La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, y que fue anunciada la semana pasada en cadena nacional, rápidamente empieza mostrar resultados en el plano legislativo.

El paquete de proyectos parlamentarios, que en su totalidad son 19, es un conjunto de iniciativas legales y de reformas a la Constitución de distinto origen: mociones parlamentarias -en su gran mayoría de derecha- y mensajes presidenciales, tanto del actual gobierno de Kast como de su antecesor, Gabriel Boric.

La actual administración, además, presentó estos proyectos con distintas urgencias, que es la herramienta que tiene el Poder Ejecutivo para obligar a una Cámara a despachar un proyecto en un determinado plazo de tiempo.

En ese contexto, este nuevo impulso legislativo del gobierno -luego de la aprobación de la megarreforma de Reconstrucción Nacional- ya está dando sus primeros frutos.

Esto, porque en la Cámara de Diputados se materializaron tres avances en esta agenda. Por un lado, la Comisión de Seguridad de esta corporación aprobó en general el proyecto que crea el Registro Único de Vándalos.

Con el respaldo de parlamentarios de derecha, los votos en contra de la oposición y la abstención de Juan Marcelo Valenzuela (PDG), esta instancia legislativa despachó el proyecto con informe favorable a la sala.

El pleno de la Cámara, a su vez, aprobó en general la moción parlamentaria, presentada por la bancada de diputados de RN en el periodo anterior, que crea la ley Naín-Retamal 2.0. La norma en cuestión crea una defensa privilegiada al funcionario militar o policial que actúe en defensa de su persona o derechos, incluso estando de franco.

Con esto resuelto, el proyecto pasa al Senado para su segundo trámite constitucional.

La semana pasada, la Cámara también había aprobado la reforma constitucional, presentada por el gobierno de Kast, que permite a las Fuerzas Armadas realizar controles preventivos de identidad en medio de los estados de excepción.

Este proyecto ya está en manos del Senado para su segundo trámite constitucional.

A pesar de que se trata del primer paso en la discusión legislativa, el avance de ambas iniciativas marcan los primeros triunfos del gobierno en su ACOT.

Las iniciativas que están más próximas a ser ley son tres: el de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, iniciado en un mensaje del expresidente Boric; el que aumenta plazo de hipótesis de flagrancia, moción presentada por la bancada de senadores RN; y el que perfecciona procedimiento de expulsión administrativa, que es de autoría de los diputados de este mismo partido.

Otras iniciativas que están en esta segunda etapa constitucional es el proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente, el que tipifica como delito el ingreso clandestino al país -ambas mociones parlamentarias de diputados RN-; y el que tipifica el delito de reclutamiento de niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos, que es un proyecto de diputados de distintos colores políticos.

Primer trámite

Aún en su primera etapa de discusión parlamentaria se encuentra otro puñado de proyectos.

Entre ellos, hay tres mensajes del gobierno de Kast: el que se busca modernizar el sistema de incentivos y extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros; el de la continuidad de juicio en ausencia del acusado; y la ley corta que modifica el la normativa de Seguridad Municipal.

Otra iniciativa gubernamental que está en primer trámite en el Senado es la que presentó la administración Boric para establecer aquellas infraestructuras críticas que serán protegidas por las Fuerzas Armadas.

Las mociones parlamentarias que se encuentran en esta etapa de tramitación son dos: la que sanciona la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros, presentado por la bancada de diputados RN, además de Jaime Araya (Ind.-PPD).

El segundo, también presentado por esta bancada, es el que modifica el Código Penal para delimitar la aplicación penal de apremios ilegítimos.

Ambos proyectos se encuentran en la Cámara de Diputados.