Un poco más de 25 millones de pesos costará la adjudicación de un plan de muestreo de drogas a autoridades gubernamentales, incluyendo al propio Presidente Gabriel Boric, que fue impuesto por la UDI, con el apoyo de toda la oposición, en la última discusión de la Ley de Presupuesto, en una inusual jugada legislativa.

De hecho, este tema fue uno de los principales tira y afloja de la última discusión presupuestaria.

A juicio del gobierno, esta política de testeos, que ya se aplica en la administración pública a ciertos funcionarios, bajo la supervisión del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), debía ser parte de una discusión de la ley permanente y no debía incluirse en una norma del erario nacional que se discute y se renueva año a año.

La oposición, sin embargo, que aprobó una glosa en la Partida de la Presidencia de la República, argumentaba que las autoridades debían dar el ejemplo y someterse a las mismas reglas que se aplican a cualquier empleado fiscal.

“El Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, decía la glosa en cuestión que fue aprobada en la Cámara de Diputados y luego ratificada por el Senado.

Si bien al Ejecutivo le incomodó esta imposición y evaluó recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la glosa, al final los ministros y el Presidente optaron por no desgastarse en una pelea judicial y acatar la disposición, toda vez que tampoco establecía mayores condiciones. Para ello, la Dirección Administrativa de la Presidencia suscribió un convenio con Senda para desarrollar el muestreo a través de una licitación pública.

“Coordinación previa”

Desde el punto de vista de la confidencialidad del examen, Senda se ceñirá a su protocolo tradicional y los resultados se manejarán en forma reservada. Sin embargo, de acuerdo a las bases de la licitación, los test de los ministros serán puestos en conocimiento de los subsecretarios y viceversa, mientras que las conclusiones del examen al que se someta el Presidente Boric se entregarán a Antonia Illanes, actual jefa administrativa de La Moneda.

En vista de que la glosa aprobada por el Congreso no señalaba otro detalle, el test se realizará mediante simple muestra de orina para medir “consumo reciente”, tras “coordinación previa con las autoridades”.

Ese procedimiento es menos invasivo e incómodo que el examen de pelo, de carácter aleatorio, que se aplican los diputados (a quienes se les extrae un mechón de cabello o de otra parte del cuerpo, lo más cercano a la raíz), ya que ello permite detectar consumo de hasta un año. El test de orina, en cambio, al que se someterán las figuras de gobierno, solo puede encontrar hallazgos de drogas de días recientes.

Ayuda médica

Las bases de la licitación, que considera los exámenes a 66 autoridades, contemplan, además, contramuestras, en caso de algún positivo. Si el segundo examen ratifica el uso de drogas, que no estén acreditadas por tratamiento de salud, “la persona… será sometida a procedimiento médico realizado por un profesional médico psiquiatra”.

“Dicho examen médico buscará determinar si el funcionario (la autoridad) tiene dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales”, añaden las bases.

“La evaluación diagnóstica deberá realizarse conforme a los sistemas de clasificación de enfermedades y trastornos mentales actualmente utilizados y validados, particularmente deberán regirse por los sistemas diagnósticos DSM-V y CIE-10”, añade el documento oficial.

“Una burla”

El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien fue autor de la norma que obliga al Presidente y sus colaboradores, criticó la modalidad.

“El test de drogas que está obligado a realizar el gobierno es una mentira, una trampa y un engaño. Mientras en el Congreso los resultados son públicos, los exámenes al Presidente de la República, sus ministros y subsecretarios serán privados. Mientras en el Congreso el test es de pelo, porque eso permite detectar un consumo de hasta un año, el gobierno decidió que el de ellos sea de orina, que solo mide un consumo de hace tres días”, dijo el legislador gremialista.

En esa línea, añadió que “lo más grave es que la licitación dice que el examen es previa coordinación con las autoridades. Por lo tanto, considerando que el examen será de orina, si es que hay algún ministro, subsecretario o, incluso, el Presidente de la República, que consuma alguna sustancia, le van a avisar un par de días antes y basta con que deje de hacerlo para que el resultado, además de ser secreto, sea negativo”.

Y concluyó: “Esto es una verdadera burla. Hago un llamado urgente al gobierno a corregir esta licitación, de lo contrario presentaremos incluso reformas constitucionales que permitan terminar con el cargo de ministro o subsecretario para quienes sean consumidores, y que ponga de manifiesto la gravedad de que un Presidente de la República no se realice un examen de drogas con las condiciones mínimas de imparcialidad y transparencia”.