Andes Iron, propietaria del proyecto Dominga, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que puso nuevas trabas a la iniciativa minera y portuaria.

A la fecha, el proyecto mantiene su Resolución de Calificación Ambiental rechazada. La sociedad minera ha invertido aproximadamente US$500 millones, monto que comprende, entre otros conceptos, la adquisición de los predios contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental, que abarcan una superficie de 160 hectáreas, 10.000 hectáreas en Dominga y 210 hectáreas en Totoralillo.

En su presentación, la sociedad minera ligada a las familias Délano y Garcés, sostuvo que la sentencia del tribunal de alzada nortino anuló de oficio “todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental”. Con ello, ”los ministros recurridos incurrieron en faltas o abusos graves, al apartarse manifiestamente del tenor expreso de la ley y de principios procesales básicos", dice el texto.

“La sentencia impugnada desconoce que la decisión del Primer Tribunal Ambiental –que anuló la resolución del Comité de Ministros y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento conforme a parámetros precisos– estableció una obligación de hacer clara y actualmente exigible", consignó el escrito, patrocinado por los abogados Patricio Leyton y Carola Salamaca.

Sin embargo, “los jueces recurridos efectuaron un salto lógico jurídicamente improcedente: confundió la circunstancia −afirmada por esta Corte en sede de admisibilidad− de que la sentencia ambiental no era definitiva ni interlocutoria que pone término al juicio, con la errónea conclusión de que carecería de fuerza ejecutiva".

Más directa aún en sus argumentos, la sociedad minera sostuvo que “la gravedad del yerro se acentúa porque la nulidad fue declarada de oficio, pese a que la autoridad administrativa compareció al cumplimiento incidental, opuso excepción de pago y nunca impugnó oportunamente la vía procesal”. Asimismo, “la invalidación se decretó sin identificar perjuicio concreto −en abierta infracción al principio de trascendencia− y sin otorgar audiencia previa a las partes, vulnerando la bilateralidad y el debido proceso".

Andes Iron también advirtió que la sentencia de la Corte de Apelaciones anuló en su totalidad el procedimiento de cumplimiento incidental, lo que modifica de forma inmediata y sustancial el estatuto jurídico aplicable al proyecto Dominga, así como los actos administrativos dictados en ejecución de la sentencia de diciembre de 2024 del Tribunal Ambiental de Antofagastsa.

“De mantenerse vigente dicha sentencia mientras se tramita el presente recurso, se generarían efectos prácticos inmediatos y de difícil —cuando no imposible— reparación ulterior, toda vez que su ejecución o eventual invocación podría provocar una alteración sustantiva del proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, concluye.