Esta mañana comenzó la audiencia de reformalización de los imputados en el denominado caso Factop -Audio. En representación del Ministerio Público asistieron el fiscal nacional, Ángel Valencia, la fiscal regional, Lorena Parra, y los fiscales Miguel Ángel Orellana, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya.

Al costado izquierdo de la sala, frente a la magistrada Ximena Rivas, se ubicaron las defensas. Juan Pablo Hermosilla representó a su hermano, Luis Hermosilla; Álvaro Morales, a Álvaro Jalaff; y Cedric Bragados, a Antonio Jalaff.

También estuvieron presentes la abogada Leonarda Villalobos, su esposo Luis Ángulo, y los imputados Rodrigo Topelberg, Alberto Sauer y Ariel Sauer. El primero es el padre de Ariel y Daniel Sauer.

Se sumaron además los representantes legales de exejecutivos de LarrainVial —entre ellos Manuel Bulnes, Felipe Porzio y Andrea Larraín—, y el exsocio fundador de Grupo Patio, Cristián Menichetti.

La primera formalización del caso se realizó en enero pasado, en una audiencia que se extendió por cinco días. Al igual que entonces, esta vez la sala estuvo repleta.

El primero en intervenir fue el fiscal Juan Pablo Araya, quien adelantó que solicitará una salida alternativa para el socio de Factop, Rodrigo Topelberg, quien reconoció haber difundido el audio grabado por la abogada Villalobos durante una conversación con Daniel Sauer y Luis Hermosilla.

El Ministerio Público, junto con el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y otros querellantes, pidió ampliar el plazo de investigación por 60 días. La defensa de Luis Hermosilla, encabezada por su hermano Juan Pablo, se opuso al considerar que se trata de la tercera prórroga y que resulta excesiva, dado que su representado cumple arresto domiciliario total.

En contraste, las defensas de Álvaro y Antonio Jalaff, así como las de Villalobos y Ángulo, apoyaron la solicitud del Ministerio Público. Lo mismo hicieron las defensas de los exejecutivos de LarrainVial, además de los representantes de Rodrigo Topelberg, Luis Flores, Darío Cuadra y Alberto Sauer.

Por su parte, la defensa de Daniel Sauer solicitó extender el plazo de investigación a 120 días.

Frente a la discrepancia, la jueza Ximena Rivas resolvió mantener la causa abierta por 90 días más.

Con este punto zanjado, la Fiscalía propuso la suspensión condicional del procedimiento para el abogado Darío Cuadra, así como un procedimiento abreviado para Marcelo Medina, excontador de SIBO, y para Cristián Menichetti. En el caso de Cuadra, el Ministerio Público planteó como condiciones el pago de $10 millones al fisco, la obligación de fijar domicilio y un plazo de suspensión de un año. La magistrada acogió la solicitud, convirtiéndolo en el primer imputado del caso en acceder a este beneficio.

Tras ello, la audiencia entró en un receso de quince minutos. Se espera que la sesión se extienda hasta las 14 horas y que la reformalización se prolongue por cuatro días.

En su relato inicial, el fiscal Juan Pablo Araya pidió inicialmente habilitar esta audiencia para discutir un procedimiento abreviado para Topelberg, Ariel Sauer y Alberto Sauer. Este mecanismo implica que el Ministerio Público acuerda con la defensa la pena, que puede consistir en libertad condicional o libertad vigilada, siempre que la jueza lo apruebe y no exista oposición de los querellantes. Para concretar ese acuerdo, las partes realizaron conversaciones previas. El fiscal pidió en la audiencia discutir este beneficio para los tres, pero el debate quedó postergado para octubre.

Según conocedores del caso, la Fiscalía planea fundamentar la petición en la menor participación de Topelberg, Alberto y Ariel Sauer, además de la colaboración que han prestado, aunque en el caso de Alberto Sauer aún no ha prestado declaración en el proceso.

En términos simples, el procedimiento abreviado es una salida alternativa al juicio oral prevista en el Código Procesal Penal, que permite al imputado reconocer los hechos que se le atribuyen a cambio de que la Fiscalía solicite una pena no superior a cinco años. El juez de garantía debe comprobar que la aceptación del imputado sea libre y voluntaria, y si aprueba el acuerdo, dicta sentencia inmediata con la sanción convenida, lo que agiliza el proceso y suele implicar penas reducidas o el acceso a medidas sustitutivas.

El origen del caso Factop

El origen del caso Factop se remonta a 2012, cuando comenzó a operar el factoring fundado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer junto a Rodrigo Topelberg. Según la Fiscalía, la empresa utilizó la emisión de facturas falsas hasta 2023, presentándose ante inversionistas como un negocio sólido. Ofrecía altas utilidades por colocar dinero a 30 días de plazo y garantizaba el rescate inmediato del capital y de los intereses devengados.

Sin embargo, en junio de 2023, la Comisión para el Mercado Financiero suspendió las operaciones de Factop y de la corredora STF, lo que derivó en una corrida de inversionistas que intentaron retirar sus fondos, los que no pudieron ser cubiertos por la empresa.

El caso tuvo un giro decisivo en noviembre de 2023, cuando Ciper publicó un reportaje que reveló una conversación entre Villalobos, Hermosilla y Daniel Sauer, en la que discutían el pago de sobornos a funcionarios de la CMF y del Servicio de Impuestos Internos.

En la audiencia de reformalizacion, la fiscal regional Lorena Parra explicó que “toda la información entregada en la práctica no sólo era falsa, sino que se trataba de un fraude en el cual a través de la emisión de facturas falsas aparentaban solvencia y el buen estado de sus negocios, simulando la existencia de operaciones reales de factoring apropiándose de las sumas de dinero entregadas por las víctimas”.