El Senado deberá volver a votar la posibilidad de levantar el secreto bancario, luego de que se registrara un doble empate en la discusión del artículo contenido en el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades vinculadas al crimen organizado.

La iniciativa se encuentra en tercer trámite constitucional y a la Cámara Alta le correspondía zanjar en particular las enmiendas que la Comisión de Seguridad Pública propuso rechazar, además de votar por separado algunos artículos para perfeccionar la redacción del proyecto, entre ellos el referido al levantamiento administrativo del secreto bancario.

La posibilidad de acceder a información bancaria volvió a estar en la palestra luego de que se conociera la detención de un ejecutivo del Banco Santander acusado de facilitar operaciones de lavado de activos para el Tren de Aragua, hecho que marcó parte del debate parlamentario.

Con todo, el artículo 11 de la propuesta fue sometido a votación separada y, en dos oportunidades, obtuvo un empate de 23 votos a favor y 23 en contra, quedando a un sufragio de su aprobación. Por ello, la norma deberá volver a ser votada en la próxima sesión de la Cámara Alta.

Los sectores que rechazaron fueron todos los senadores independientes de derecha, y también los militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli, Republicanos y la única representante del Partido Nacional Libertario (PNL).

Mientras que a favor se mostraron los senadores del Partido Socialista (PS), Democracia Cristiana (DC), independientes progresistas, Frente Amplio (FA), Partido por la Democracia (PPD), Partido Comunista (PC) y el FREVS.

El punto fue planteado por la senadora Yasna Provoste (DC), quien recordó que el artículo 182 del reglamento establece que, si tras repetirse una votación persiste el empate, la propuesta solo se entenderá desechada cuando la urgencia del proyecto venza antes de la sesión siguiente.

“No es el caso, por lo tanto, este artículo necesita ser votado en la siguiente sesión, porque este proyecto no tiene urgencia”, señaló la parlamentaria, criterio que fue respaldado por el secretario subrogante del Senado.

Una vez resuelta la votación sobre el levantamiento del secreto bancario, el proyecto deberá pasar a comisión mixta.

Gobierno a favor, pero con reparos

En representación del gobierno estuvieron presentes en la sala el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Este último destacó “la voluntad del Presidente Kast muy decidida de perseguir con todas las herramientas que sea posible el crimen organizado y sus nefastas consecuencias”, relevando además que el Ejecutivo utilizó la urgencia legislativa para acelerar la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

“Esa primera urgencia no se renovó por una solicitud de esta sala, para fortalecer el diálogo previo a la votación con senadores tanto del oficialismo como de la oposición, que condujo el Ministerio de Hacienda y que tuvo el propósito de alinear este proyecto de ley con el que crea el Sistema de Inteligencia del Estado, que en ese momento estaba siendo analizado por el Tribunal Constitucional”, explicó.

Respecto del levantamiento del secreto bancario, Rodríguez reafirmó que el gobierno está a favor de la medida para fortalecer la persecución del crimen organizado y seguir la ruta del dinero.

“La diferencia estriba en que, a juicio del gobierno, ese levantamiento debe realizarse con control judicial por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque cada vez que la Unidad de Análisis Financiero -que es lo que propone el proyecto de ley- ha solicitado el levantamiento, este se ha otorgado dentro del plazo que establece la ley, que es de tres días”, sostuvo.

“Y, por otra parte, hay que recordar que la inteligencia financiera se realiza en una etapa prepenal, previa a cualquier formalización. Por lo tanto, el resguardo de los derechos de los ciudadanos, particularmente el derecho a la privacidad, se vuelve doblemente importante y, por eso, exigir control judicial es razonable”, agregó la autoridad.