Una sorpresiva prioridad le comenzará a dar la Comisión de Constitución del Senado a una reforma a la Carta Fundamental presentada por el senador José Durana (UDI) que propone darle a la Región de Arica y Parinacota el mismo estatus de territorio especial, que hoy tiene la Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández.

La instancia que preside la senadora de Antofagasta, Paulina Núñez (RN), puso este proyecto, ingresado en mayo de 2004, en el primer punto de la tabla de este lunes.

Si bien hoy la Constitución ya contempla, desde 2007, la existencia de territorios especiales -como las mencionadas zonas insulares aisladas-, este debate se amplificó y se profundizó en el primer fallido proceso constituyente a cargo de la Convención Constitucional.

En aquella oportunidad se dio una intensa discusión respecto de la creación de nuevos territorios autónomos y especiales, ya sea por sus características geográficas, económicas, culturales y sociales, o bien por su concentración de población indígena.

Ahora, la reforma de Durana reabre esta misma discusión. Si bien su propuesta solo alude a la Región de Arica y Parinacota, zona a la que hoy representa, el tema puede tentar a que otros legisladores hagan lo mismo por sus territorios para darles autonomía y carácter especial.

Incluso, el senador UDI emplea una frase idéntica a la que señala la fallida propuesta de la Convención Constitucional, que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

Esta coincidencia no es casual. En ese proceso constituyente, el mismo Durana, a través de las entonces convencional Pollyana Rivera (ex UDI, hoy republicana), propuso esta idea que fue recogida parcialmente la propuesta.

“La Ley podrá establecer regímenes económicos y administrativos diferenciados para los Territorios Especiales”, dice la moción de Durana, que va más allá de lo que plantea la actual Carta Fundamental.

“En los Territorios Especiales, la ley podrá establecer regímenes económicos y administrativos diferenciados”, decía el texto de la extinta Convención Constitucional, en su artículo 236.

La moción del senador gremialista agrega en su parte principal que “dada su importancia geopolítica y sus condiciones particulares, se consideran territorios especiales los correspondientes a la región de Arica y Parinacota, así como a los territorios de Isla de Pascua y la Isla de Juan Fernández”.

“En el marco de la unidad del Estado, su administración se regirá por estatutos particulares que se establecerán por leyes orgánicas constitucionales, las que deberán ser dictadas en el término de un año, contado desde la plena vigencia de esta disposición constitucional”, añade la reforma del actual legislador.

Comparativamente el texto de la Convención también mencionaba, en el mismo artículo 236, que “en virtud de las particularidades geográficas, climáticas, ambientales, económicas, sociales y culturales de una determinada entidad territorial o parte de esta, la ley podrá crear territorios especiales”.

La principal diferencia es que el fallido texto constitucional daba más facilidades para crear estos territorios especiales mediante una ley simple, mientras que el senador lo hace directamente en la Constitución derivando solo los detalles a un norma de menor jeraquía jurídica como una ley simple o una ley orgánica.

Estamos cansados

Durana, quien enfrenta una difícil reelección en su región, donde los diputados Vlado Mirosevic (liberal) y Enrique Lee (independiente Demócratas) aspiran a desbancarlo, comentó que la iniciativa busca reconocer la historia, la situación y la importancia geopolítica de la región, especialmente en el contexto de las relaciones con Bolivia y Perú.

“En Arica, estamos cansados que el país y el centralismo, nos mire como el patrio trasero”, comentó el senador.

“Es necesario que el Estado reconozca los efectos que, en su desarrollo, ha producido y nos produce diariamente el cumplimiento de los Tratados de 1904 y 1929”, dijo Durana.

A su juicio, de aprobarse, esta reforma permitiría que la región defina sus propias políticas de desarrollo, acceda a fondos diferenciados y cuente con herramientas de gestión adaptadas a su realidad fronteriza.

En esa línea, coincidió en que este proyecto abre una discusión de cómo Chile reconoce, protege y potencia sus zonas estratégicas.