Una firme defensa de su gestión a cargo de la gerencia general del factoring SMB, de propiedad de Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer, realizó Alfonso Straub Von Chrismar ante la Fiscalía.

Straub y su hijo, Alfonso Straub Sanhueza, están imputados por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. En diciembre de 2024, Alcaíno y Fischer interpusieron una querella criminal ante el 4° Juzgado de Garantía, denunciando a Straub por haber urdido un plan que derivó en perjuicios que ascienden a $12.000 millones.

Straub prestó declaración ante el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes, Rodrigo Mena, el 12 de marzo de 2025. Su relato de los hechos se había mantenido bajo reserva durante todo este tiempo, y la semana pasada Pulso tuvo acceso al escrito, que cuenta con 30 páginas.

El ejecutivo sostuvo que su finiquito “sin protesta”, siendo acreedor subordinado en su salida, fue redactado por el estudio de abogados Cariola y lo recibió del “abogado Gerardo Varela, quien me remarcó en todo momento que eso dejaba todo cerrado entre nosotros y sin protesta alguna, finalizando una gestión llevada durante 22 años”.

También señaló que el directorio no participaba de forma activa en el devenir de la empresa, limitándose a un par de preguntas sobre operaciones determinadas. Pero aclaró que esto no significaba que él se hubiera aprovechado de su “dejación”, “ni tampoco para infringir de cualquier manera deberes fiduciarios, o quedarme con dinero o cosas ajenas, lo que niego categóricamente, y que considero una calumnia y una manipulación artera y maliciosa de los hechos”.

Straub indicó que la querella en su contra, que se difundió en La Tercera y en el Diario Financiero “con el único fin de exponerme a mí y a mi familia, atribuyéndome falsos delitos, se publicó cuando uno de mis hijos está sufriendo un cáncer muy avanzado e invasivo, y mi nieto Germán Straub Sánchez llevaba 4 meses y medio interno al borde de la muerte en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, o sea, buscando causar el mayor daño reputacional, emocional y personal posible, sólo para buscar aprovecharse más todavía”. Agregó que “eso le dice de quiénes hablamos. Me vi en la obligación de responder este ataque perverso sólo para evitar que la opinión pública y el mercado sean engañados”.

Por otro lado, Straub calificó de “ilógico” que “se me acuse de hacerme del patrimonio de SMB FACTORING S.A como si fuera una verdadera caja familiar. Lamentablemente no entiendo cómo pude haber hecho semejante cosa si hasta el año 2022 SMB FACTORING S.A siempre obtuvo utilidades y los socios y querellantes, durante 20 años, retiraron utilidades, en todos los casos hasta el 75% de las utilidades anuales”.

“¿Cómo habría podido distribuir dividendos si, según los querellantes, esos dineros deberían encontrarse en mis bolsillos y no en los de mis socios? Nunca cuestionaron mi gestión cuando obtuvieron utilidades", sostuvo el exejecutivo.

“Debo señalar también, a propósito de las múltiples imputaciones que se formulan en mi contra en la querella, acusando que obtuve beneficios indebidos con cargo a la empresa, que semejantes alegaciones sólo tienen sentido desde la perspectiva de unos socios y directores que, durante 20 años, jamás se preocuparon del quehacer social, al punto que siempre ignoraron las políticas internas de la compañía”, añadió Straub.

Camionetas

La querella presentada por SMB acusó a Straub de llevar a cabo una serie de prácticas que causaron perjuicios a la compañía, sin el conocimiento del directorio. Entre las acciones cuestionadas se encuentra la compra de una camioneta Ford F150, realizada al contado y para uso personal, por un monto aproximado de $31 millones.

Según la acción penal, posteriormente la camioneta fue vendida por la sociedad al mismo Straub por alrededor de $1 millón, quien luego la revendió a un tercero a precio de mercado, generando un beneficio indebido a costa del patrimonio de SMB.

Sin embargo, Straub recalcó que el directorio, el 2007 aproximadamente, determinó poner en marcha “un Programa de Compra de Camionetas en leasing y que fuesen renovadas cada 3 años, lo anterior para que fuesen entregadas a los jefes de sucursales y a mí en mi calidad de gerente general, y sobre esto recuerdo que Álvaro Fischer en una reunión de directorio señaló que estaba de acuerdo con el programa, incluso señalando que si los beneficiados pagaban la última cuota del leasing, se quedaran con las camionetas y posteriormente renovarlas”.

“Los documentos de la camioneta que me entregaron los gestionó y firmó José Manuel Searle, quien era abogado externo de la empresa y secretario del directorio en esa fecha, y quien será ofrecido como testigo a esta investigación, en cuanto a las demás camionetas, yo firmé la documentación con conocimiento del directorio”, explicó.