Una hora antes del inicio de la sesión, a las nueve de la mañana de este martes, el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN), llegó al Congreso.

Casi al mismo tiempo llegó también la subsecretaria, Constanza Castillo (RN).

A esa hora había aún poco movimiento en los pasillos de la Cámara de Diputados, que estaba convocada para resolver básicamente asuntos administrativos, como la composición de comisiones legislativas y los días y horarios de sesiones.

Pese a que la jornada no tenía en tabla proyectos de ley, la dupla García-Castillo hizo su estreno con sus primeras jugadas legislativas, como poner urgencia suma (15 días de discusión) a iniciativas como la ley de sociedades deportivas, la restricción a beneficios fiscales a inmigrantes y la creación de nuevos establecimientos educacionales, que venían del período anterior.

No obstante, la acción más controversial fue el retiro del proyecto de negociación ramal, proyecto emblemático del gobierno de Gabriel Boric, que demoró varios años de gestión.

Si bien el Presidente José Antonio Kast actuaba dentro de sus facultades al poner fin al proyecto (mientras no se haya votado en general en la sala), su retiro generó malestar en la oposición, ya que la jugada fue sorpresiva.

En representación de su bancada y en sintonía con el malestar de la oposición, la diputada Andrea Macías (PS), hizo el reclamo en la sala. “Me parece de suma gravedad el oficio recibido por parte de Su Excelencia el Presidente de la República en relación a la comunicación sobre retirar de la tramitación de este Congreso nacional el proyecto que modifica el código del trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel... Claramente hay una afectación a los y las trabajadoras de nuestro país”, dijo.

Luego, de la sala varios diputados opositores se sumaron a la queja.

Ley miscelánea

Sin embargo, lo que tiene más preocupado al bloque opositor es el inminente envío de un megaproyecto legislativo que bajo el rótulo de “Reconstrucción” plantearía 40 modificaciones legales en diversos ámbitos, desde ajustes tributarios y cambios en beneficios sociales, hasta asuntos de seguridad pública (como el aumento de penas por la venta informal de cigarrillos y el transporte ilegal de inmigrantes).

En el mismo oficialismo admiten que al menos el anuncio del gobierno da cuenta de un proyecto misceláneo (es decir, que incluye temáticas variadas y a veces no relacionadas), diseño que en el pasado han sido severamente criticado, incluso por la derecha, por tratarse de presentaciones gubernamentales que limitan la acción del Congreso.

De hecho, en enero pasado, el proyecto de reajuste, enviado por el gobierno del expresidente Boric, era una ley miscelánea que tenía el récord de incluir 129 artículos distintos, en su mayoría no relacionados con alzas ni beneficios salariales.

“El mayor problema de estas iniciativas misceláneas es que en realidad cercenan la deliberación, esencial a la democracia, al obstaculizar severamente la profundidad del debate”, escribió, por ejemplo, en enero pasado en una columna en Ex-Ante, la académica y abogada Natalia González, consejera de LyD, uno de los centros de pensamiento que aportó con equipos profesionales al gobierno del Presidente Kast.

En el debate que se dio en el Senado por la mencionada ley de reajuste, la entonces Comisión de Hacienda, que presidía la senadora Ximena Rincón, hoy ministra de Energía, hizo un unánime pronunciamiento “crítico” respecto de estas leyes misceláneas. “Si bien muchas de estas disposiciones responden a compromisos o necesidades sectoriales, su incorporación en una ley de reajuste exige especial prudencia por los efectos fiscales directos e indirectos que puede generar”, planteó la mencionada instancia en su informe a la sala de la Cámara Alta.

Debate en la Cámara

Esta mañana, no obstante, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez salió en defensa del proyecto gubernamental que ingresaría antes de abril y lamentó el anuncio de la oposición que ya adelantó que podrían recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar esta ley miscelánea.

“Son adivinos en la oposición, porque para que sea inconstitucional no hay que leer el proyecto y el proyecto no está listo, no se ha presentado todavía... Yo les propongo a la oposición que esperen a que el proyecto se presente, lo lean y ahí vean si es que hay alguna inconstitucionalidad... Aquí no hay diversas materias, puede haber temas de distintos ministerios, áreas, pero es el mismo tema, reactivación económica”, argumentó Ramírez.

El diputado Agustín Romero (republicano), que asumirá la presidencia de la Comisión de Hacienda, aseguró que “nosotros tenemos que, de aquí a seis meses, tener aprobados una batería de proyectos de ley que dicen relación con la reconstrucción. Si nosotros empezamos a separar estos temas, no estaríamos reconociendo la urgente necesidad de resolver esto”.

Desde RN, Francisco Orrego, señaló que “nosotros tenemos que tramitar este paquete de medidas legislativas lo más rápido posible y yo estoy muy de acuerdo con la decisión del gobierno de presentar una ley miscelánea, porque son varias las materias que van a beneficiar a los chilenos”.

El jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, afirmó que detrás de “la apariencia del supuesto plan de reconstrucción, hay un verdadero intento de refundación conservadora y se está tratando de pasar gato por liebre”. “Los temas tributarios se tienen que discutir aparte”, añadió Soto.

Desde el PS, su jefe de bancada, Raúl Leiva, afirmó que un proyecto tan amplio se asemeja a lo que ha hecho Donald Trump en EE.UU. (con la apodada One Big Beautiful Bill, La Gran Hermosa Ley) y Javier Milei en Argentina con la llamada Ley Ómnibus. “Estos anuncios que se dan, y particularmente esta ley ómnibus o miscelánea todavía no ingresa. Nosotros vamos a analizarla, pero entendemos que la extensión de las normas misceláneas puede tener reproches desde el punto de vista constitucional. No nos parece que una ley, imitando el modelo argentino o americano, incorpore en una misma idea matriz una serie de normas que no tienen ninguna consideración entre sí”.

Tensión en el Senado

La crispación legislativa de la Cámara se trasladó en la tarde al Senado, donde varios legisladores opositores como Alfonso de Urresti (PS), Daniella Cicardini (PS), Yasna Provoste (DC), Diego Ibáñez (FA), Beatriz Sánchez (FA) y Claudia Pascual (PC), criticaron con severidad el retiro de decretos en materia medioambiental y de derechos humanos.

“Esta es una situación de alerta”, dijo Cicardini.

“Revisar no es lo mismo que retroceder y demoler. Lo que estamos viendo es un retroceso histórico que dilapida décadas de trabajo”, comentó Provoste en la sala.

En respuesta a varios de los reclamos, salieron en defensa del Ejecutivo, los senadores Arturo Squella (republicano), Andrés Longton (RN) y Camila Flores (RN), lo que añadió más elementos de tensión a una sesión que ya estaba crispada por conflictos personales entre algunos parlamentarios.

Si bien el retiro de decretos eran parte de una medida administrativa, a nivel legislativo, el gobierno también hizo algunas jugadas en el Senado como poner discusión inmediata a la ley que penaliza como delito la inmigración irregular y retiró nombramientos de integrantes de tribunales ambientales y un veto enviado por el gobierno de Boric al proyecto de envejecimiento positivo.

El hecho fue cuestionado por De Urresti, que lo calificó como una “falta de deferencia” al Congreso.