Polémica en la Convención: ¿cuál es la denuncia que hizo la derecha y que tensionó los ánimos al término del trabajo?

Una acusación por parte del vicepresidente adjunto, Hernán Larraín Matte (Evópoli), denunciando que la mesa directiva modificó "en un acto abusivo y antirreglamentario" el texto constitucional, tensionó el ambiente ad portas de que finalice el proceso. Desde la testera del órgano, sin embargo, salieron al paso, manifestando que el acuerdo que se adoptó es parte de las facultades que poseen y que, explican, está respaldado en el artículo 39 del Reglamento General.




“En un acto abusivo y antirreglamentario, la mesa directiva de la Convención Constitucional modificó hoy el texto constitucional sin respetar la voz del pleno”.

De esa forma comienza la declaración pública en la que el vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, Hernán Larraín Matte (Evópoli), acusó el jueves por la tarde que la testera del órgano redactor modificó parte de un artículo de la propuesta de nueva Constitución que trata sobre la consulta indígena, alterando así el texto aprobado en su momento por el pleno.

Ad portas del cierre del proceso constituyente, que finaliza el próximo 4 de julio con un acto de clausura, la Secretaría Técnica propuso una serie de modificaciones a la propuesta constitucional para la ordenación final del texto -una vez concluidas las votaciones en el pleno-, “particularmente de las referencias y remisiones normativas”.

Sin embargo, el constituyente de Evópoli denunció que -en ese contexto-, además de dichas sugerencias, la mesa directiva también sometió a votación durante una sesión realizada este jueves la modificación del inciso segundo del artículo 191 del texto definitivo.

La deliberación tenía como objetivo reemplazar la expresión “los pueblos y naciones preexistentes al Estado” por “los pueblos y naciones indígenas”, lo que fue aprobado por ocho votos a favor y uno en contra, proveniente -justamente- de Larraín Matte.

La reformulación generó molestia en el convencional de Evópoli, ya que el 28 de junio -en el marco de la última votación en el hemiciclo- el pleno de la Convención rechazó la indicación proveniente del informe de la Comisión de Armonización que, entre otras cosas, realizaba aquella modificación.

“Es complejo anticipar las consecuencias interpretativas, el sentido y alcance de esta modificación”, señaló al respecto Larraín Matte, y aseguró que “de lo que hay certeza, es que la mesa modificó el texto sin tener las facultades para eso”.

“Espero que sean muchos los convencionales que transversalmente soliciten a la mesa que deje sin efecto esta modificación”, sentenció.

En detalle, el inciso visado anteriormente por el hemiciclo señalaba que “los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.

Mientras que el texto modificado por la mesa indica que “los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.

“La mesa directiva tiene atribuciones para introducir correcciones”

Inmediatamente tras la denuncia, la vicepresidenta adjunta, Bárbara Sepúlveda (PC), salió al paso defendiendo el cambio y aduciendo que lo que se hizo fue “estandarizar la nomenclatura”.

“Hernán, honestamente, esta es tu polémica más superficial y decepcionante. Lo único que hicimos fue estandarizar la nomenclatura para que quedara coherente con el lenguaje claro y el mismo concepto que se usó en toda la Constitución. Gana debatiendo, no con polémicas baratas”, aseveró la constituyente.

Sin embargo, horas después, desde la testera del órgano emitieron una declaración en respuesta a la acusación del convencional de Evópoli, con la firma de la presidenta, María Elisa Quinteros, el vicepresidente Gaspar Domínguez, y las vicepresidencias adjuntas Sepúlveda, Natividad Llanquileo, Yarela Gómez, Francisco Caamaño, Luis Jiménez y Tomás Laibe.

De acuerdo con lo informado por la mesa directiva, durante una sesión que se llevó a cabo ayer, se adoptó el acuerdo que -aseguran- es parte de las facultades que posee la testera, respaldadas en el artículo 39 del Reglamento General, y que no altera el sentido de la norma.

La mesa directiva tiene atribuciones para introducir correcciones en el texto constitucional, con el objeto de dar cumplimiento al principio de coherencia consagrado en el artículo 3, letra a), del mismo reglamento”, precisaron.

Además, explicaron que dicho acuerdo “tenía como finalidad dotar de contenido a las recomendaciones efectuadas por la Secretaría Técnica en virtud de la atribución conferida en el artículo 60, letra c)”, producto del rechazo de algunas indicaciones de la Comisión de Armonización en el hemiciclo, así como también “a las formuladas por la Secretaría de la Convención Constitucional”.

Durante el comunicado, los integrantes de la mesa también señalaron que la expresión “pueblos y naciones indígenas” se repite “en más de 30 oportunidades” en el documento armonizado, y que “el sinónimo utilizado obedece a las reglas de lenguaje claro que esta Convención ha adoptado para todo el texto”.

Pero que, como resultado de la aprobación de algunas indicaciones de armonización, así como el rechazo de otras, “persistió una referencia distinta en el artículo 191.2, utilizando la expresión ‘pueblos y naciones preexistentes’”, frase que, aseguraron, también fue sustituida por el pleno en otros artículos.

“Frente a este evidente problema formal de referencia, sin cambiar el sentido de la norma, la mesa directiva, por mayoría de sus miembros, adoptó el acuerdo de corregir la referencia y dotar de coherencia al texto, de acuerdo con las atribuciones anteriormente señaladas”, concluyeron desde la testera del órgano, e hicieron un llamado a la ciudadanía a “informarse por los canales oficiales”.

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