Alrededor de treinta indicaciones habían sido presentadas hasta ayer en la Comisión de Gobierno de la Cámara para modificar la reforma que establece las multas por no votar en elecciones.

La iniciativa de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que se aplicaría solo a ciudadanos chilenos –excluyendo de la sanción a los extranjeros habilitados votar–, fue reflotada por la oposición como alternativa intermedia para levantar el bloqueo del Ejecutivo a la medida.

En el oficialismo existe temor por la incidencia en las elecciones de la comunidad venezolana, presuntamente crítica de la izquierda, que suma más de 237 mil electores, lo que la convierte en el grupo de migrantes más gravitante dentro del padrón.

Si bien inicialmente el gobierno a través de las conversaciones que lideraba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), mostró cierta apertura a la oferta opositora, La Moneda subió las condiciones y pidió derechamente restringir el sufragio de los extranjeros para las próximas elecciones, al margen de la multa.

Para el Ejecutivo este era un tema de principios, ya que en ningún país existe un estándar tan laxo como Chile para conceder el derecho a voto a inmigrantes no nacionalizados en todo tipo de elecciones, con inscripción automática, y además con sufragio obligatorio.

No obstante, la demanda gubernamental implicaba hacer un cambio en el padrón, lo que era inaceptable para la derecha. Además, técnicamente ya es imposible hacer cualquier ajuste de esa naturaleza para el Servicio Electoral, que el pasado 18 de julio ya conformó un registro provisorio de electores. En Palacio, sin embargo, sostenían que aún había un pequeño margen para cambiar el padrón ya que la nómina definitiva será publicada el 17 de septiembre.

Ello tensionó las negociaciones al punto de que el gobierno hizo infructuosas gestiones para tratar de rechazar la reforma electoral, de autoría de la diputada Pérez, cuando se votó en la Sala de la Cámara el pasado 14 de julio.

Pese al fallido intento de La Moneda, los diputados igualmente aprobaron la idea de legislar de la iniciativa, pero al ser objeto de indicaciones fue derivada nuevamente a la Comisión de Gobierno, que hoy preside el diputado Rubén Oyarzo (radical).

Esta semana, sin embargo, se reanudaron las tratativas con algunas novedades.

Las conversaciones que eran encabezadas por Elizalde serán asumidas por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien igualmente había participado en todas las conversaciones. De todos modos, el ministro del Interior no se desligará completamente del tema.

Este martes, Lobos se reunió con la diputada Pérez, a quien le manifestó que el gobierno presentaría una contrapropuesta para destrabar la iniciativa.

Si bien en lo medular el Ejecutivo no desistiría de regular por un tema de principios el voto de los extranjeros en Chile, una idea para salir del entrampamiento sería postergar la restricción al voto de los extranjeros a partir de las elecciones de 2029 y abordar toda la problemática de los derechos de extranjeros de forma integral.

“Hoy día conversamos con la ministra y hay voluntad del gobierno, probablemente. Nunca nos hemos negado a revisar situaciones de los extranjeros, no solo en materia de derechos, también en otras materias. Si vamos a abrir eso, bueno, abramos todos los accesos a las materias de vivienda, de salud, de educación, de cómo están los extranjeros en nuestro país y los derechos y las obligaciones que también tienen”, dijo la diputada Pérez, quien se mostró confiada en que se llegará a una solución.

Consultada por La Tercera, la ministra Lobos dijo que “desde el Ejecutivo siempre hemos sostenido que estamos por sancionar a los ciudadanos que no cumplan con su deber de ir a votar y que discutamos el alcance del voto de los extranjeros de manera más integral”.

Y agregó: “Hay que recordar que la sociedad chilena no ha dado una discusión de fondo sobre este tema y ello es absolutamente necesario, ya que la situación demográfica del país respecto de la población extranjera es muy distinta al Chile de hace 40 o 30 años atrás. Como gobierno ratificamos nuestro compromiso de diálogo transversal para construir acuerdos en esta como en otras materias”.