La trama del revés ambiental de Fundamenta y su proyecto “Egaña Comunidad Sustentable“ en Ñuñoa no acaba.

A poco más de ocho meses de la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva) que el 18 de abril rechazó la iniciativa y paralizó su construcción, hoy se conocen nuevos antecedentes sobre la votación que reflejan la coordinación de los secretarios ministeriales del gobierno de Gabriel Boric. Aunque el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había recomendado a la comisión aprobar el proyecto inmobiliario, la Coeva rechazó la iniciativa por la mayoría de sus integrantes.

El caso es reflotado debido a que la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo presentó una denuncia ante la Contraloría General de La República (CGR), acusando presiones de la delegada presidencial de RM, Constanza Martínez.

En su requerimiento, Patricia Hidalgo adjuntó una copia de la conversación de un grupo de WhatsApp, denominado “Comisión Ambiental” que creó el jefe de gabinete de Martínez, Miguel Concha, el 4 de abril de 2022. El diálogo comienza cuando Concha pide a los seremis que “ingresen a la reunión para revisar los proyectos”.

“En un rato les enviaremos el fundamento de la votación del proyecto Egaña Sustentable. Ahora lo está revisando el abogado del Ministerio del Medio Ambiente”, dijo la seremi del Medio Ambiente, Sonia Reyes.

Acto seguido, el seremi de Transportes, Roberto Santa Cruz explicó en el chat que “si vivienda rechaza, deberíamos plegarnos a ella, en el proyecto Egaña”.

“Estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”, respondió, Rocío Andrade, seremi de Vivienda.

Frente a sus palabras, Santa Cruz acotó: “Mi equipo técnico me dice que el tema de la luz lo puede mencionar Vivienda”.

“Lo mencionaré, pero lamentablemente no tenemos normas al respecto como para decir que existe un incumplimiento”, replicó Andrade.

Ante el dilema de la Seremi de Vivienda y Transportes, su par del Medio Ambiente sostuvo: “Nosotros podemos observar lo del sombreamiento y refracción de la luz”.

“Sí, por acá también rechazaremos, me dicen que yo tengo más margen para hablar”, añadió Constanza Martínez, delegada presidencial.

Posteriormente añadió: “Aquí esta la fundamentación revisada por el abogado del Ministerio. Como Medioambiente vamos a rechazar”. El archivo compartido era del formato PDF de sólo una página, titulado: “Fundamentación Votación Referida Al Proyecto 2″.

“O sea, creo que el gobierno debe salir unido acá, sería pésimo salir mostrando diferencias”, acotó Santa Cruz.

Constanza Martínez, delegada presidencial, añadió: “Gracias, entiendo que el ultimo argumento lo doy yo, que es más de fondo”.

¿El resultado? 5 votos en contra y sólo dos a favor del proyecto. Estos últimos correspondieron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la seremi de Vivienda.

Hoy el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, que considera una inversión de US$300 millones, está a la espera de un último pronunciamiento de la Corte Suprema para reactivar sus obras.

Frente a la coordinada actuación de los seremis, Alfredo Palomino, gerente de Arquitectura de Fundamenta planteó lo siguiente: “Nos duele esta situación, viendo que no hubo argumentos ni razonamientos técnicos o jurídicos para votar en contra del proyecto, dejándose llevar por razones meramente ideológicas. Nos duele más aún la pérdida de la fuente laboral de miles de trabajadores y de sus familias, que este irracional e irresponsable actuar provocó. Queremos destacar, no obstante, el actuar del Servicio de Evaluación Ambiental y del ministerio de Vivienda, que han actuado correctamente, conforme a los antecedentes técnicos y jurídicos presentados”.

“Estamos estudiando las acciones legales que corresponda y esperemos que esto sirva para que la Corte Suprema legitime en definitiva el apego a derecho de este proyecto”, añadió.

Marcelo Castillo, abogado de Patricia Hidalgo, calificó de “extremadamente grave que las votaciones de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana sean manipuladas para aprobar o rechazar proyectos en forma ilegal, o cuando no existen fundamentos para ello”. “La legislación ambiental es una garantía para la comunidad y para los titulares de los proyectos, pero cuando un ministro, subsecretario o delegado presidencial ejerce influencias o presiones ilegítimas sobre los miembros de la Coeva para votar de determinada manera se distorsiona todo el sistema de evaluación ambiental, abriendo paso a la arbitrariedad, la corrupción, el tráfico de influencias y otros delitos funcionarios”, complementó.

Consultada por Pulso, la delegada presidencial, Constanza Martínez explicó que “los procesos de análisis y votación se han realizado con pleno respeto a la normativa, avalados por argumentos técnicos, que han sido desarrollados por las instituciones pertinentes. Cada uno de estas votaciones requiere de grados de análisis y coordinación entre las autoridades respectivas, que es lo que hemos promovido en estos meses de gestión mediante coordinaciones intersectoriales”.

Sonia Reyes, seremi del Medio Ambiente sostuvo que “las decisiones en la Comisión de Evaluación Ambiental se toman atendiendo a los fundamentos que constan en el expediente de evaluación ambiental: las presentaciones de los titulares, los argumentos técnicos levantados por los organismos del Estado con competencia ambiental y las observaciones de participación ciudadana. La calificación no se realiza de manera arbitraria, son fundadas en razones técnicas sólidas. Como Seremi del Medio Ambiente RM nos ceñimos rigurosamente a la ley 19.300, a su reglamento y a las guías que rigen la evaluación ambiental. Nuestros profesionales cuentan con gran capacidad para evaluar los proyectos que ingresan al SEIA, los argumentos para calificar son técnicamente robustos”.

Según la autoridad, desde el 11 de marzo a la fecha se han aprobado 76 proyectos con una inversión de US$3.873 millones.

Pulso consultó por el nombre del abogado del Ministerio del Medio Ambiente que revisó la minuta para la fundamentar el rechazo del proyecto y desde su equipo de comunicaciones señalaron que la seremi no recordaba quien fue el abogado. Posteriormente, su equipo añadió que la minuta la había redactado ella y que la intervención jurídica fue sólo para ver la redacción y que no tuviese errores. Esa misma minuta fue leída en la sesión que terminó por rechazar la iniciativa.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron que “los fundamentos de las decisiones de la Coeva son elaborados a nivel regional. Es en la región donde está el conocimiento técnico y local sobre los impactos de un proyecto. Eso no obsta a que, dado que el Ministerio del Medio Ambiente es un único órgano público, los funcionarios puedan colaborar para evitar vicios, errores o ilegalidades”.