“Yo llevo 20 años trabajando en programas, especialmente en programas de mejoramiento de la vivienda, y nunca había pasado que la plata se me acabara en mayo o junio del año en curso. Nunca, no había pasado nunca”, afirma Felipe Valdivia, presidente de la Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales (Anacon), un gremio que reúne a cerca de 80 empresas del sector, que se concentra en mejoramiento de viviendas y que acusa un insólito retraso en los pagos del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización) de la Región Metropolitana, lo que ha traído problemas financieros a muchas pequeñas y medianas empresas del sector.

Algunos en el sector calculan que las deudas acumuladas podrían acercarse a los US$ 1.000 millones, cifra que publicó Diario Financiero este viernes en la tarde. “Esta cartera de Estado descarta tener pagos pendientes a empresas por la suma indicada”, respondió el ministerio de Vivienda en una declaración en la que afirma que puede haber una interpretación equívoca entre proyección de gasto y deuda pendiente.

Otra asociación gremial del sector, la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS), que reúne a 46 empresas, principalmente constructoras de viviendas, nuevas estima que el déficit presupuestario del Serviu Metropolitano para este año alcanzará $ 312 mil millones. Para sus asociados, dicen en la ADVS, las deudas podrían llegar al millón de UF (unos $ 40 mil millones), por pagos de escrituras, terrenos o asistencia técnica. “Esos montos son bastante grandes”, dice Carlos Marambio, gerente general de la ADVS.

Marambio cuenta que desde mayo que comenzaron a detectar estrechez de recursos -algo que suele ocurrir hacia fines de año-, que en junio la subsecretaria Gabriela Elgueta les ratificó ese escenario y prometió que no habría problemas con las obras en ejecución del Plan de Emergencia Habitacional, sino que se negarían anticipos y créditos de enlace. “Ya en agosto y septiembre nos empezamos a enterar de que no había plata ni siquiera para las familias que compran una casa por su cuenta sola, que iban a cobrar los subsidios al Serviu y les decían que no había plata, que no había caja o no había presupuesto”, cuenta Marambio. “Esta situación ya se presentaba como un gran, gran problema, bastante estructural”, agrega Marambio.

La situación se concentra principalmente en la capital. Un correo reciente enviado por un funcionario del departamento de aplicación de subsidios habitacionales del Serviu de la RM, y al que accedió La Tercera, responde a una empresa que no tiene autorización para gestionar una solicitud de préstamo, “ya que nos encontramos actualmente en un escenario presupuestario complejo y restrictivo que no da certezas de autorizar el pago en el corto plazo”.

Vivienda sí admite dificultades de pago en ese Serviu, entidades que son autónomas y descentralizadas, pero cuya misión es ejecutar las políticas encomendadas por el Minvu. “Efectivamente, hay Serviu -situación que se concentra fundamentalmente en la Región Metropolitana- que proyectan un gasto mayor a su presupuesto vigente, situación que ha sido informada a la Dirección de Presupuestos para concretar un mayor ingreso de recursos, lo que actualmente ya cuenta con medidas en implementación”, agrega la cartera liderada por Carlos Montes. El Minvu aclara que el programa DS 19 -subsidio para compra de viviendas en barrios bien localizados- tiene un modelo con pago de anticipos, los que, según la normativa, están sujetos a la disponibilidad de recursos.

El gobierno lanzó en el inicio de su administración un Plan de Emergencia Habitacional cuyo objetivo es la construcción de 260 mil soluciones.

“Estamos trabajando coordinadamente con la Dirección de Presupuestos en una mesa técnica destinada a apoyar e incrementar los recursos del sector, lo que refleja el compromiso del Estado con la inversión pública, la actividad del sector construcción y, sobre todo, con las familias que esperan su vivienda”, dice el Minvu.

Las empresas llaman al ministerio dueño de la billetera fiscal a tomar cartas en el asunto. “Es un problema más de Hacienda y Dipres que del Ministerio de Vivienda, que lo que hizo fue instalar un plan de emergencia habitacional que tenía sentido por el déficit habitacional. Por la misma razón, nuestro llamado a Hacienda y Dipres es a que logre suplementar los recursos que el Minvu le solicita y así poder pagar los compromisos contraídos”, dice Marambio.

Deudas de arrastre y confirming

Felipe Valdivia, de Anacon, dice que los primeros ceses de pago comenzaron en mayo. Y atribuye la demora en pagos -que involucran terrenos, deudas de construcción, pagos a proveedores- a deudas de arrastre acumuladas desde hace al menos tres años, lo finalmente hizo que se consumiera el presupuesto de todo el año en el Serviu antes de tiempo. “Hoy la deuda que tiene el Serviu para los programas de mejoramiento es casi igual a lo que se necesita en el año en curso para ejecutar los programas de mejoramiento. Entonces, es razonable que se les acabe la plata a mediados de año”, interpreta.

Algo desliza sobre aquello el Ministerio de Vivienda en su declaración pública. “Es importante destacar que el presupuesto sectorial anual aprobado en la Ley de Presupuestos considera una composición histórica de pago de compromisos de años anteriores de aproximadamente el 90% de los recursos”, dijo la autoridad.

“En esta situación hay responsabilidades compartidas. Por una parte, los recursos comprometidos para inversión por parte del Minvu se han elevado de manera considerable, en particular en la Región Metropolitana, mientras que a nivel macro, el Estado tiene que ajustar el gasto global para intentar cumplir la meta de déficit fiscal. Sin embargo, lo que en ningún caso corresponde es que sean las empresas las que deban asumir los gastos financieros derivados de este desbalance”, opina Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

Una de las soluciones, agrega Felipe Valdivia, que ha entregado la autoridad es aplicar el sistema de confirming, que permite a empresas financieras adelantar el pago a proveedores, en cuentas por pagar, a cambio de una comisión. Ese rol ha recaído, a sugerencia del Minvu, en el BancoEstado. Valdivia asegura que el Serviu le pide una factura a la constructura y que el Banco Estado paga con un interés de 0,5% mensual, mucho más bajo que los factoring. “Pero si el confirming tiene que financiar seis meses, hablamos de recursos que se comieron las utilidades del proyecto”, ejemplifica Valdivia.

En el sector privado dicen que la cifra de confirming destinado por el acuerdo entre el Serviu y Banco Estado asciende este año a unos $ 250 mil millones.