A punto de finalizar el año, el fiscal Felipe Sepúlveda, encargado de la investigación sobre el fraude en contra de Primus Capital, recibirá un informe de la PDI que incluirá las declaraciones de nuevos imputados. Este fraude ha causado perjuicios superiores a los US$100 millones, según ha detallado en distintas audiencias la defensa del factoring.

El denominado caso Primus salió a la luz pública el 30 de marzo de 2023, cuando la compañía controlada por el empresario Raimundo Valenzuela notificó, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la detección de cheques falsos tras un proceso de auditoría.

Posteriormente, la administración decidió apartar de sus funciones al gerente general, Francisco Coeymans, y al gerente comercial, Ignacio Amenábar, quienes alegaron trato injusto e interpusieron demandas por despido injustificado. Actualmente, ambos exejecutivos, al igual que el abogado Antonio Guzmán y el empresario Marcelo Rivadeneira, permanecen bajo arresto domiciliario parcial en sus respectivos hogares.

Entre ellos existía un fuerte lazo de amistad, aunque hoy las relaciones están deterioradas. Prueba de lo primero es que Coeymans envió un correo electrónico a Rivadeneira, el 29 de marzo de 2023, pasada la una y media de la tarde, en la antesala de que se destapara el “esquema defraudatorio” que afectó al factoring, donde enfatizaba:

“Ojo, nunca delatar a nadie, sin importar lo que ofrezcan. A morir no más. Es la única forma. Me refiero a no delatarnos entre nosotros, y lo mismo hablé con Ignacio (Amenábar)”.

Los ilícitos que, según la fiscalía, ocurrieron entre enero de 2019 y marzo de 2023, incluyen: estafa, asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil falso y lavado de activos, entre otros.

La trama une facturas falsas, sociedades creadas por ciudadanos venezolanos con visa en tránsito para acceder a millonarios fondos, viajes con modelos peruanas, cámaras de vigilancia en las oficinas del factoring y hasta fiestas en Lima, Perú.

Casi tres años después de estallar el caso, el pasado martes, el fiscal envió un oficio a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en el que solicita “realizar todas las gestiones tendientes a ubicar y tomar declaración en calidad e imputados, previa lectura de sus derechos y bajo apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal” a un grupo de 10 personas.

El listado es encabezado por Juan Pablo Bañados Gavilán, socio de Sociedad de Inversiones Santa Sofía y Sociedad Comercializadora Northia SpA.

El emprendedor construye canchas de fútbol y es amigo de Amenábar y Coeymans, como lo detallan correos electrónicos. Según cálculos de Primus Capital, Bañados adeuda al factoring entre $3.000 millones a $4.000 millones.

Luego sigue Andrés Otero Uribe, CEO de Ferroll Proyectos y que según su perfil de LinkedIn es ingeniero de la Universidad de Chile.

Anabel Ruíz Retamal, esposa de Antonio Guzmán, quien hasta la fecha es el único de los cuatro imputados formalizados que ha guardado silencio ante la Fiscalía, forma parte también del listado.

Natalia Mateluna Cavieres, cuñada de Antonio Guzmán al ser esposa de Francisco Guzmán Neira, es otra de las personas que según el oficio del Ministerio Público debe prestar declaración en el marco de la investigación.

Bañados, Otero, Ruíz y Mateluna son mencionados en los distintos informes de la auditora KPMG que encomendó Primus Capital para detallar la ruta del dinero y el destino final de los fondos. Estos informes forman parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público.

Hugo Galilea Aranda, director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y director ejecutivo de Kepler, también -según el factoring- mantiene millonarias deudas y es uno más del listado de imputados que debe declarar a petición de la Fiscalía.

Adicionalmente, de acuerdo al oficio, la PDI debe tomar declaración a Fernanda Maturana, emprendedora que en 2009 se hizo famosa por su empresa Bolsas Reutilizables.

Mardones, Diéguez y Rubio

En el documento firmado por el fiscal Felipe Sepúlveda, además se mencionan los nombres del doctor y exdirector médico de Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones —quien es excuñado del exfutbolista Mauricio Pinilla—, y del abogado Gonzalo Diéguez Salgado, quien administra los negocios de su familia.

El fiscal busca que tanto Mardones como Diéguez se refieran a su posible participación en los casos de “Cheques Protestados” y “Depósito a Plazo”, así como a cualquier otra información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos de la investigación, en particular sobre su relación con los imputados formalizados y el esquema defraudatorio denunciado.

El caso de los cheques protestados está vinculado a una serie de sociedades ligadas a ambos, o en las que ellos participaron, en las que se emitieron cheques protestados. Por su parte, el episodio “Depósito a Plazo” involucra un supuesto documento falso relacionado con la sociedad de Diéguez, ADM.

Frente a ello, Hector Marambio, abogado de Diéguez, sostuvo que “a mi cliente no le ha llegado una nueva citación para que concurra a prestar declaración y cuando le llegue, naturalmente lo hará . En todo caso, es importante aclarar que no ha tenido participación alguna en la confección del DAP ni de cheques falsificados . Lo cierto es que Inversiones ADM SA ha resultado gravemente perjudicada con estos hechos”.

Otro de los citados para declarar en el marco del caso de los cheques protestados es el futbolista de Ñublense, Patricio Rubio Pulgar -ex Universidad de Chile-, según el oficio emitido por la fiscalía. El fiscal busca que el deportista detalle su relación con los imputados formalizados y el esquema defraudatorio denunciado.

Según las fuentes consultadas, varios de los cheques emitidos por las sociedades en cuestión estaban vinculados a la cuenta corriente de Rubio. Aunque los cheques no eran nominativos, las chequeras pertenecían a cuentas corrientes que, en algunos casos, estaban asociadas al futbolista. Por ello, el fiscal le interrogará al respecto.

Rubio había realizado operaciones con Primus Capital a través de su sociedad denominada Inmobiliaria Santa Julieta. En ese contexto, el factoring presentó querellas por el giro doloso de cheques, y actualmente el caso se encuentra suspendido.

El listado de imputados que deberán declarar se cierra con el nombre de Solange Rodríguez Guerra, abogada que formó parte del estudio jurídico fundado por Antonio Guzmán. El fiscal la citó para que aclare su relación con la sociedad Vega Sur SpA.