El proyecto de ley que presentó el gobierno para aumentar la deuda pública en US$6.200 millones este año, se tramita actualmente en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Este martes tuvo un invitado clave para abordar las implicancias fiscales que tiene la iniciativa: el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Ante esa instancia se presentó la presidenta del CFA, Paula Benavides, junto al vicepresidente, Sebastián Izquierdo, y al gerente de Estudios del organismo, Mario Arend.

En su exposición, Benavides explicó a los parlamentarios los alcances y foco del trabajo realizado, detallando que, dado que una mayor autorización de endeudamiento puede tener efectos sobre la trayectoria de la deuda pública y la sostenibilidad fiscal, el CFA analizó los fundamentos del proyecto, las presiones de financiamiento que lo originan y sus implicancias en el nivel de deuda bruta para 2026.

“El proyecto de ley se suma a la autorización de endeudamiento del artículo 3° de la Ley de Presupuestos 2026, cuyo primer inciso contempla hasta US$17.400 millones y el segundo hasta US$600 millones adicionales”, indicó Benavides, añadiendo que los US$6.200 millones adicionales se descomponen en tres necesidades adicionales de financiamiento, respecto de la Ley de Presupuestos 2026: mayor déficit efectivo proyectado; efecto del tipo de cambio (apreciación del peso), y atender obligaciones fiscales y manejar la posición de liquidez”.

Asimismo, el informe del CFA identificó presiones de financiamientos adicionales anunciadas en el proyecto, relacionadas con el aumento del nivel de caja requerido y con avanzar en la reducción del stock de deuda flotante.

En la presentación Benavides señaló que, dadas las necesidades de financiamiento, el Gobierno Central debe decidir si financiar aquellas no cubiertas mediante emisión de deuda o bien la reducción de activos o un ajuste fiscal.

“En el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026 se proyecta una deuda bruta para 2026 de 43,1% del PIB. Según lo señalado por la Dipres al CFA, esta proyección incluye en torno a unos US$4.600 millones (de los US$6.200 millones solicitados) en el ítem “Otras fuentes de financiamiento por definir” del cuadro de Usos y Fuentes de Financiamiento de dicho informe”, sostuvo la timonel del CFA.

En ese contexto, se precisó que lo que no estaba contemplado en la proyección de deuda del informe del primer trimestre son los US$1.500 millones restantes para llegar a los US$6.200 millones. “Con la mayor autorización de endeudamiento en 2026, se emitiría unos US$1.500 millones adicionales. En este caso, la deuda bruta de 2026 alcanzaría en torno a 43,4% del PIB. Si se considera un menor crecimiento del PIB en 2026 (1,7% según OCDE, junio de 2026) la deuda bruta alcanzaría 43,6% del PIB”, alertó el CFA, en consideración al límite autoimpuesto para no superar, de 45% del PIB.

En ese sentido, advirtió que “operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo no es inocuo: una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes, y puede presionar al alza las tasas de interés, encareciendo el crédito para hogares y empresas”.

En su exposición Benavides enfatizó que el mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto al proyectado en la Ley de Presupuestos de 2026, asociado, por una parte, a una corrección en la proyección de recaudación -producto de una menor recaudación efectiva en 2025 y un recorte prudencial del rendimiento esperado de la Ley de Cumplimiento Tributario-, y, por otra, a una corrección al alza en las proyecciones de gasto.

Al respecto recalcó que parte de estas presiones fueron advertidas oportunamente por el CFA en el período de gobierno de Gabriel Boric. Por ejemplo, dijo, se alertó respecto a la no inclusión del inflactor en el Subtítulo 21 en la Ley de Presupuestos de 2026, así como la identificación de que las provisiones para financiar el reajuste del sector público no estaban plenamente financiadas.

También indicó que la solicitud de mayor endeudamiento del proyecto refleja que aún está pendiente la generación de suficientes fuentes de financiamientos permanentes referidas a un mayor crecimiento económico, eficiencia y/o ajuste del gasto público, menor evasión y elusión tributaria, y mayores ingresos fiscales, para solventar los gastos comprometidos.

De esta forma, la economista concluyó que “el plan de acciones correctivas, que contempla un ajuste fiscal en su segunda etapa por US$1.000 millones, reduciría la presión sobre el déficit efectivo proyectado. Por ello, el CFA reitera el llamado de mantener el esfuerzo de consolidación comprometido por la actual administración”.