que había en sus huestes con el mundo concertacionista -a quien culpaban de haber renegado de sus principios progresistas una vez instalados en el poder-, pero le hizo una nueva propuesta: que el PS tuviera presencia en su gabinete y el resto de los partidos entrara en “otros anillos” de su administración.
Elizalde no aceptó y el futuro jefe de Estado hizo una riesgosa jugada. Invitó a sumarse a su gobierno a figuras del PS cercanas a él, que en ese momento eran parte de la disidencia interna a Elizalde. Así llegaron al gobierno Carlos Montes, en el Ministerio de Vivienda; Maya Fernández, en Defensa, y Manuel Monsalve, como subsecretario del Interior. También Mario Marcel (independiente cercano al PS) como titular de Hacienda.
Elizalde -con el respaldo del PPD- le respondió con una hábil negociación con la UDI y Evópoli que lo instaló en la presidencia del Senado, propinando el primer golpe -antes de asumir- al ministro Segpres, Giorgio Jackson.
Mientras tanto, el día antes de que Boric se pusiera la banda tricolor, el entonces alcalde Daniel Jadue -quien había perdido las primarias ante Boric- encabezó su propia cumbre con figuras de la izquierda latinoamericana, donde advirtió que mantendrían arriba sus banderas en defensa de Cuba, Venezuela y un nuevo orden político “anticapitalista” en la región. “El de Boric no va a ser un período fácil”, dijo esa mañana Jadue.
La máxima del dirigente comunista -quien hoy se encuentra formalizado por delitos de corrupción- comenzaría a hacerse realidad enseguida.
La mañana del 15 de marzo de 2022, la flamante ministra del Interior, Izkia Siches, viajó a La Araucanía, pero cuando se aprestaba a ingresar a la comunidad de Temucuicui, su comitiva fue recibida con disparos al aire en señal de rechazo a su presencia.
El grave error de cálculo la dejaba en un muy mal pie y a la política indígena que tenía en carpeta.
Fue el primero de una serie de errores no forzados que marcarían su temprana salida, y el primer baño de realidad que vivió la joven generación que llegaba por primera vez al poder, con más ímpetu que habilidades políticas.
Al frente, el entonces ministro Jackson también tuvo una accidentada partida. El líder de Revolución Democrática tempranamente asoció el rumbo del gobierno a una disruptiva nueva Constitución, que comenzaba a discutirse a unas cuadras de Palacio, en el edificio del Congreso.
Un mes antes del plebiscito de septiembre de 2022, en momentos en que los sectores más moderados de la centroizquierda comenzaban a tomar distancia de la nueva propuesta constitucional, Jackson lanzó una bomba de racimo al interior del Socialismo Democrático.
En una entrevista en la plataforma Twitch -que originalmente su generación usó para jugar videojuegos- habló de una supuesta “superioridad moral” de la nueva generación que había llegado al poder, por sobre las anteriores que habían gobernado el país.
El nocaut a Boric, a su primer equipo político, a su gobierno y al llamado octubrismo se produjo la noche del 4 de septiembre, tras el amplio triunfo del Rechazo a la nueva Constitución. “Hay que escuchar la voz del pueblo”, dijo esa noche el jefe de Estado, junto con anunciar un cambio de gabinete, donde entraría por la puerta ancha de La Moneda el Socialismo Democrático, liderado por la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá.
Las recién ingresadas fuerzas políticas tuvieron la virtud de contener la crisis y dar viabilidad a un gobierno que debía sobrevivir tres años más. El costo -sin embargo- fue alto: un golpe de timón que cambió el rumbo del gobierno y lo encaminó hacia objetivos socialdemócratas.

Fuiste tú: tus crisis y las mías
Tras la derrota del 4 de septiembre, Boric debió dar un golpe de timón a su gobierno y entrar de lleno a enfrentar la crisis de inseguridad y migración ilegal que se tomaba la agenda, a punta de balaceras, asesinatos a sangre fría, portonazos y tomas ilegales.
Tohá desplegó una batería de proyectos en materia de seguridad y, a la vieja usanza de la Concertación, citó a una mesa de trabajo a todos los partidos, incluyendo republicanos, provocando los primeros choques con parlamentarios del PC y el FA en el Congreso.
En eso estaba cuando recibió un sorpresivo misil del propio presidente, impulsado por el ala izquierda de su administración. Un día antes de terminar el 2022, Boric indultó a 12 detenidos en el marco del estallido social, una promesa de campaña que hoy muchos sindican como la primera fractura entre las dos almas que comenzaban a convivir en su gobierno y el impulso inicial a la derecha liderada por José Antonio Kast.
El choque sería el primero de una serie de enfrentamientos, algunos soterrados y otros públicos, que marcaron los cuatro años del gobierno y que impidieron la constitución de una alianza única entre el FA/PC y el Socialismo Democrático.
El bloque de Apruebo Dignidad -conformado por el PC y el FA- comenzó a perder influencia paulatinamente en el gobierno, mientras sus nuevos socios volvían a imponer el estilo de la moderación y la política de acuerdos que tanto se había criticado desde la izquierda más extrema.
Poco después de los indultos -que costaron el cargo a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y al jefe de gabinete de Boric, Matías Meza Lopehandía-, Boric recibió un nuevo -e inesperado- golpe, esta vez protagonizado por Marcel. La Cámara Baja rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, que buscaba financiar una serie de derechos sociales e iniciativas que el gobierno tenía en carpeta.
El devenir del gobierno comenzó a delimitar dos grandes almas que se enfrentarían soterradamente las más de las veces en debates como la aplicación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur o la agenda de seguridad que incluyó la ley de usurpaciones, la ley contra el crimen organizado, la reforma a la ley antiterrorista y el proyecto para sancionar la inmigración irregular como delito.
Por un lado, el FA y el PC. Por el otro, el Socialismo Democrático.
La balanza se ladeó hacia un claro lado cuando en junio de 2023 explotó el llamado lío de platas -caso Democracia Viva. Un escándalo de corrupción que hundió a Revolución Democrática y produjo una mancha indeleble en la historia del FA.
El gran damnificado de la crisis terminó siendo el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el factótum del gobierno, quien hasta hoy vive en España, alejado de cargos de primera línea.
Al año siguiente -en septiembre de 2024- la crisis tomó el nombre de un socialista: el caso Monsalve. Una denuncia de abuso sexual y violación en contra del entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve tumbó su vida personal y su carrera política, además de provocar un escándalo sin precedentes en La Moneda. Autodeclarado como un gobierno feminista, la denuncia en contra de la autoridad -cuya renuncia fue dilatada por el presidente- golpeó en la línea de flotación de Palacio.
Cuando el gobierno intentaba estabilizar el rumbo, a inicios del año pasado, explotó otra bomba: la truncada compra de la casa de Salvador Allende, que selló la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA).

Las cuentas pendientes de ambos bloques quedaron desnudadas durante las pasadas campañas de primarias presidenciales. En la búsqueda de un candidato único -que resultó ser la carta del PC, Jeannette Jara- las recriminaciones por la falta de experiencia o las supuestas concesiones que se habían realizado en el poder marcaron la tónica de la competencia.
Eso hasta que la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado de ser el responsable de disparar a Gustavo Gatica durante las protestas del estallido social de 2019, dejándolo ciego, volvió a agitar el avispero oficialista.
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