La discusión por un eventual indulto a los uniformados condenados en el marco del estallido social sigue generando posturas encontradas en el oficialismo.

Así, al menos, lo reconocen parlamentarios de Renovación Nacional (RN), quienes este martes darán a conocer una propuesta que busca reemplazar la entrega de ese beneficio por una serie de iniciativas de “fortalecimiento policial”, las que presentarán al ministro de Seguridad, Martín Arrau, en un almuerzo.

“Respecto de la situación de las personas de las policías que están hoy día injustamente procesadas en nuestra opinión, nosotros mañana le vamos a hacer llegar al ministro de Seguridad una propuesta distinta a la que ha propuesto un partido que no es parte del gobierno”, adelantó el jefe de bancada, Diego Schalper, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

La agenda elaborada por el partido liderado por Andrea Balladares será presentada por un grupo de diputados encabezados por Schalper y el senador Andrés Longton, con el objetivo de reforzar la protección jurídica de las policías y también abrir un proceso de reparación para los funcionarios que se vieron afectados durante el estallido social.

El anuncio se da después de que hace unos días parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) anunciaran un proyecto que establece un indulto general para los funcionarios y civiles que fueron condenados por hechos registrados durante las protestas de fines de 2019.

Esto, en medio de la presión de ese partido y republicanos para que La Moneda concrete la entrega del indulto presidencial a los uniformados involucrados, lo que fue planteado por el Presidente José Antonio Kast al asumir la presidencia.

En concreto, la moción de la senadora Vanessa Kaiser (libertarios) establece un artículo único para conceder el indulto a los funcionarios “que, en razón del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hubieren participado en acciones, operativos o procedimientos desarrollados a contar del día 18 de octubre de 2019 con motivo de la alteración del orden público”.

Durante la semana pasada, incluso algunos diputados de la bancada de RN se sumaron a la petición. Entre ellos, el independiente Daniel Valenzuela, Francisco Orrego, Eduardo Durán y Juan Carlos Beltrán.

Lo cierto es que el proyecto generó rápidamente algunas fricciones en el oficialismo. Desde parte de Chile Vamos pusieron en duda su respaldo y recalcaron que la evaluación para otorgar el beneficio tenía que ser “caso a caso”, tal como lo está haciendo el Ejecutivo. En libertarios, en tanto, no dudaron en cuestionar esa postura.

El tema también complicó a La Moneda, donde han evitado fijar una postura al respecto e insistieron en que el indulto era una facultad del Presidente y que sería anunciada cuando corresponda.

En ese contexto, en RN no dudaron en sumarse a la discusión. Esto, en medio de la disputa que existe en el sector respecto al partido de derecha que mejor se posiciona ante la ciudadanía. En ese escenario, la pugna más dura ha estado entre republicanos y libertarios.

En concreto, la agenda de RN considera varias iniciativas que apuestan a ingresar al Congreso en los próximos días.

A la anunciada ley Naín-Retamal 2.0 que busca -entre otras cosas- ampliar la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales de franco, se suma -por ejemplo- la modificación del artículo 150 D del Código Penal, que establece las sanciones por apremios ilegítimos o tratos crueles ejercidos por funcionarios públicos.

“La amplitud actual del artículo 150 D ha permitido que el delito de apremios ilegítimos sea invocado en procedimientos policiales dinámicos o actuaciones de orden público en que la persona no se encontraba bajo custodia efectiva del funcionario. Ello genera inseguridad jurídica y puede confundir esta figura con delitos de lesiones, amenazas u otros ilícitos vinculados al uso ilegítimo de la fuerza”, se explica en un documento de la bancada.

En ese sentido, la modificación apunta a que se exija que la víctima se encuentre bajo custodia del funcionario público imputado para ser juzgado bajo esa figura. Cambio que -explican- es clave, ya que aseguran que el artículo ha sido utilizado como argumento para condenar a uniformados en varias ocasiones, sobre todo en los casos del estallido.

Al respecto, Schalper explicó que lo que se busca “es acogerse a la legislación general, permitiendo un juicio justo respecto aquellas personas que han sido sido injustamente juzgadas (...). Aquí lo que hay muchas veces es una aplicación infundada de ciertos artículos del Código Penal respecto de las fuerzas policiales. Por lo tanto, da la impresión de que hay que mirar esos artículos y corregirlos para que no se presten para situaciones abusivas como las que hemos conocido”.

Junto con eso, otra de las propuestas de la bancada apunta a crear por ley una “comisión de justicia y reparación policial”, que estará a cargo de revisar los casos en que funcionarios hayan sido objeto de denuncias, querellas, sanciones, bajas, perjuicios de carrera u otras consecuencias durante el estallido social.

La idea es que la instancia funcione de forma trimestral y elabore un informe con propuestas de reparación, reincorporación, revisión de bajas y eventuales ajustes normativos. Esto, principalmente a partir de la revisión de las denuncias o querellas que no prosperaron judicialmente o que fueron desestimadas.