La ley de reforma previsional que aprobó el Congreso a inicios de este año, definió que en agosto de 2026 el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social, absorbiendo la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, con un promedio de 1,5% en los últimos años.

Así, desde 2026 “dicho seguro será financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), mediante la cotización que realicen los empleadores al Seguro Social previsional”, establece la reforma. Esta cotización será del 2,5%, pero también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Para lo anterior, en junio el gobierno ingresó un proyecto al Congreso que regula y permite el traspaso del SIS al FAPP, el organismo público, de carácter técnico y autónomo, encargado de gestionar el Seguro Social.

Y este miércoles los senadores de la Comisión de Trabajo aprobaron de manera unánime la idea de legislar dicha iniciativa, abriendo plazo para presentar indicaciones hasta el 26 de agosto, luego de lo cual se votará en particular el proyecto.

Antes de la votación en general, hizo su estreno oficial ante los senadores el presidente del FAPP, Enrique Marshall, quien acudió al Congreso por primera vez desde que asumieron funciones este mes los cinco consejeros del FAPP, los que además de Marshall son Rosario Celedón, Rodrigo Caputo, Ricardo Matte y Soledad Huerta.

Marshall abordó las críticas que se han hecho al proyecto. Por ejemplo, las AFP el mes pasado acusaron que este proyecto no hace un pleno traspaso del SIS al FAPP, como prometió la reforma previsional, sino que más bien se traspasan solo algunas funciones, quedando otras en manos de las AFP.

Si bien no se refirió directamente a los dichos de las AFP, Marshall sí señaló que “el traslado del SIS al Fondo está referido, así lo entendemos nosotros, a aquellas tareas que se relacionan con su foco (del FAPP), que es financiero. Sumarle al Fondo Autónomo tareas operativas de otro orden, tendría importantes implicancias contraproducentes y adversas”.

Respecto del SIS, explicó que “nuestro rol está acotado, dice relación con licitar, diseñar las bases para efectos de esa licitación, adjudicar y gestionar los contratos, pagar la prima a las compañías de seguro que se adjudiquen estos contratos con cargo al 2,5%, que es un monto fijo”.

En ese sentido, hizo “una necesaria distinción entre lo que son las funciones propiamente financieras que son las que ya mencioné, y tareas muy operativas. Son cosas distintas (...) entendemos que lo nuestro se refiere a funciones financieras, no a tareas esencialmente operativas, como por ejemplo, el cálculo de una pensión, o el pago de una pensión. Porque las pensiones las va a pagar el sistema tradicional, no las vamos a pagar nosotros”.

Enfatizó que “nosotros no pagamos pensiones. Nosotros no afiliamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es complementar beneficios para que finalmente las pensiones que deben pagar otros, sean las mejores posibles. Nuestro rol es complementario, no es pagar pensiones ni calcular pensiones. Porque no tenemos tampoco la información”.

Por otra parte, Marshall también se refirió a las críticas que han hecho desde la industria de las compañías de seguros, en cuenato a que el SIS requiere ajustes de fondo, modificaciones al diseño del seguro, para poder hacerlo sostenible en el largo plazo, cuestión que el actual proyecto no aborda. De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha argumentado en esta materia que “no hay en estos momentos ningún antecedente que sugiera que hay un problema de sostenibilidad del SIS”.

Pese a que el presidente del FAPP no abordó directamente esas críticas, ni las mencionó, sí manifestó que “los ajustes y perfeccionamientos al diseño de este seguro no pueden descartarse. Estamos abiertos a que eso sea así, pero se requiere más tiempo y antecedentes para hacer una buena recomendación sobre la materia”.

Aseguró que “es parte de nuestro mandato, así lo entendemos, evaluar permanentemente la evolución de las condiciones que inciden en la sostenibilidad del fondo, porque evidentemente los pagos que tengamos que hacer van a salir de ese 2,5%, y eso tiene efectos e implicancias en la sostenibilidad del fondo, y esa evaluación la tenemos que hacer permanentemente”.

Detalló que “eso implica cruzar bases de datos, evaluar tendencias, mirar experiencias comparadas, porque para saber si es alto o bajo uno tiene que ver qué pasa en otros países (…) Monitorear periódicamente el costo de contratación. Entonces, hay evaluación permanente que tenemos que efectuar”.

Marshall recordó que la reforma de pensiones los mandató a “relevar situaciones donde aparezca comprometida la estabilidad del fondo”. En todo caso, dijo que “para hacer eso necesitamos hacer un estudio más profundo. Nosotros no tenemos hoy día, a quince días de constituidos, una opinión sobre la sostenibilidad del fondo. Nosotros nos basamos en aquello que se tuvo a la vista durante la tramitación del proyecto de ley, que indicaba que el fondo es sostenible, y por tanto, tomamos eso como base”.

Igualmente comprometió que “una opinión propia, fundada en nuestro propio trabajo, en nuestro propio estudio, vendrá oportunamente, pero evidentemente que no es una tarea que podamos hacer de la noche a la mañana”.

Recordó que la ley dice que deben evacuar un informe de este tipo cada tres años, pero señaló que ”en principio, dadas las problemáticas que se han levantado, nosotros pensamos que tres años es un plazo muy largo, y probablemente va a tener que ser antes de eso”.

En otra materia, sobre el trabajo que están haciendo de instalación del FAPP, Marshall comentó que, en línea con lo que ordenó la reforma previsional, “recientemente se ha hecho un traspaso desde el Fondo de Reserva de Pensiones hacia nuestro Fondo, con el objeto de dar un impulso inicial y poder darle sostenibilidad en el corto plazo al fondo. Son US$200 millones que han sido traspasados y que debemos reembolsar a una tasa de interés equivalente a la que paga el Tesoro Público cuando emite bonos, de manera tal que están preservados los intereses de todas las partes involucradas”.