No le creen. Esa es la actitud que asumieron los principales dirigentes del Socialismo Democrático ante las explicaciones que entregó este miércoles en el Congreso el exdirector de Migraciones del gobierno anterior, Luis Eduardo Thayer (FA), respecto del duro informe emitido por la Contraloría en el que se acusó una falta a la Constitución en el memorándum que flexibilizó el ingreso de menores haitianos al país.

La situación generó gran revuelo la semana pasada, pues previamente el mismo ente contralor había emitido un pre-informe en el que dieron cuenta del ingreso de más de 60 menores haitianos, quienes finalmente fueron encontrados. Thayer quedó en el ojo del huracán desde ese momento y ahora enfrenta un sumario, una comisión investigadora y posibles jugadas judiciales por el memorándum que impulsó el 13 de mayo de 2024.

En ese contexto se defendió este miércoles. Primero en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y luego ante la prensa. El sociólogo frenteamplista indicó que “yo voy a hacer uso de la información y elementos jurídicos que dispongo, a partir de los cuales fundé la decisión que tomé. Tengo la convicción, y por eso hay un debido proceso, de que esas decisiones respecto del consulado haitiano y venezolano tienen fundamento en la ley. No solo en la ley de Migraciones, sino que también en el estatuto administrativo”.

“Voy a sostener que el memorándum sí tiene fundamento legal y actuamos amparados y fundados en la ley de Extranjería y Migración, de la Constitución y el estatuto administrativo”, agregó Thayer en la misma línea, argumentos que, dijo, replicará para enfrentar el sumario y una eventual instancia judicial.

Hace cinco días, la exministra del Interior de la época en la que se firmó el memorándum, Carolina Tohá, deslizó que la decisión de impulsar el polémico documento no pasó por sus manos, al decir en Estado Nacional que “yo de ese procedimiento ahora he mirado con más detención qué sucedió”.

Pese a ello, en la misma entrevista, defendió que la flexibilización de ingreso de haitianos “fue la única manera de no cerrar la puerta, porque la otra alternativa era no viajar nadie más”, puesto que el Ejecutivo de Gabriel Boric decidió cerrar su consulado en Puerto Príncipe.

Tras el inicio de la polémica, la semana pasada, Thayer y otros rostros del Ministerio del Interior de Boric, como la misma Tohá y el exsubsecretario Víctor Ramos, activaron una coordinación natural con sus equipos para hacer frente a la arremetida del oficialismo.

Esto no ha servido para convencer ni al Socialismo Democrático, donde han puesto el foco crítico en Luis Eduardo Thayer, figura del frenteamplismo.

Por ejemplo, el diputado y presidente del Partido Por la Democracia, Raúl Soto, planteó que “me preocupa el tono del señor Thayer. Insiste en que tiene la ‘convicción legal’ de que actuó bien y deja entrever que la Contraloría estaría equivocada. Pero la Contraloría es un órgano autónomo y fue categórica: ese memorándum bajó requisitos que fija la ley sin tener atribuciones para hacerlo”.

“Uno puede tener todas las convicciones, pero los hechos están en el informe, y el resultado fue que hubo niños, niñas y adolescentes de los que el Estado perdió el rastro. Eso es lo que no puede quedar tapado por un debate jurídico ni por la discusión sobre la filtración. La pregunta de fondo no es si Thayer se siente amparado en la ley; es por qué se perdió la trazabilidad de esos niños y cómo garantizamos que no vuelva a ocurrir. Esa tiene que ser la prioridad”, añadió el líder del PPD.

En su misma línea, el senador del PPD, Pedro Araya, comentó que “la resolución de Contraloría que declara ilegal la actuación del Servicio Nacional de Migraciones en el ingreso de menores haitianos confirma una realidad incómoda: el gobierno de Gabriel Boric nunca supo abordar con seriedad los desafíos migratorios que enfrentaba el país”.

“Mientras se privilegiaban discursos y gestos simbólicos, se descuidaron aspectos esenciales como el control, la fiscalización y el cumplimiento de la ley. Hoy vemos las consecuencias de una gestión improvisada, que terminó vulnerando normas básicas y generando graves cuestionamientos institucionales”, complementó Araya.

Desde el Partido Socialista, el jefe del comité de senadores, Juan Luis Castro, acusó que “el informe de Contraloría establece con meridiana claridad que se vulneraron los principios de legislación y vulneración de leyes que establecen requisitos que aquí fueron flexibilizados. Eso fue un acto impropio y obviamente debe ser reconocido por la anterior dirección del Servicio Nacional de Migraciones, porque es un hecho grave”.

En tanto, el jefe de bancada de los diputados PS, Raúl Leiva, apuntó a que “la Contraloría observa el no cumplimiento normativo respecto a la flexibilización de trámites migratorios vía Memorándum, lo que deberá ser resuelto en los procesos administrativos y/o judiciales en razón de principios de rango constitucional como el interés superior del niño”.

Su par en la bancada, el diputado César Valenzuela afirmó que “es una situación preocupante y una de las aristas que va a tener que conocer la comisión investigadora. Según lo que expuso el exdirector, él señala que el memorándum sí tiene fundamento jurídico, entonces tendrá que ser la comisión investigadora la que ahonde sobre esta diferencia de opiniones jurídicas que se suscita entre la contralora y el exdirector”.

Derecha emplaza a Boric

Si bien en la propia oposición cuestionaron a Thayer, en la derecha se aprovechó el informe de Contraloría para criticar aún más a la administración anterior. Así, apuntaron, particularmente, contra Thayer.

El diputado Felipe Ross, del Partido Republicano, sostuvo que “aquí hay un abierto desafío a la ley vigente. Él (Thayer) debió estar en conocimiento de cuáles eran sus atribuciones y escogió poner sus consideraciones morales por sobre la ley, cosa que es sumamente delicada”.

“Las declaraciones del exdirector de Migraciones son preocupantes. Parecen confirmar que durante su gestión se tomaron decisiones basadas más en convicciones personales que en el estricto cumplimiento de la ley (…). No estuvo a la altura de las responsabilidades que exigía su cargo. Hoy corresponde que asuma las consecuencias de sus decisiones y entregue todas las explicaciones necesarias ante el país”, dijo la diputada Claudia Mora (RN).

Su par José Antonio Kast Adriasola (P. Republicano) fue un paso más allá y pidió que el antecesor de su papá en La Moneda se pronuncie. “Contraloría determinó que Luis Thayer infringió la ley al flexibilizar criterios. Encontrar a los niños era lo primero, ahora hay que seguir investigando y profundizando. El expresidente (Boric) debería referirse a esto la próxima vez que hable a los medios”, escribió en X.

Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), el secretario general Juan Antonio Urzúa acusó que “hubo un actuar absolutamente displicente de las autoridades del gobierno anterior. Nosotros siempre sostuvimos que aquí había un actuar decidido, desde el gobierno anterior, de dar rienda suelta a la inmigración, sin tomar en consideración la realidad que estaba viviendo nuestro país”.

“Contraloría señaló que Luis Thayer actuó fuera de la ley. ¿Por qué se saltaron al Congreso ¿Acaso no sabían que flexibilizar requisitos a ciudadanos haitianos era materia exclusiva de ley? Esto huele mal, se ve mal y está mal”, complementó la senadora Vanessa Kaiser, del PNL.