Un grupo de diputados y senadores de la oposición recurrieron este jueves a la Contraloría General de la República para ingresar un requerimiento en el que solicitan que se pronuncie ante un eventual conflicto de interés de ministros del gabinete del Presidente José Antonio Kast por las medidas tributarias de la megarreforma que ingresó ayer al Congreso.

Esto, debido a que ente las medidas tributarias más relevantes del proyecto están la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23%, reintegración del sistema tributario para los actuales contribuyentes del régimen semiintegrado y eliminación del 10% de impuesto a las ganancias de capital.

La ofensiva fue levantada por los diputados del Partido Socialista Juan Santana, Daniel Manouchehri y Carolina Cucumides, los frenteamplistas Gael Yoemas y Jorge Brito, y los PC Boris Barrera, Irací Hassler y Luis Cuello, junto a los senadores Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS).

En el texto, se solicita al órgano contralor “pronunciarse acerca de la eventual infracción del principio de probidad, consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, y del principio de abstención, consagrado en el artículo 12 de la ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, respecto de las y los ministros del gobierno de José Antonio Kast Rist que han tomado parte en la elaboración del proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados el miércoles 22 de abril de 2026″.

Asimismo, se hace mención a las declaraciones de intereses y patrimonio de los secretarios de Estado, “dando cuenta de que varias de las altas autoridades cuentan con un importante patrimonio, consistente en bienes raíces y participación en sociedades. De igual modo, varios de los actuales ministros y subsecretarios registran como actividades laborales participación en sociedades empresariales”.

La petición hace mención a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas; del Interior, Claudio Alvarado y de Vivienda, Iván Poduje.

“Falta de probidad impresionante”

El diputado PS Santana planteó que se trata de “una situación que a todas luces nos parece del todo impresentable. Como es de público conocimiento, el gobierno ha presentado una reforma tributaria para los superricos de nuestro país y en uso de nuestras facultades fiscalizadoras y atendiendo a los principios de prioridad consagrados en la Constitución y al principio de abstención consagrado en la Ley 19.880, que establece reglas para los actos administrativos en el sector público, hemos advertido una situación que es evidente, genera un conflicto de interés, toda vez que hemos conocido también en el mes de marzo la declaración de patrimonio de los ministros y ministras y autoridades de esta administración”.

Manouchehri, en tanto, apuntó que la iniciativa “va a beneficiar el bolsillo de ellos mismos, porque pareciera que cuando hablan de crecimiento, este proyecto solo va a asegurar el crecimiento del bolsillo del 1% más rico, dentro de los cuales se incluyen estos ministros”.

Cucumides, por su parte, acusó que “ganaron estas elecciones diciéndole al país el tema de la seguridad. Hemos visto cómo la seguridad no es un tema de fondo. El tema de fondo es la reforma tributaria que le entrega Chile a los dueños de Chile. ese 1% para que se haga más rico y el pobre más pobre. No lo vamos a permitir, lo vamos a decir con toda fuerza. Estamos aquí para defender a la clase trabajadora, a esa clase que está todos los días dando lo mejor de si en cada una de las regiones de Chile. Y ese 1% que está concentrado económicamente al frente, ahí en el Palacio de La Moneda, no se puede llevar la riqueza de este país”.

El diputado Brito señaló que “El ministro Quiroz pone la firma de este proyecto y que lo beneficia directamente. En consecuencia, está incumpliendo con un principio básico de la tramitación de leyes y es que uno no puede impulsar leyes que te benefician directamente. Hemos pedido que tenga la disposición de excluirse al propio ministro que puso la firma y a los gabinetes que se verían beneficiados de los beneficios tributarios que se están proponiendo. Estamos hablando de que son casi 300.000 millones de pesos. El ministro Alvarado tiene hoy el deber de viabilizar esta reforma o simplemente no va a lograr el entendimiento en el Congreso Nacional”.

También desde el FA, Yeomans dijo que “lo que están planteando es que para poder hacer crecer el empleo, hacer crecer al país, en realidad van a hacer crecer sus bolsillos. Eso a mí me parece de una impunidad, de una falta de probidad impresionante, y cuando se lo planteamos a los ministros, se lo planteamos también a a quienes son parlamentarios de esos sectores políticos, no hay ninguna vergüenza. Yo lo encuentro sumamente desfachatado, por eso es prudente primero que Contraloría se pronuncie, pero por otra parte también impedirlo en la misma legislación, y ahí está la razón de la indicación”.

Desde el PC, Barrera sostuvo que “esto no es una suposición, esto no tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con datos objetivos. El ministro Alvarado se va a beneficiar con la eliminación de las contribuciones y estas 63 autoridades de las que se habla se van a haber beneficiado por la reintegración, por la repatriación de capitales y por la disminución del impuesto corporativo” y que “la ley los obliga a abstenerse, a no promover ningún acto administrativo que los beneficie de esa manera”.